La medida busca garantizar la presencia de los investigados en el proceso judicial, abarca al exalcalde de la provincia portuaria, Enrique Silva Zapata; así como, a los trabajadores municipales Joe Villegas Salazar, Kevin Vallejos Serquén, Juan Ruiz Periche, Carlos Puruguay Mogollón y Jorge Pazos Ayala; estos dos últimos se encuentran detenidos.

De esta manera, el juez de investigación preparatoria ordenó que se giren los oficios de ubicación y captura para Silva Zapata, Villegas Salazar, Vallejos Serquén y Ruiz Periche.

No obstante, a la procesa Beyzaida Aguirre López se le dictó la medida de comparecencia y tendrá que cumplir reglas de conducta.

Según el representante del Ministerio Público, el exalcalde se habría beneficiado del desvío de dinero realizado por los trabajadores del área de Tesorería de la Municipalidad de Paita.

Entre los elementos de convicción se tiene la declaración ante la Fiscalía del extesorero, Carlos Puruguay, donde manifiesta que Enrique Silva llegaba a su oficina a solicitar dinero. También señaló que iba a los cajeros para obtener entre 200 a 500 soles, práctica que hacía cada quince días.

Agregó que cuando Silva Zapata se iba de viaje solicitaba dinero para viáticos. No solo eso sino que también para su cumpleaños se le había entregado 400 soles.

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La jueza Rosa Peñaloza Marigorda declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva al considerar que existen graves y fundados elementos de convicción al existir numerosos elementos de convicción como actas de extracción y visualización de videos, acta de comprobación de reactivo del billete que arrojaría positivo para el dedo pulgar, labios y lengua, entre otros.

Los hechos refieren que el imputado John Quispe que se desempeñaba como jefe de Control Municipal de la municipalidad provincial de Sullana, fue intervenido el 24 de junio del presente a las 10:30 a.m. por personal de la Fiscalía Anticorrupción y personal policial de inteligencia en circunstancias que descendía de un vehículo donde la dueña de una cevichería le había entregado 200 soles a cambio presuntamente de no intervenir y clausurar su local.

Según al acta fiscal y un video presentado en el requerimiento el investigado al momento de descender de la camioneta y advertir la presencia policial, se habría introducido a la boca el billete de 200 soles e incluso masticarlo tras ser conducido a las instalaciones del Ministerio Público.

Respecto a la prognosis de pena se trataría de una pena no mayor de seis años considerando que el imputado habría venido en forma continua solicitando dinero a la denunciante la suma de 200 soles semanales, desnaturalizando su función como funcionario edil encargado de la fiscalización y control de locales y dedicados al expendio de comidas y bebidas.

La jueza en relación al peligro de obstaculización de la justicia se observa que el investigado, tal como indica el requerimiento fiscal, al haber ingerido el billete de 200 soles, atentando contra su integridad física, según se ha observado en los videos presentados, se estaría configurando el peligro procesal.

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La medida recae en Jean Pierre Ancajima Desidero conocido como “Negro Iván”, Milton Palacios Sojo alias “Flojo”, Luis Hernández Rosado apodado “Cabezón Hernández”, Jefferson Benites Vargas Machuca(a) “Pelao”, Jhon Alvarado Jiménez alias “Picoto”, Sergio Benites Quevedo alias “Yenco” y Gean Calle Mejía (a) “Gean”.

Mientras que el juez resolvió otorgar comparecencia con restricciones a Mario Flores Núñez, alias “Mario”, Paolo Cotos Ramírez, Frank Ruiz Ramos (a) “Negracho”, Anggela Quezada Palacios (a) “China”, Gabriel Castillo Acaro, (a) “Gabo”, Dolly Hidalgo Jara alias “Dolly” quienes no podrán acercarse a entidades financieras sin autorización del juzgado, ni acercarse a los agraviados, entre otros.

La medida fue sustentada por el fiscal adjunto provincial Jorge Luis Zamora Zamora ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, precisando los elementos de convicción que vincularían a los imputados, como también la probable prognosis de pena que superaría los cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, el peligro procesal, el plazo y la proporcionalidad de la medida coercitiva.

La organización fue desarticulada el pasado 6 de mayo durante un operativo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la criminalidad organizada de Piura y el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado de Piura DEPINCCO Piura.

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Los acusados serán internados en el penal de varones de Piura y de mujeres de Sullana. En tanto, Eloy Barco Córdova (48) será investigado en libertad al dictársele comparecencia con restricciones.

Esta medida coercitiva fue obtenida por la fiscal adjunta provincial Gabriela Burgos Ruidias, del primer despacho de la Fiscalía provincial penal corporativa de Morropón, quien desde el momento en que conoció los hechos viene desarrollando diversas diligencias preliminares para determinar la responsabilidad de cada uno de los investigados.

Entre los principales elementos de convicción que vinculan a los denunciados con el delito: el acta de intervención policial; de constatación y verificación de cadáveres; de entrega y recepción de equipo celular del menor de 16 años; el deslacrado, visualización y registro de información en equipo de telefonía celular y lacrado del mismo; de visualización, perennización y almacenamiento de información de equipo celular.

Así como la declaración de Tito Barco Nuñez que reconoce ser el titular de la línea telefónica del que se enviaron los mensajes; declaraciones de testigos de los enfrentamientos por las tierras que habían tenido las víctimas con los investigados, entre otros.

El escalofriante hallazgo ocurrió la mañana del domingo en el caserío de Juan Velazco, en Chalaco, cuando se encontró en una vivienda los cuerpos sin vida de Eloy Barco Cruz (81), Eulogio Núñez Barco (55) y los niños E.N.B (8) y E.N.B (6).

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