¿Una nueva Constitución?, por Miguel Castillo Rodríguez

By on febrero 8, 2021

La siguiente columna de opinión fue publicada originalmente en elbuho.peSe publica en elpiurano.pe como parte de la alianza de Red de Medios Digitales del Perú.

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En cada campaña política para la elección de un nuevo presidente y congresistas aparece una propuesta constante: cambiar la Constitución del 93 y en algunos casos, retomar la Constitución del 79. Se esgrimen diversos factores como lo inconstitucional de su aprobación, su ilegitimidad, el modelo económico, la restitución de los derechos esenciales, entre otros.

Desde su aprobación, este nuevo contrato social tuvo sus críticas, no solo por haber sido aprobado en el primer gobierno de Alberto Fujimori, sino porque trazaba un nuevo modelo económico. Sin embargo cada gobierno y gobernante desde el año 2000 hasta la actualidad mantuvo y legitimó mediante sus actos de gobiernos y su actividad política, esta constitución, a pesar de las fuertes críticas de ciertos sectores.

Redactar una nueva constitución no solo fue el capricho del gobernante de turno, que usualmente pensamos lo uso como medio para permanecer en poder el mayor tiempo posible, sino que estuvo condicionada por los fenómenos políticos y económicos que estaban ocurriendo en el contexto internacional, como el giro de los diversos estados y gobiernos sud americanos al modelo económico neoliberal y el libre mercado, además de la paupérrima coyuntura nacional gestada en los 70 y desarrollada en los 80 (crisis económica, terrorismo, hiperinflación y fragmentación social) que llevó al país a un panorama insostenible. ¿Fueron estas adversas condiciones las que fomentaron el cambio de la constitución del 79?

En lo económico la Constitución del 93, impuso sin anestesia, el sistema neoliberal. En el capítulo III, sobre el régimen económico, se propicia la iniciativa privada, “…se ejerce una economía social de mercado. (y) Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura…”.

El nuevo estado peruano asumió un nuero rol, de observador y regulador, permitiendo que la libre competencia entre las empresas privadas beneficie al consumidor optando por la mejor oferta. Con aciertos y problemas el crecimiento económico se sostuvo en un 6% anual en los siguientes gobiernos desde el 2001 al 2016.

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A raíz de las protestas contra la sucesión presidencial de Manuel Merino en el 2020, se volvió a cuestionar la Constitución del 93, ahora agregando un nuevo defecto, permitir la vacancia por incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, acusando a este ultimo de usar dicho dispositivo legal para ejercer indebidamente su poder.

Unos meses antes en Chile, se desarrollaron fuertes protestas que desembocaron en la proclama de solicitar una nueva constitución, recordando que la actual rige desde 1980 y fue elaborada durante el régimen militar de Augusto Pinochet. En las protestas, al igual que en nuestro país, también indicaron que su origen fue ilegitimo por ser aprobada en una dictadura.

Inmediatamente este hecho repercutió en nuestro país retroalimentando las protestas contra la Constitución del 93. Estando próximas las elecciones presidenciales, se vuelve a mencionar como promesa de campaña cambiar la constitución, aunque en menor medida.

Varios analistas siempre mencionan que los países más desarrollados, tienen una característica, son aquellos que menos cambian sus constituciones, lo cual no quiere decir que no sean reformadas.

En el Perú tenemos una facilidad para crear nuevas instituciones y normas cuando la anterior nos trae problemas y no queremos resolverlos. Por ejemplo abundan los ministerios con los mismos problemas heredados de las instituciones de la cual nacieron, el Estado elimina una norma por burocrática pero crea dos más en su reemplazo, el Poder Judicial sigue implementando su viejo nuevo código procesal penal, y el desarrollo económico y social nunca llega a su fin pues cada cierto tiempo empezamos de nuevo.

¿Es tiempo de hacer una nueva Constitución?, ¿Las condiciones políticas, sociales y económicas nos orientan a formular un nuevo contrato social? ¿Cuál sería la nueva filosofía política sobre la cual se construya este nuevo derrotero? Agrego otras interrogantes ¿Nuestra actual constitución ya cumplió un ciclo? ¿El modelo económico seguido fue el incorrecto? ¿Se puede reformar la constitución orientándola al nuevo contexto internacional y nacional? ¿Fue el modelo o la mala práctica en la implementación de nuestra política económica la razón de nuestros actuales problemas?

Un nuevo contrato social no garantiza el desarrollo, tampoco la prosperidad económica, ni la mejora de la prestación de los servicios, tampoco garantiza la paz y seguridad, ni nos hará mejores ciudadanos. Reflexionemos y no dejemos que el calor de la campaña electoral influya en una decisión tan importante como cambiar la Constitución.