La autoridad informó que con los informes de control posterior, bajo la modalidad de Auditorías de Cumplimiento (AC) y Servicios de Control Específico (SCE), se examinaron recursos públicos por S/ 18 606 millones, de los cuales se realizaron observaciones al manejo de S/ 5954 millones y se determinó un perjuicio económico de S/ 2502 millones.

“Con el control posterior hemos determinado numerosos hechos irregulares. En total hemos identificado 15 526 responsabilidades, de las cuales 8514 son administrativas, 3706 son civil y 3306 son de índole penal”.

Nelson Shack, contralor general.

Casos emblemáticos

Entre los casos emblemáticos de mayor impacto realizados en el 2021 figura el perjuicio de más de S/ 1100 millones en la refinería de Talara debido a la demora en la ejecución de las obras de la Unidades Técnicas y Trabajos Complementarios; los “pagos fantasmas” por más de S/ 36 millones en municipalidades y gobiernos regionales; las demoras en obras relevantes como el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en Puno o la autopista Pimente – Chiclayo de Provías Nacional, entre otros.

Agregó que, el año pasado se concluyeron 35 823 informes de control gubernamental, de los cuales 22 182 corresponden al control simultáneo, con el que se alertaron situaciones adversas a los gestores públicos, y 13 472 son de control posterior, que identifican irregularidades y a sus responsables.

La Contraloría lamentó que en el 53% (19 484) de situaciones adversas detectadas no se han tomado acciones preventivas o correctivas por parte de los gestores públicos, mientras que en el 37% (13 535) si se tomaron acciones para resolverlas o están en proceso de concretarse.

Agenda 2022

Shack anunció que se tiene previsto realizar 35 735 servicios de control, de los cuales 19 184 son de control posterior, 16 454 son de control simultáneo, y 97 de control previo.

Muchos de esos servicios de control se ejecutarán como parte de diversos operativos sectoriales a nivel nacional, tales como: “Buen Inicio del Año Escolar 2022”, “Prestación del servicio de Limpieza Pública en municipalidades”, “Empresas de Saneamiento”, “Universidades Públicas”, “Empresas de Gestión Eléctrica” y “Supervisión de gastos en consultorías”.

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Cabe indicar que a pesar de que estaba confirmada la presencia del contralor general de la República Nelson Shack, éste no llegó al evento. Se informó que su vuelo a Piura fue cancelado.

¿Cuáles son los temas de los que se quejan los piuranos?

Uno por uno y por cuatro minutos, los participantes informaron sobre las obras estancadas en sus distritos, sus quejas sobre los servicios de salud, sobre la lentitud del proceso de reconstrucción. Y es que las obras de saneamiento son las más quejadas por la población piurana. Varios participantes hicieron mención sobre el retraso de algunas de ellas o reportaron sobre obras que ya presentan deficiencias por su mala ejecución.

Fue el caso del poblador del centro poblado La Quemazón, Pablo Ancajima, quien denunció que en su localidad existe un proyecto de pistas y veredas, cuando ni siquiera se ha terminado la obra de ampliación de agua potable y alcantarillado. Es por ello que solicitó que inspectores de la Contraloría visiten su localidad para verificar los hechos.

Caso por caso fue expuesto en la audiencia pública. Joan Ramírez, contralor regional de Piura, informó que en las ocho municipalidades provinciales ya se ha implementado una Oficina de Control Interno (OCI). Todas están administradas por la Contraloría General de la República. Con esta medida se pretende mejorar el control y la capacidad de intervención.

En la audiencia también fueron presentados los monitores ciudadanos de control, personas que reportarán sobre hechos o situaciones de corrupción en las obras públicas de la región Piura. Foto: Rita García

¿Qué hace la Contraloría en Piura?

Los trabajos de rehabilitación y obras de reconstrucción están siendo supervisados por la Contraloría de la República. Según Humberto Ramírez, secretario general de la institución, explicó que los riesgos detectados son comunicados al Estado y a las empresas que ejecutan las obras, para que sean corregidos a tiempo.

Al respecto, Joan Ramírez, explicó que “la Contraloría hace una alerta temprana, advierte de los hechos antes de que se vuelvan un daño para el Estado (…) las entidades deben tomar las acciones del caso, pero si no se hace y el daño continúa, sí se toman acciones posteriores como denuncias ante el Ministerio Público”.

Cabe indicar que hasta el momento no hay ninguna denuncia contra alguna autoridad o entidad del Estado. Contraloría ha advertido hasta el momento 130 riesgos y situaciones adversas en obras públicas de la región Piura, su labor fiscalizadora continúa y cualquier ciudadano puede denunciar cualquier hecho de corrupción.

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