El presidente de la Comisión investigadora a los procedimientos de selección en la compra de las ambulancias, consejero José Morey Requejo,  señaló que durante la adquisición realizada por el Gobierno regional, por cerca de 4 millones de soles, se cometieron presuntas faltas que demandaría sanciones administrativas y penales contra los funcionarios encargados de la compra.

“La primera irregularidad es con respecto al tipo de ambulancias. El requerimiento es para pacientes graves y de acuerdo a la norma de salud deben ser ambulancias de tipo II; sin embargo se compran ambulancias de tipo I, que son para pacientes no tan graves”.

José Morey, presidente comisión investigadora.

Otras de las presuntas irregularidades son: las bases administrativas se dieron a conocer el sábado 14 de diciembre de 2019, día no permitido de acuerdo a la norma. La contratista, Automotores Mopal SAC no habría cumplido con algunas especificaciones técnicas como las puertas traseras.

Además, la Subregión de salud Morropón- Huancabamba modificó la fecha de entrega de los vehículos, señalando que la contratista proporcionará las ambulancias en dos lotes; sin que esta la solicite.

También se halló retraso en la entrega pero los funcionarios no cobraron la penalidad de 356 mil soles que advierte el contrato.

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Según se informó, el municipio pagó por el insumo de servicio de bomba para concreto premezclado que está incluido en una de las partidas de la obra, pese a que el consorcio ejecutor no realizó dicho servicio, con lo cual no solo generó el perjuicio económico señalado, sino que vulneró los principios de eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones del Estado.

La comisión auditora advirtió oportunamente a la comuna que el contratista venía incumpliendo la obligación relacionada a este servicio, conforme a las especificaciones del expediente técnico. Sin embargo, la municipalidad efectuó los pagos de once valorizaciones (entre setiembre de 2019 a diciembre 2020), las cuales fueron aprobadas, tramitadas y autorizadas por la supervisión de la obra, inspectores de obra y funcionarios municipales, a pesar de tener conocimiento que no había sido aplicado en el proyecto.

Los auditores recomendaron iniciar acciones penales y/o administrativas contra cuatro exfuncionarios ediles de la Municipalidad Provincial de Sullana: Hamilton Guinochio Ricaldi (subgerente de obras), Arturo Ramos Rivas (gerente de Desarrollo Urbano), Wilmer Farfán Mariñas (subgerente de obras) y Jesús Rojas Ochoa (supervisor de obras).

De esta manera, las personas involucradas en los hechos favorecieron al consorcio al aprobar, tramitar y/o autorizar estas valorizaciones de la obra, así como otorgar la conformidad a las mismas, no adoptando las acciones correctivas que fueron alertadas en el servicio de control concurrente.

Obra

En el año 2018, la municipalidad firmó contrato con la empresa ganadora del procedimiento para ejecutar la rehabilitación del Canal Vía, considerado una infraestructura importante por donde se evacúan las aguas pluviales en épocas de lluvias de la ciudad de Sullana. La inversión es financiada con el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios y superaba los S/ 16.9 millones y su plazo de ejecución de 300 días calendario se inició el 13 de diciembre de ese año.

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La obra se encuentra actualmente inoperativa y los análisis han determinado que el agua no es apta para el consumo humano. Tres funcionarios de las áreas de Infraestructura, Abastecimiento e Ingeniería y Servicios Generales tendrían responsabilidad penal y/o administrativa, además de un supervisor.

Según el Informe de Control Específico N°011-2021-2-0203-SCE, la UNP contrató a un ingeniero industrial como consultor para la elaboración del expediente técnico y supervisión de la obra en el 2018, pese a que no contaba con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores por no tener la especialidad requerida por la normativa aplicable, la cual exige que sea profesional de ingeniería civil, sanitario o de mecánica de suelos. Tampoco cumplía con la experiencia necesaria para la supervisión.

A fines de ese año, la entidad suscribió el contrato para la ejecución de la obra por un monto de S/ 523 089.68 y un plazo de 90 días calendario. Sin embargo, este proyecto no contaba con la declaración de viabilidad.

Ante el incumplimiento del plazo contractual, no se aplicó la penalidad correspondiente, no se cauteló la ejecución de la totalidad de prestaciones pactadas y se generaron gastos en la contratación del servicio para la limpieza y mantenimiento de la obra por encontrarse inoperativo el pozo.

Asimismo, los análisis efectuados determinaron que el agua no es apta para el consumo humano, por lo que la obra continúa sin funcionar, a pesar de la urgente necesidad de agua potable de la comunidad universitaria, más aún a puertas del reinicio de clases presenciales con una crisis sanitaria.

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