De esta manera, el proceso contra el mandatario seguirá en pie. En el marco de ello, la Fiscalía ha citado a Castillo Terrones a brindar declaraciones el jueves 4 de agosto.

Asimismo, días antes de la presentación del jefe de Estado, otros investigados por el mismo caso también deberán presentarse ante el Ministerio Público. La empresaria Karelim López deberá declarar el próximo 18 de julio, mientras que el lobista Zamir Villaverde y el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco han sido citados para el 19 de julio y 3 de agosto, respectivamente.

De acuerdo con un mensaje compartido en la cuenta de Twitter del organismo público, también se citará a seis oficiales del Ejército en el marco del caso de presuntas irregularidades en ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Asimismo, se dispone iniciar investigación preliminar contra el mandatario y es citado a declarar el 4 de agosto. También se dispuso citar a Karelim López (18 de julio), así como a Zamir Villaverde (19 de julio), Bruno Pacheco (3 de agosto) y seis oficiales del Ejército del Perú”, se lee.

Fuente: La República.

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Según el informe, se pagó S/32 mil a favor de la profesional en Administración, para la asesoría en gestión pública y la implementación del sistema de control interno de la máxima dependencia policial, conforme a lo dispuesto por la Contraloría General de la República.

De acuerdo a la orden de servicio, la proveedora recibiría un pago mensual de S/8.000, previa presentación de informes de las actividades relacionadas al objetivo del contrato.

Sin embargo, existe documentación que demostraría que los pagos mensuales en donde se detallan una serie de actividades no guardaría relación con el objetivo principal de la orden de servicio, que es la de asesoría en gestión pública e implementar sistema de control interno.

En las últimas horas, se difundió una fotografía dónde aparece la proveedora con el jefe de la Policía en Piura, general Edward Espinoza, disfrutando de una fiesta; generando sospechas sobre el vínculo que sostendrían.

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De acuerdo a las primeras investigaciones fiscales, existirían presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública IOARR “Rehabilitación de los Servicios del Estadio Municipal de la Villa Pedregal Grande del Distrito de Catacaos- Piura” con una inversión de  S/1’429 322.25 soles.

Las presuntas irregularidades se detectan desde la elaboración y aprobación de un expediente técnico primigenio que fue modificado hasta en dos oportunidades y terminó  aumentando los montos iniciales.

La obra se ejecutó por administración directa y lo gravoso de la denuncia es que dicho proyecto de inversión pública fue construido con dinero de la entidad edil en una propiedad privada que pertenece a la Asociación Deportiva Pedregal Grande de Catacaos.

La investigación fiscal por el delito de colusión agravada incluye al alcalde de la Municipalidad Distrital de Catacaos, José Muñoz Vera; al sub gerente de la Unidad Formuladora, Yolanda Coronado; al sub gerente de la Unidad de Estudios y Proyectos, Eduardo García Mandamientos; al sub gerente de Infraestructura,  Leonardo Cardoza; al gerente de Desarrollo Urbano Rural y Servicios Técnicos, Eder Robledo Gonzales; al gerente de Asesoría Jurídica Junior Ramos Ramos y al gerente municipal, Martin Ruesta La Roca.

Alcalde responde

Sobre esta diligencia fiscal, el alcalde de Catacaos, José Muñoz Vera, se pronunció al respecto y afirmó que se brindó todas las facilidades a los representantes del Ministerio Público para que esclarezcan la denuncia por presuntas irregularidades.

Indicó que dispuso al gerente municipal, Alberto Frías, otorgue toda la documentación necesaria, sobre la construcción del estadio en el Centro Poblado Pedregal Grande.

“Quiero que se esclarezca (la denuncia) para que el pueblo de Catacaos tenga conocimiento de que se ha trabajado con transparencia en esta gestión municipal“.

José Muñoz, alcalde de Catacaos.

Finalmente dijo que como autoridad se allanará a todas las investigaciones que realice el Ministerio Público a su gestión como alcalde desde el 2019 y que culmina el 31 de diciembre de 2022.

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La fiscal provincial titular Norah Córdova sostuvo que el 18 de octubre de 2021 se reunieron en Palacio de Gobierno Karelim López, Samir Abudayeh y funcionarios de Petroperú, para que la compañía de Abudayeh sea ganadora del proceso de licitación del combustible diésel.

Además, se pide impedimento de salida del país para el ejecutivo de la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) S.A., Alberto Siles, por haber concertado, junto a Abudayeh, con funcionarios de Petroperú y favorecer a su empresa en la adquisición de Biodiésel B100.

En el caso de Petroperú, la fiscalía también pide impedimento de salida del país para funcionarios de esta empresa estatal, quienes vienen siendo investigados.

Al respecto, la fiscal señaló que los gerentes investigados de Petroperú habrían modificado las bases del proceso de licitación a fin que la empresa HPO S.A. gane el proceso de selección para que abastezca de Biodiésel B100 a las plantas de ventas del Callao, Conchán y Mollendo.

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La mayor parte de proyectos en los que interfirió Albrecht fueron de agua potable y saneamiento para los distritos más pobres de Ayacucho, como Acocro, Anco, Vinchos, Ocros y Chiara. El fujimorista no tuvo consideración en exigir el 5% del presupuesto, dinero que salió del mismo presupuesto para la ejecución de la obra.

En la conspiración para el robo de los fondos públicos estaban confabulados los alcaldes de los distritos que requerían de la ejecución de los proyectos, y los propietarios de las constructoras que fueron favorecidas con las millonarias adjudicaciones.

La organización criminal fue descubierta por el fiscal Cruyff Martínez, especializado en corrupción de funcionarios de Ayacucho. Detectó que el exalcalde del distrito de Jesús de Nazareno (provincia de Huamanga, Ayacucho), Adriel Valenzuela Pillihuamán favorecía con contratos al empresario Efraín Juárez Coronado, quien, sospechosamente, desde 2012, acapara los principales contratos de obras públicas en municipios provinciales y distritales de Ayacucho. Solo en el año 2020, Efraín Juárez cosechó 19 adjudicaciones por más de 103,7 millones de soles.

Al ser intervenido, a Efraín Juárez se el encontró el comprobante de un depósito de 10 mil soles a una cuenta a nombre del excongresista que era parte del 5% que había acordado cobrar por sus diligencias.

El abono lo hizo Juárez el 4 de julio del 2019, cuando Albrecht precisamente ejercía como presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso. Para el fiscal Martínez, Albrecht desde esta posición ejerció presión para que se proveyera de recursos a los proyectos de los distritos de su interés.

En el allanamiento al exalcalde del distrito de Jesús Nazareno, Adriel Valenzuela Pillihuamán, cómplice de Efraín Juárez, el fiscal Cruyff Martínez pudo obtener información clave en su teléfono móvil. En los mensajes por WhatsApp entre Adriel Valenzuela y Efraín Juárez precisamente se hace referencia al pago de soborno a Albrecht, el 4 de julio del 2019.

Fuente: La República

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“La Fiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera, citó al Presidente, Pedro Castillo Terrones para el próximo 14 de diciembre en el marco de las investigaciones que sigue su despacho por la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares”, informó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.

El pasado 11 de noviembre la fiscal de la Nación inició una investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal contra el exministro de Defensa, Walter Ayala y los que resulten responsables.

El oficio precisa que el jefe de Estado deberá indicar el lugar en el cual será la toma de su declaración. En tanto, el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, también fue incluido en la investigación, pues el Ministerio Público tuvo en consideración “el principio de unidad de la investigación”. Pacheco también es sindicado como alguien que influenció en el proceso de nombramientos en la FAP.

Fuente: La República

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En la queja presentada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se solicita procesar y suspender de sus funciones a la fiscal Zoraida Ávalos, como medida cautelar mientras se le investiga. La fiscal Sánchez acredita cinco hechos que sustentarían la denuncia interpuesta.

Como primer hecho, Sánchez indica que Ávalos ordenó que las grabaciones de las escuchas telefónicas del caso Los Cuellos Blancos, que efectúa el equipo Constelación de la Dirección Antidrogas (Dirandro), se entreguen a un fiscal diferente al autorizado por el Poder Judicial.

Como segundo hecho, la fiscal de la Nación habría ordenado que el equipo del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra el Crimen Organizado del Callao, que se encontraba en la avenida Abancay, se mudara a un edificio de la avenida César Vallejo, en Lince, desprovisto de medidas de seguridad y custodia.

El tercer hecho descrito por la exfiscal del caso Los Cuellos Blancos, es el nombramiento por parte de Ávalos de la hija de María Zavala Valladares, relacionada con exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y con dirigentes de Fuerza Popular, “en una fiscalía clave en la investigación por delitos contra el crimen organizado”.

Como cuarto hecho, Rocío Sánchez atribuye a Ávalos haber pronunciado frases insultantes y amenazantes contra un fiscal de menor rango para desacreditarlo y apartarlo de sus funciones sin haber evidenciado supuestos actos ilícitos.

Por último, Rocío Sánchez señala en el documento que Zoraida Ávalos obstruyó una investigación sobre supuestos actos indebidos durante su nombramiento como Fiscal Suprema.

Fuente: La República

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