Proyecto Alto Piura: mucho ruido, poca obra

By on mayo 13, 2019
Carlos Chunga

Aunque el anhelo data del siglo pasado, desde hace casi una década el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) es la obra de infraestructura más importante de la región Piura. Sin embargo, actualmente tiene solo un 22 % de avance.

El objetivo del proyecto es irrigar 50 mil hectáreas de cultivo del valle del Alto Piura (31 mil del valle tradicional y 19 mil de tierras nuevas), a través del trasvase de las aguas del río Huancabamba (335 millones de metros cúbicos) al río Piura. Además, se busca generar energía renovable a través de la instalación de centrales hidroeléctricas.

El primero de los cuatro componentes consiste en la perforación de un túnel trasandino de 12,73 km ─de los cuales solo se ha avanzado 2,24 km─ en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, y la construcción de una presa tronera sur. Estos trabajos debieron estar listos en el 2013.

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EL ORIGEN

La empresa brasileña Camargo Correa (actualmente incluida en el caso Lava Jato) fue la primera en contratar con el Peihap para ejecutar la primera etapa del proyecto, que no tenía expediente técnico. El avance fue poco significativo, ya que se enfocaron en tareas previas, como construcción de caminos de acceso, campamentos y líneas de transmisión.

Con banda musical de fondo, la firma del contrato se hizo en el 2010, durante el gobierno del ex presidente Alan García, el premierato de Javier Velásquez Quesquén y la gestión del ex presidente regional César Trelles Lara. Previamente, vía decreto de urgencia N° 033-2009, se había dispuesto “asegurar el financiamiento” de la obra, con S/ 75 millones.

Pese a que el Gobierno Regional Piura aprobó hasta nueve adicionales por más de S/ 76 millones a favor de la firma brasileña, en diciembre del 2013 Camargo Correa paralizó los trabajos aduciendo la no aprobación de otros adicionales, y demandó al Estado.

En total a la constructora se le desembolsaron S/ 259’711.193,63, por concepto de pagos por adelanto, valorizaciones, adicionales, laudos arbitrales e intereses legales.

Pasaron dos años para que se reanude la obra, esta vez con el consorcio Obrainsa-Astaldi, de capitales peruanos e italianos. Frente a una población expectante que abarrotó el Teatro de Chulucanas, en diciembre del 2015 el entonces presidente regional, Reynaldo Hilbck, suscribió el contrato con los representantes de las empresas privadas.

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Los meses siguientes no estuvieron exentos de problemas, sobre todo por desavenencias con comunidades aledañas al Peihap, que reclamaban proyectos de impacto social; y por la investigación fiscal iniciada a Obrainsa como parte del ‘Club de la Construcción’.

Esto último generó pérdida de liquidez a la firma, que, al verse desfinanciada, se declaró en imposibilidad de continuar con la obra y terminó abandonándola en agosto del 2018, en medio de varias solicitudes de adicionales y ampliaciones de plazo con el Peihap.

Más de S/ 3 millones en menos de tres años se terminaron aprobando a favor del consorcio por concepto de adicionales, y en total se le canceló S/ 154’014.902,68. Además, todavía hay pendientes de resolver trece procesos arbitrales planteados por Obrainsa-Astaldi, por S/ 25 millones, al Gobierno Regional Piura.

DEUDA Y LIMPIEZA

Luego de que el consorcio Obrainsa-Astaldi retirara a su personal y desmontara máquinas y campamentos del proyecto, se hizo público que mantenía deudas por S/ 11’166.558,90 y US$ 4’827.384,40 con un grupo de proveedores piuranos y limeños que habían brindado servicios de transporte y alimentación.

En tanto, el proyecto quedaba abandonado, para lo cual se hacía (y aún se hace) necesaria una limpieza del túnel, previa liquidación de la obra. La solución que, durante una reunión sostenida en noviembre del 2018, el consorcio propuso fue vender los equipos dejados en el lugar y, con lo recaudado, pagar las deudas con los pequeños y medianos empresarios.

Pero Obrainsa-Astaldi no entregó a tiempo los documentos solicitados por el Peihap para liquidar la obra, con lo cual incumplió el acuerdo con sus proveedores y retrasó el proceso.

A ello se sumó la frustrada licitación, en abril del 2019, para contratar a una empresa que se encargue de la limpieza del túnel, pues se tuvo que anular por un conflicto de intereses entre la ganadora de la buena pro y uno de los miembros del directorio del Peihap.

Es decir, hoy todo depende de que, en un plazo de treinta días, se convoque a una empresa para retirar el agua pluvial almacenada, limpiar la superficie, implementar la iluminación, oxigenar la zona, dar mantenimiento a las subestaciones eléctricas, entre otras tareas.

Tras ello, se puede proceder con la constatación física del túnel y los equipos allí dejados, venderlos, pagar la deuda con los proveedores, liquidar la obra y convocar a una tercera licitación internacional, en la que participarían embajadas, para garantizar transparencia.

LAS DENUNCIAS

El Proyecto Alto Piura ha ameritado diversos procesos administrativos, investigaciones y denuncias penales que incluyen tres gestiones regionales.

Una de las más conocidas está en el despacho de la Sexta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, e involucra al ex presidente regional Javier Atkins (2011-2014), en cuya gestión se habría favorecido a Camargo Correa con ampliaciones de plazo que no eran técnicamente procedentes, según las normas de contratación del Estado.

En la denuncia se incluye a Reynaldo Hilbck como ex presidente del Consejo Directivo del Peihap, en el 2013, a otros catorce ex funcionarios y tres representantes de la empresa brasileña. Los delitos imputados son colusión agravada y negociación incompatible.

Dada la relación de Camargo Correa con el caso Lava Jato, y que el Proyecto Alto Piura inició sin expediente técnico, también se responsabilizó en su momento al ex presidente regional César Trelles Lara (2003-2010) de ciertas irregularidades en el contrato.

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 En abril del 2018, durante la gestión de Hilbck como gobernador regional, se conoció que la Procuraduría Ad Hoc en Procesos Arbitrales perdió un litigio por S/ 64 millones frente a Camargo Correa. El procurador de aquel entonces, Luis Núñez, recibió la confianza y el respaldo de Hilbck Guzmán, pese a los cuestionamientos.

Ello ameritó un proceso investigativo del Consejo Regional que terminó recomendando al Ministerio Público denunciar penalmente a Hilbck, Núñez y otros funcionarios por los presuntos delitos de colusión, omisión de actos funcionales, negociación incompatible y fraude en la administración de personas jurídicas.

Por otro lado, los proveedores impagos presentaron, en noviembre del 2018, una denuncia penal en la Fiscalía de Huancabamba contra el consorcio Obrainsa-Astaldi, acusando los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir, dada la deuda que aún mantiene.

Tras una auditoría de cumplimiento, en diciembre del 2018 la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 77’578.425 en la obra de construcción de la presa tronera y perforación del túnel trasandino. La responsabilidad, según la entidad, alcanza a veinte ex funcionarios.

Como si fuera poco, mientras se frustraba el avance de los trabajos, en agosto del 2018 el Peihap asumió una nueva responsabilidad, por encargo del Gobierno Regional Piura: licitar la elaboración del expediente técnico para el plan maestro de manejo integral del río Piura y drenaje pluvial de la ciudad.

Este plan, luego del fenómeno del Niño Costero 2017, ha adquirido bastante relevancia para la población piurana en general, por lo que podría desplazar al Peihap como el más importante proyecto de la región, si la esperanza y expectativa puestas en el Alto Piura se terminan diluyendo en el caudal del río.