A través del informe de auditoría N° 008-2017, la Contraloría General de la República advirtió responsabilidad administrativa y penal en siete funcionarios que integraron los comités de licitación en los años 2013 y 2016.

Dos de ellos son nombres conocidos: Bianca Nonajulca Ávila y José Mercedes Mendoza Siancas (fotografía principal). En setiembre del 2016, ambos fueron designados por el ex alcalde Marchena, a través de la resolución N° 369, para ser miembros de dos comités.

El primero estuvo presidido por Josías José Aguilar Salvador y fue para la adjudicación 052: Contratación de servicio de consultoría para la Elaboración de Toma de Inventario de Proyectos de Inversión Pública al 31/12/2013.

En este proceso de selección, el ganador de la buena pro fue el Consorcio WR, integrado por los empresarios José Fernán Linares Cribilleros, Fernando Mauricio Tarqui Torres y Fernando Martín Bravo Sánchez.

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El segundo comité estuvo presidido por Leonidas Michelson Valverde Samaniego y fue para la adjudicación 056: Adquisición de materiales de construcción, pinturas, material sanitario y televisores LED para la elaboración del perfil técnico para el mejoramiento de la infraestructura del Hotel Samanga de Ayabaca.

En este proceso, el ganador fue Corporación D&J Servicios Generales SAC, pese a que no cumplía con lo establecido en las bases y, además, presentó documentación falsa, como facturas y constancias de adquisiciones de bienes y servicios. Por esta infracción, la empresa fue sancionada por el OSCE con 40 meses de inhabilitación (hasta junio del 2021) para contratar con el Estado.

Al respecto, el informe de auditoría señala: “Se observó irregularidades en la evaluación y calificación de las propuestas técnicas de dos procesos de selección […] Los integrantes de los comités especiales evaluaron y calificaron a los postores con puntajes que no les correspondían, otorgándoles la buena pro pese a que incumplieron con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases; con lo cual, contravinieron la normativa de las contrataciones”.

En otra obra investigada, el mejoramiento de la institución educativa “Divino Maestro”, ubicado en el centro poblado de Pingola, en la comunidad campesina de Arreypite de Ayabaca, otros tres miembros de un comité de licitación, también cometieron irregularidades. Se trata de Cristhian Merino Samamé, Luis Alberto Basauri Vallejo y Eliceo Guerrero Labán.

Según la Contraloría, estos miembros del comité favorecieron, con el otorgamiento de la buena pro, al Consorcio Ayabaca Pingola, pese a que este “no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos señalados en las bases, en relación al plantel profesional propuesto”.

“El comité no cumplió con acreditar la capacidad técnica y profesional requerida en las bases. Estas exigían al profesional sugerido como gerente de obra una experiencia mínima de sesenta meses efectivos en obras en general objeto de la convocatoria, siendo que dicho postor solo acreditó veintiséis meses”, señala el informe de auditoría.

JOYAS AYABAQUINAS

Bianca Nonajulca Ávila y José Mendoza Siancas han integrado otros comités de licitación en Ayabaca para contratación de obras y servicios. En diciembre del 2017, ambos fueron sancionados por la Contraloría con 4 y 5 años de inhabilitación, respectivamente, para el ejercicio de la función pública, debido a que cometieron infracciones muy graves.

Pese a las sanciones, en enero del 2018 el ex alcalde Humberto Marchena ratificó a Bianca Nonajulca en el cargo de gerenta de Desarrollo Económico y Social. Además, en febrero del mismo año, el burgomaestre designó a José Mendoza como inspector de una obra, en adición a sus funciones de subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

Junto con Leonidas Valverde, Humberto Marchena y otros seis imputados, desde el año 2015 Bianca Nonajulca y José Mendoza son procesados por la justicia por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. La Fiscalía Anticorrupción de Sullana solicita para ellos 12 años de prisión por el favorecimiento a un familiar del ex alcalde.

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Desde octubre del 2017, Bianca Nonajulca está inscrita en el movimiento político Fuerza Regional, por el cual ganó postuló y ganó el ex alcalde Marchena. En tanto, el hermano de José Mercedes Mendoza, José Luis Mendoza Siancas, también está inhabilitado por la Contraloría General de la República, hasta noviembre del 2021.

Hay que indicar que Humberto Marchena Villegas, actual alcalde distrital de Lagunas, es padre de Baldomero Marchena Tacure, hoy alcalde provincial de Ayabaca. En esta gestión, con poco más de ocho meses, también se vienen denunciando irregularidades de similar o mayor gravedad que en los años anteriores. Tal parece que en Ayabaca no solo el sillón municipal se hereda, sino también las malas mañas.

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El documento responde a una solicitud de información presentada por los cuatro regidores de minoría sobre la creación de una planilla de 265 trabajadores para la limpieza de unos drenes y caminos vecinales en la localidad de Sauce Bajo.

Debido a que los trabajos hasta ahora no se ejecutan, los cuatro regidores entregaron un informe a la Contraloría General de la República, dando cuenta de esa situación. Además, solicitaron una copia del expediente técnico y de la contratación de la mano de obra a la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Sin embargo, el gerente de esa oficina, Segundo Holguín, derivó la solicitud al pleno del Consejo Municipal, donde el pedido se sometió a votación. Así, por mayoría, el acuerdo fue aprobar la solicitud, pero “con la salvedad de que dicha información será entregada una vez culminada toda la actividad y contando con los informes técnicos correspondientes, por las áreas pertinentes”.

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El alcalde Baldomero Marchena y los siete regidores oficialistas han evitado pronunciarse al respecto. Uno de los regidores de minoría, José Pintado Reyes, consideró que “esta es solo una muestra de lo poco transparente que es esta gestión”.

“Nosotros queremos hacer nuestro trabajo de fiscalización, porque recibimos denuncias de ciudadanos sobre presuntos actos de corrupción en contratos de obras y servicios, pero son las mismas autoridades las que obstaculizan esta labor”, lamentó.

Abilio Neyra Yangua, otro regidor, hizo un llamado a la Contraloría y a la Procuraduría para que investiguen esta situación. “Aquí hay bastantes observaciones, irregularidades, obras mal hechas que se tienen que evidenciar”, sostuvo.

Agregó que el alcalde de Ayabaca ha hecho caso omiso al informe de la Contraloría sobre un total de 10 funcionarios de confianza que no cumplen requisitos mínimos para el cargo, ni sobre el exceso de servidores públicos contratados en la actual gestión.

En julio pasado, la Policía y el Ministerio Público allanaron la Municipalidad de Ayabaca como parte de una investigación al ex alcalde Humberto Marchena Villegas (2007-2018) y otras cinco personas por presuntos actos de corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción tiene en la mira contratos por más de S/ 10 millones que se aprobaron a favor de familiares del ex alcalde Marchena, quienes fueron proveedores de la municipalidad durante los doce años que duró su gestión.

Actualmente Humberto Marchena es alcalde del distrito de Lagunas, mientras que su hijo Baldomero Marchena lo sucedió en el cargo en la Municipalidad de Ayabaca.

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