La ley de autorización aprobada por el Congreso para legislar vía decretos legislativos ha sido una clara señal del comportamiento que tendrá el Congreso, y su primera mayoría, durante los próximos cinco años. No se trata de una política obstruccionista sino de celo y responsabilidad por ejercer sus facultades representativas, legislativas y fiscalizadoras.

Al final del proceso, los congresistas del oficialismo mostraron satisfacción y el Presidente de la República tomó deportivamente los noventa días concedidos, y no los ciento veinte solicitados, contestando a la prensa que “tendrán que correr más rápido”. Debemos tener en cuenta que el plazo podría ser ampliado si las circunstancias lo exigen y pueda ser argumentado en el Congreso; por otro lado, la Comisión de Constitución y Reglamento tendrá la tarea de estudiar el contenido de cada decreto legislativo expedido con la finalidad de ejercer su función fiscalizadora.

Las bancadas que no apoyaron la aprobación de otorgamiento de facultades señalan la confirmación de una cohabitación, alianza encubierta o entendimientos; lo cierto es que se ha tratado de un trabajo político que ha dado sus frutos y que ha significado el consenso de distintos puntos de vista para alcanzar un mismo objetivo, una prueba importante que nos brinda señales de madurez y gobernabilidad, no sin antes advertir que el control político se mantiene y que, a pesar de conceder facultades legislativas, pueden presentarse futuras mociones de estación de preguntas o interpelaciones al Consejo de Ministros si las circunstancias lo exigieren.

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