Escribe: Rolando Chumpitazi / director@elpiurano.pe

Ha bastado tan solo una rotura de 10 pulgadas de diámetro en una línea de desagüe para que surja el caos. Diez pulgadas para llamar la atención sobre más de 30 años de déficit de infraestructura urbana, de poco civismo y de poco respeto de las instituciones para con sus ciudadanos, y viceversa.

El cierre del cruce de las avenidas Country y Cáceres generó el jueves un desmadre en todo sentido. Piuranos que intentaban dirigirse desde la zona noreste al Centro, y viceversa, se dieron con tremenda sorpresa. El tránsito estaba restringido. Solo había una vía para entrar o salir.

Las avenidas Chirichigno y Los Tallanes se convirtieron, sobre todo en horas punta, en la sucursal del infierno. Movilidades con niños impacientes por llegar a tiempo a sus colegios, universitarios con el corazón en la boca por no llegar al examen, trabajadores privados y públicos  preguntándose si les descontarían por llegar tarde.

Caos en la Chirichigno, a pocos metros del Gobierno Regional. (Foto: elpiurano.pe)

Y en medio de eso, el desorden, la falta de civismo. Conductores de motos lineales, mototaxis, taxis, autos y camionetas 4×4 que se disputaban cada espacio libre para avanzar. No importó si eran centímetros o metros en cuestión, la cosa era meter el carro, la moto o la mototaxi para que no pase el otro.

Tampoco importó si en ese afán se bloqueaba parte de la vía que podría permitir desenmarañar el nudo metálico. Nuestra falta de civismo y respeto a las normas de cada día, evolucionadas al máximo sobre el asfalto. La Policía -dicen que hubo, yo no los ví, al menos al mediodía del jueves- no se dio abasto, en parte porque eran pocos y en mayor medida porque los ciudadanos no contribuyen.

Ingreso a Los Tallanes. El caos se desbordó. (Foto: elpiurano.pe)

Y en este entuerto que cada vez se hace más frecuente hay varios responsables. La autoridad municipal es uno de ellos, pero no el único. Responsabilizar solamente al alcalde -como lo han hecho algunos medios- es una medida simplista, es solo ver el árbol y no el bosque del problema.

Coincido en que su responsabilidad recae en no tener una visión integral de la ciudad, un plan a largo y mediano plazo que, intercalados con medidas concretas de urgentísima acción, vayan paliando los graves problemas que tenemos desde hace varios años en infraestructura vial, por ejemplo.

Pero decir que el alcalde tiene la culpa por que se rompió una tubería y devino el caos, es un exceso. Básicamente, porque hay otros que pasan piola. Usando una metáfora naval, el alcalde es el capitán del barco, pero si sus oficiales de mar -regidores, funcionarios, empresas públicas- no ayudan, y por el contrario, echan anclas, cambian el rumbo y paran las turbinas, el navío está más propenso al hundimiento que a un buen zarpe.

Preguntas sin responder

El martes, mientras muchos se recuperaban de las fiestas del día anterior, borbotones de agua comenzaron a inundar el cruce de las avenidas Cáceres y Country, frente al Mega. Era día feriado para la gran parte de la ciudad, y también, parece, para los responsables de la empresa encargada del agua y desagüe.

A decir del gerente de la EPS Grau, Carlos Alva, recién el miércoles se reportó la avería luego de que un auto quedara atrapado en la zona y se cerrara el tránsito para que los operarios trabajaran en la refacción. Y fue entonces que surgió el caos.

Sin embargo, el problema no surgió ese día sino el anterior. Quien esto escribe pasó por la zona en horas de la tarde y el agua ya estaba generando malestar. Una cuadrilla de operarios cerró la Ramón Mugica (frente al Casa Andina, con dirección hacia la Cáceres) para paliar el problema.

Esta imagen fue tomada el día miércoles. La rotura del desagüe se produjo el martes y el jueves el caos se desató. ¿Porqué la EPS Grau no comunicó el cierre, porqué no activó un plan de desvíos? Preguntas que pocos hacen y que nadie quiere responder. (Foto: Beatriz Becerra/elpiurano.pe)

La pregunta, entonces, cae de madura: si la EPS Grau había detectado el problema el martes-y no el miércoles como aduce Alva-, ¿porqué no comunicó a la ciudadanía y a las autoridades del cierre de calles? ¿Porqué nadie elaboró un plan de contingencia? ¿A nadie se le ocurrió hacer un plan de desvío y comunicarlo a los vecinos?

La EPS Grau tiene a su cargo la provisión de agua y desagüe en la región. Planifica los mantenimientos de redes, programa los trabajos de expansión y demás. Pero la EPS Grau no es un modelo de eficiencia, ni mucho menos. Su administración está cuestionada desde hace mucho. Pedidos de cambio en la gestión son abundantes.

Incluso, en las postrimerías del gobierno humalista, el ministerio de Vivienda propuso un cambio de gestión en la administración. Sin embargo, opositores al municipio y al gobierno regional lanzaron irresponsablemente la figura de que se buscaba una privatización de la empresa, cuando lo que se quería era que los municipios propietarios de la EPS permitieran el ingreso de inversión privada y una mejor administración.

La propuesta, empero, no prosperó. Se discurrió como las aguas servidas que inundaron la avenida Cáceres.

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Temprano por la mañana, Bisso Pun convocó de urgencia a una reunión extraordinaria del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), al que asistieron, entre otros, el gobernador regional, Reynaldo Hilbck, el alcalde provincial, Oscar Miranda, y el jefe del Poder Judicial, Juan Chekley.

Allí dio mayores detalles sobre los implicados en el crimen de la profesora Hedy Crisanto, ocurrido el domingo en el grifo Vigma, los cuales fueron identificados como Cristhian Emanuel Palomino Otero (22), Starling Portocarrero Santur (21) y Óscar Leo Cunya Ipanaqué (19), quedando un delincuente por capturar.

Según la Policía, estos delincuentes -pertenecientes a la Nueva Generación de Nueva Esperanza- se habrían confundido de víctima, pues buscaban a una persona que había retirado una fuerte suma de dinero. Con la ayuda de las cámaras de seguridad y una rápida reacción policial, los tres implicados -que no tenían requisitoria- fueron detenidos.

Barrio Seguro

Después de dicha reunión, el jefe policial de Piura atendió a elpiurano.pe en su despacho y ratificó haber pedido apoyo a las autoridades regionales para reforzar la logística policial. “Nosotros tenemos 10 patrulleros y 17 motos, he hablado con el gobernador Hilbck y estamos coordinando el presupuesto. Tenemos que sumar esfuerzos todos”.

(vea la entrevista completa aquí)

Bisso también señaló que ya todos los comisarios de la región ha recibido instrucciones para activar el programa “Barrio Seguro”, que el Ministerio del Interior ha diseñado para un trabajo conjunto entre Policía y ciudadanía. “Hemos tenido ya resultados en 26 de Octubre y El Indio y vamos a ejecutar un programa piloto en Los Algarrobos. Necesitamos la colaboración de todos, tanto de la población como de las autoridades para tener una Piura más segura”.

El general resaltó la importancia que tienen las juntas vecinales en brindar información de lo que sucede en sus barrios. “Garantizamos el anonimato”.

En cuanto al asesinato de Luis Salazar, el oficial indicó que las investigaciones están bastante avanzadas. Por lo pronto, dijo que ya se han implementado acciones en la urbanización Santa María del Pinar, muy golpeada por la delincuencia. “Estamos implementando más personal, inteligencia, ya se han activado los grupos especiales para combatir la delincuencia común y el crimen organizado”.

Censo de motos

El general Bisso invocó a las autoridades políticas de la región implementar medidas especiales que contribuyan a luchar contra la delincuencia. “He hablado esta mañana con ellos sobre la necesidad de que los motociclistas lleven un chaleco identificatorio y el número de la placa grande en él y también en el casco. Esto a veces molesta a los ciudadanos pero tienen que entender que es por seguridad”.

También planteó la necesidad de levantar un censo de mototaxistas y motociclistas para tenerlos registrados y empadronados, y que circulen solo los que tengan la respectiva identificación en chalecos y cascos.

Bisso cree que de ese modo, y con otras acciones policiales -operativos masivos, inteligencia-, se puede reducir el índice de criminalidad. “La gente debe entender que si bien hay normas que pueden molestar, debe rimar el interés general sobre el particular”.

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