Home   >   Actualidad   >   Ministerio de Vivienda construye casas para damnificados en terreno en litigio

Ministerio de Vivienda construye casas para damnificados en terreno en litigio

By on agosto 12, 2019
Carlos Chunga

A casi dos años y medio del fenómeno del Niño Costero, que devastó las casas de cientos de personas en la región Piura, el proceso de Reconstrucción Con Cambios enfrenta una situación que pone en riesgo el logro de compromisos asumidos por el gobierno central.

Mientras en los asentamientos de damnificados ubicados cerca de la Panamericana Norte las familias esperan la promesa estatal de una casa, en otro sector de Piura el Estado viene construyendo esas viviendas en un terreno en litigio, enfrentándose a otras familias.

Esta historia inicia el 21 de setiembre del 2017, cuando el entonces titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, llegó a Piura para firmar un convenio con el Ministerio de Defensa para la construcción de casas a favor de los damnificados.

Acompañado de la vicepresidenta y entonces premier, Mercedes Aráoz, Bruce ofreció la ejecución del proyecto Una Sola Fuerza, un conjunto habitacional destinado a albergar a familias del Bajo Piura, donde fue la principal afectación de las lluvias e inundaciones.

LEER MÁS | Juzgado Anticorrupción de Sullana: 4 jueces en 3 años

“En 30 días, a partir de hoy, arrancan las obras para las viviendas definitivas; y en 60 días estaremos aquí con el presidente de la República (Pedro Pablo Kuczynski) entregando las primeras llaves de las viviendas definitivas”, declaró Carlos Bruce aquel día en un terreno ubicado en el distrito piurano Veintiséis de Octubre.

Como parte de un primer lote, el entonces ministro ofreció 200 casas para fines del 2017, pues en total se construirían 600, cada una valorizada en S/ 60 mil, y cuya ejecución está a cargo de la Brigada de Ingeniería del Ejército. Cumplido el plazo, el proyecto presenta un escaso avance y la promesa continúa pendiente. Pero eso no es todo.

El proyecto Una Sola Fuerza es ejecutado por el Ejército, por un convenio con el Ministerio de Vivienda. (Foto: Carlos Chunga)

PROBLEMA MAYOR

El terreno mencionado tiene un área de 3.5 hectáreas, y se ubica en el predio Victoria, en el sector noroeste de la ciudad de Piura. Si bien pertenece al Estado, desde el año 1994 la Asociación de Granjeros Cristo Rey, integrada por 49 familias, ha sido reconocida como posesionaria del lugar. Además, en el 2011 los socios iniciaron un proceso de titulación.

Sin embargo, el 11 de noviembre del 2017, sin previo aviso y por disposición del Ministerio de Vivienda, agentes de la Policía Nacional intervinieron con maquinaria pesada, derribaron el cerco perimétrico y retiraron construcciones de material rústico, entre casas y corrales dedicados a la crianza de aves y ganado ovino y porcino, así como al cultivo de hortalizas.

LEER MÁS | Proyecto Alto Piura: mucho ruido, poca obra

Pese a contar con constancias de posesión y documentos de pagos de impuestos prediales, los socios fueron reprimidos y llamados “invasores”, en tanto estos consideraron que la intervención fue un abuso. “La Policía ingresó de manera violenta y amenazante al predio, poniendo en peligro nuestra integridad física”, recuerda José Troncos Jiménez, entonces presidente de la asociación de granjeros.

El hecho dio lugar a una demanda de interdicto contra el Ministerio de Vivienda, admitida en el Cuarto Juzgado Civil de Piura, a cargo de la magistrada Lila Fuentes, que declara la “existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes”, es decir, un litigio.

Así fue la intervención de la Policía en noviembre del 2017. (Foto: cortesía)

Un interdicto es un proceso judicial que busca proteger la posesión de una persona natural o jurídica. De acuerdo con el artículo 603 del Código Civil, procede “cuando el poseedor es despojado de su posesión, siempre que no hubiera mediado proceso previo”.

Para la abogada de la Asociación Cristo Rey, Esmeralda Campoverde, el Estado hizo caso omiso al proceso de titulación y despojó a los socios ilegalmente. “Vivienda ha usurpado 3.55 hectáreas de manera ilegal y por eso hemos iniciado un proceso de interdicto, que está en etapa de audiencia. El Estado prácticamente nos ha sacado la vuelta, porque nunca consideraron que aquí hay posesionarios”, dice Campoverde.

La abogada explicó que las 49 familias son posesionarias de un total de 92 hectáreas para uso agrícola y ganadero. “Vivienda dice que está construyendo casas para damnificados, pero aquí prácticamente va a enfrentar a dos grupos de familias. Además, no sabemos si va a seguir despojando terreno en perjuicio de los socios, y eso nos preocupa”, agrega.

Asociación de Granjeros Cristo Rey, posesionaria del terreno en litigio. (Foto: Carlos Chunga)

MINISTERIO LO NIEGA

Según el expediente N° 128-2018, la defensa del Ministerio de Vivienda ha sido asumida por la procuradora Betzabeth Salinas Vilca. La última audiencia de este proceso fue el 18 de junio, cuando se admitieron los elementos probatorios. Como parte de la demanda, la Asociación Cristo Rey también exige el pago de S/ 50 mil por daños y perjuicios.

Pero Vivienda niega el litigio: “El ministerio no se encuentra asumiendo defensa respecto a litigio alguno en la medida que el terreno ha sido propiedad del Estado desde hace años”. Señala que la propiedad del predio está acreditada con la partida registral N° 11065937, con un área total de 3.5501 ha, donde se ejecuta el proyecto Una Sola Fuerza.

“Del mismo modo, la partida N° 11193788, con un área total: 21.7495 ha, la misma que será destinada para futuros proyectos urbano integrales promovidos por el ministerio”, señala el ministerio.

De acuerdo con Registros Públicos (Sunarp), el terreno con partida N° 11065937 estuvo en manos del Ministerio de Agricultura hasta octubre del 2017 y luego fue transferido a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Al mes siguiente, la titularidad fue adquirida por el Ministerio de Vivienda para la ejecución del proyecto habitacional.

Los posesionarios piden explicaciones al Ministerio de Vivienda. (Foto: Carlos Chunga)

Fernando Flores, actual presidente de la Asociación de Granjeros Cristo Rey, considera que el Estado se ha aprovechado de su situación de posesionarios. “Nosotros no tenemos títulos de propiedad, pero los hemos venido tramitando. El Estado, con tal de cumplir con los damnificados, ha entrado en este terreno, pero lo ha hecho a la mala”, sostiene.

En el terreno en litigio hay presencia de militares y vehículos del Ministerio de Defensa. Una de las granjeras, Zoraida Rivera, manifiesta que, desde enero del 2018, cuando el Ejército tomó posesión del área, la relación es tensa. “Nosotros les damos acceso al campamento, prácticamente estamos obligados a hacerlo, porque son militares, no podemos negarnos. Y el Ministerio de Vivienda nunca nos ha dado cara”, comenta.

LEER MÁS | ¿Qué fue a hacer el gobernador Servando García a Italia?

Hasta febrero del 2019 el residente de la obra fue el capitán EP Wilson Olórtegui, y desde entonces la construcción ha estado a cargo del mayor EP Víctor Salinas. Actualmente, el avance del saneamiento es de 70 % en agua potable y 45 % en alcantarillado. En pistas y veredas hay un 51 % de avance, y en esparcimiento, un 20 %.

Un antecedente similar a este caso se advirtió en junio del 2018, cuando el Juzgado Mixto de Castilla ordenó el desalojo de 350 familias damnificadas de un terreno en litigio. Los módulos habitacionales habían sido construidos por el Ministerio de Vivienda, pese a que el terreno era propiedad de una empresa privada.

El Ejército continuará a cargo de la construcción de casas en el terreno. (Foto: Carlos Chunga)

En opinión de Guillermo Chang, docente de Derecho Administrativo de la Udep, el caso de la asociación Cristo Rey es “sui generis”, porque no está regulado ni por el DL 803 ni por la Ley 28687, ambas normas destinadas a formalizar propiedad de predios urbanos.

“Hay un vacío legal, porque la figura jurídica, al ser este terreno de uso agropecuario, no está prevista en el ordenamiento; lo que sí está previsto es la formalización de la propiedad de viviendas informales. Es complicado porque además el titular del predio ha cambiado. En todo caso, el Estado tiene que actuar para prevenir un conflicto social”, explica Chang.

El monto de inversión para el proyecto Una Sola Fuerza es de S/ 16’899,200 para un total de 259 viviendas. Según el sector, todavía no hay una lista de beneficiarios. Además, el término y la entrega de la obra está previsto para el primer trimestre del 2020, una fecha muy lejana del compromiso inicial anunciado por el ex ministro Carlos Bruce.