A raíz de estos sucesos, le impusieron 9 meses de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, se encuentra prófugo de la justicia.Carlos Wiesse Asenjo es un abogado limeño con un largo listado de escándalos y agresiones, algunas que no tuvieron mayor repercusión mediática ni en el aparato legal, pero que indicarían el tipo de persona de la que se trata. A continuación, un resumen de dichos antecedentes:

• Acusado de violación sexual. En abril de 2020 se publicó el relato de una mujer que declaraba haber sido violada sexualmente por Carlos Wiesse Asenjo, tras usar estupefacientes para abusar de ella en el 2017.

• Demandado por fraude y por agresión a una mujer.En 2018 lo demandaron por fraude procesal. Ese mismo año, también fue denunciado por agresión a una mujer.

• Involucrado en un atropello vehicular. En el 2014 se registró su participación en un accidente en el que una persona fue atropellada. Dos años antes, en junio de 2012, la Policía lo intervino por manejar en estado de ebriedad.

• Sucamec cancela licencia para portar armas de fuego. Tras el ataque a su vecino, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) canceló definitivamente la licencia y dispuso el decomiso del arma de fuego de Carlos Wiesse Asenjo. Cabe señalar que en el 2020 ya había tenido una previa suspensión de la licencia de uso de armas de fuego, como consecuencia de otro escándalo que protagonizó ese año. Pese a ello, Wiesse Asenjo recuperó la licencia en 2022, presentando un certificado psicosomático validado por el Ministerio de Salud que lo consideraba “Apto” para volver a tener licencia en la modalidad de Defensa Personal.

• Discriminación a la Policía Nacional. Este fue el hecho que hizo conocido a Carlos Wiesse Asenjo y que generó la sed de venganza en contra de su vecino, pues lo grabó cuando lanzaba frases racistas y totalmente prepotentes en contra de un grupo de efectivos policiales que cumplían sus funciones durante el toque de queda. El video se hizo viralizó y el violento abogado acaparó la atención de los medios.

• Procesos iniciados por el Colegio de Abogados y el Ministerio del Interior. Tras sus expresiones discriminatorias, el CAL le inició un proceso disciplinario y el Ministerio del Interior anunció que le iniciaría acciones legales por el delito de violencia y resistencia a la autoridad en su modalidad agravada y por el delito contemplado en la Ley contra actos de discriminación. No obstante, la lista de altercados es más amplia e incluso proviene de mucho antes.

Ahora, ¿cómo es que no tuvo represalias antes? Lo primero es analizar quién es Carlos Wiesse Asenjo y cuál es su círculo de acción.

Se trata de un abogado limeño, nacido en el exclusivo distrito de Miraflores. Estudió derecho en la Universidad de Lima y cuenta con estudios de maestría en derecho empresarial y más de 15 años de trabajo en el sistema financiero. Fue gerente de cumplimiento en una reconocida entidad financiera y actualmente es consultor de empresas nacionales y extranjeras en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y delitos de corrupción.

Dentro de su actividad profesional, Wiesse Asenjo cultivó vínculos con la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional, ya que ofrecía “gratuitamente” talleres de capacitación para dicha institución. Al parecer estos vínculos, sumados a un trato privilegiado muchas veces brindado por ser de apellido extranjero, pertenecer a una familia adinerada y educado en un colegio exclusivo, así como en una universidad de renombre, habrían ayudado a que se mantenga impune y no reciba mayor sanción en el pasado por sus acciones.

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Así lo informó el gobernador Servando García, quién manifestó que los integrantes del Coresec llegaron al acuerdo de pedir el apoyo del Ejército en el patrullaje por las calles de los distritos más golpeados por la delincuencia y el sicariato.

“Desde el Coresec se elevó el segundo pedido de declaratoria de emergencia pero hasta el momento no hay respuesta. Ese tema está en manos del Ejecutivo y habrá que esperar si lo aprueban”.

Cabe precisar que Sullana es una de las ciudades más violentas del norte del país. De enero a agosto se reportaron 40 muertes producto del sicariato que sigue ganando terreno en la Perla del Chira.

Por ello, ante la falta de vehículos en la Policía, el gobierno regional implementará con 40 vehículos a las comisarías en cuyos sectores se reporta mayor índice delictivo.

Son cerca de 8 millones de soles que se destinarán para la compra de los patrulleros con el objetivo de fortalecer el trabajo de la Policía en nuestra región.

“Vamos a comprar camionetas para dotar a la Policía y pueda hacer el patrullaje puesto que se sabe que un gran porcentaje de los vehículos que tienen se encuentran inoperativos”.

Se conoce que el 60 % del parque automotor de la Policía se encuentra inoperativo, por lo que urge la dotación de más vehículos para el patrullaje por parte de los efectivos policiales.

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Ante esta situación, el congresista de la república, César Revilla, sugirió la llegada de un contingente policial para enfrentar el sicariato que viene ganando terreno en las provincias de Piura y Sullana.

“Hace unos meses se nos dijo que por las estadísticas no amerita una declaratoria de emergencia y se propuso la llegada de un grupo especializado para trabajar contra la criminalidad. Ante los últimos acontecimientos, es necesario que se retome esa propuesta”.

La propuesta es la dotación de al menos 300 efectivos policiales para que se movilicen por las zonas rojas de Piura y Sullana, que actualmente reportan más casos de muertes por inseguridad ciudadana.

Sin estrategias

Por su parte, el subgerente de Serenazgo del distrito de Castilla, Luis Montenegro, cuestionó que el comando policial de la I Macro región policial de Piura no cuente con estrategias para enfrentar la delincuencia y el sicariato.

“Cada comisaría debe contar con personal especializado para ejecutar los operativos y no depender de las decisiones del alto mando policial que realizan operativos cada cierto tiempo y por una hora. Después el personal policial se va y la ciudad queda desprotegida”.

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Mientras que en el distrito de Veintiséis de Octubre, un estudiante de la escuela técnica de la Policía murió al recibir un disparo por parte de un delincuente al enfrentarse cuando le arrebataba sus pertenencias.

El hecho se registró cuando la víctima se encontraba en compañía de un grupo de amigos, a un costado de la institución UCV college. El joven falleció en el hospital Santa Rosa el último domingo.

Agua Marina

Por otro lado, los músicos de la agrupación musical Agua Marina fueron asaltados por 12 delincuentes con armamento de corto y largo alcance en momentos cuando regresaban a su natal Sechura.

Los hampones realizaron disparos al ómnibus para amedrentar a los integrantes de la orquesta piurana y posterior a ello, en cuestión de minutos, arrebatarles algunos instrumentos y accesorios personales con un valor aproximado de 10 mil soles.

Estos hechos delictivos ponen en evidencia la inseguridad ciudadana que vive la región Piura, por la que sus autoridades locales insisten al Ejecutivo con la declaratoria de emergencia.

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Cabe recordar que durante el 19 de mayo, el mencionado grupo de trabajo escuchó el pedido de los alcaldes de las provincias y representantes de la sociedad civil, quienes revelaron el problema social que viven ante el aumento de los hechos delictivos.

Por ello, a través del oficio N° 191-2021-2022, los parlamentarios integrantes de la comisión pidieron con carácter de urgencia la declaratoria para prevenir los asaltos y muertes de más piuranos.

La solicitud lleva la rúbrica del presidente de la comisión, congresista Alfredo Azurín, quién durante su visita a Piura, recomendó reforzar en logística y recursos humanos a la Policía.

“La delincuencia es un problema que debe ser abordado por las autoridades y la sociedad. Si se declara en emergencia la región, esta debe ir acompañada de un plan para reforzar la Policía mientras reciben el apoyo del Ejército”.

Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

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Durante su participación, el jefe de la I Macro Región Policial Piura -Tumbes, general Edward Espinoza, detalló que en marzo de este año se registraron 17 homicidios, mientras que en abril se dieron 13. Los casos de hurto superan los 300. Hasta abril se han reportado 673 casos de robo y se desarticularon 186 bandas.

Pese a la estadística, la autoridad policial votó en contra del pedido de declaratoria de emergencia, mientras que el representante de la Defensoría del Pueblo, se abstuvo.

La solicitud aprobada será derivada a la Presidencia del Consejo de Ministros para su evaluación y posterior aprobación.

Con la declaratoria de emergencia se espera que miembros del Ejército Peruano apoyen a la Policía en la seguridad ciudadana.

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La congresista señaló que no solo Lima y Callao, “sino en todo el país, la delincuencia, los robos, asaltos, las extorsiones y el sicariato se están apoderando de las ciudades y Piura no es la excepción”.

La parlamentaria sostuvo una reunión con el jefe de la I Macro Región Policial Piura – Tumbes, general PNP Edward Espinoza y representantes de la sociedad civil, quienes le explicaron a la parlamentaria la real situación de la seguridad ciudadana en esta parte del país.

“Nuestros compatriotas piuranos merecen caminar por sus calles en paz, vivir seguros, para ello es necesario que se declare el estado de emergencia en la región y se reinstaure el orden interno”.

Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso.

Durante su visita a Piura, destacó la necesidad de fortalecer a la Policía con el marco jurídico necesario para que puedan enfrentar con mayor fuerza y decisión a la delincuencia.

La legisladora aseguró que el alto índice de delincuencia y sicariato que se vive día a día en Piura “exige una inmediata y efectiva respuesta por parte del Gobierno Central a través del Ministerio del Interior”.

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El presidente de la esta comisión, Alfredo Azurín Loayza, recomendó que para la emergencia es necesario que los actores involucrados elaboren un plan de respuesta para disminuir los asaltos y asesinatos a cargo de sicarios.

“Hay que dejar las percepciones particulares y ver más allá. No esperemos que esto se degenere y los delincuentes se sectoricen. Estoy de acuerdo con esta emergencia y todo depende de la voluntad política de las autoridades”.

Alfredo Azurín, presidente Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso.

Por su parte, el congresista piurano, Wilmar Elera, reiteró su apoyo al pedido de la emergencia en la región. Se comprometió a coordinar con el resto de parlamentarios representantes de Piura para una vez más, solicitar la declaratoria ante el Ministerio del Interior.

“La Policía ha dicho que la delincuencia se incrementó un poquito. Vamos a insistir con este pedido porque el incremento de la inseguridad ciudadana es la percepción de la ciudadanía”.

Wilmar Elera, congresista.

La vecina de la urbanización Miraflores, Flor Cárdenas, levantó su voz de protesta porque asegura que Piura ya no es una ciudad segura. Exigió a las autoridades resultados positivos frente a la lucha contra la delincuencia.

“En Piura ya no se puede caminar tranquilo. La vida ya no vale nada y la inseguridad no se está abordando como se debe. La Policía tiene problemas de logística y no hay un sinceramiento de denuncias por robo”.

Flor Cárdenas.

Mientras tanto, el alcalde de Piura, Juan Díaz, se reunió con el presidente Pedro Castillo para abordar la inseguridad ciudadana que sufren los piuranos.

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