La obra se encuentra actualmente inoperativa y los análisis han determinado que el agua no es apta para el consumo humano. Tres funcionarios de las áreas de Infraestructura, Abastecimiento e Ingeniería y Servicios Generales tendrían responsabilidad penal y/o administrativa, además de un supervisor.

Según el Informe de Control Específico N°011-2021-2-0203-SCE, la UNP contrató a un ingeniero industrial como consultor para la elaboración del expediente técnico y supervisión de la obra en el 2018, pese a que no contaba con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores por no tener la especialidad requerida por la normativa aplicable, la cual exige que sea profesional de ingeniería civil, sanitario o de mecánica de suelos. Tampoco cumplía con la experiencia necesaria para la supervisión.

A fines de ese año, la entidad suscribió el contrato para la ejecución de la obra por un monto de S/ 523 089.68 y un plazo de 90 días calendario. Sin embargo, este proyecto no contaba con la declaración de viabilidad.

Ante el incumplimiento del plazo contractual, no se aplicó la penalidad correspondiente, no se cauteló la ejecución de la totalidad de prestaciones pactadas y se generaron gastos en la contratación del servicio para la limpieza y mantenimiento de la obra por encontrarse inoperativo el pozo.

Asimismo, los análisis efectuados determinaron que el agua no es apta para el consumo humano, por lo que la obra continúa sin funcionar, a pesar de la urgente necesidad de agua potable de la comunidad universitaria, más aún a puertas del reinicio de clases presenciales con una crisis sanitaria.

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