El fiscal adjunto provincial Elber Francisco Vílchez Pacherrez, del Primer Despacho de la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de Morropón, probó en juicio que Vilela Chávez intentó abusar sexualmente de una de sus pasajeras cuando, en estado de ebriedad, le solicitó sus servicios para que la transporte en su mototaxi desde la casa de su hermana ubicado en el asentamiento Ñacara del distrito de Chulucanas hacia su domicilio ubicado en el asentamiento Villa Canadá del mismo distrito; llevándola a un local de las afueras de la ciudad al quedarse dormida.

Entre los principales medios probatorios que el fiscal presentó están: el acta de intervención policial; de denuncia verbal; de visualización de vídeos registrados en cámaras de seguridad; el certificado médico legal que corrobora lo denunciado por la agraviada, el dosaje etílico.

Así como la visualización de cuaderno de huéspedes, la declaración de los efectivos policiales que prestaron apoyo a la agraviada; entre otros. Julio César Vilela Chávez, quien ya se encuentra en el penal de Piura, deberá cancelar 15 mil soles por concepto de reparación civil a favor de su víctima y someterse a tratamiento terapéutico.

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La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura demostró responsabilidad de los acusados mediante la declaración de agraviados y testigos clave, pericias de absorción atómica, pericias antropológicas, pericia digital forense, visualización de videos en donde aparecen los acusados perpetrando los delitos.

Además de reconocimientos fotográficos y en rueda de personas practicados en muchos casos con agraviados que por medio de las noticias reconocieron a los acusados como los autores de los delitos en su agravio, entre otros medios probatorios.

El titular del Juzgado sentenció a Mirko Neil Castro Rosell, líder de la banda criminal; Fernando Camac Castillo (a) “recurso”; Mariano Córdova Ojeda con 35 años de prisión a cada uno.

Mientras que a Jorby Javier Julca Reyes (a) “Jorby” y a Edgard Manuel Herrera Castro (a) “chuco” les impuso 28 años; Martín Stewart Atarama Cherres (a) “Stiwar” 22 años; Jonathan Alberto Pasapera Rivera (a) “pato” y Fidel Edmundo Castro Rossel (a) “fidel” 20 años; Cynthia Del Milagro Castro Rossel 15 años; a Arnold Noé Montero Córdova “Arnold”, cinco años; Blanca Elsa Saavedra Calle, ocho años; y a Iván Quintana Yesquén cuatro años de pena privativa de la libertad.

Los sentenciados deberán cancelar S/500,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado representado por la Procuraduría Especializada en Delitos de el Orden Público, así como otros montos a favor de los agraviados afectados que los sentenciados, la mayoría de ellos internados en el penal de Piura, deberán pagar.

Cabe precisar que mediante un operativo ejecutado el 11 de setiembre del 2019, con participación de personal policial del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado y personal fiscal de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada a nivel nacional, lograron capturar a 11 integrantes de esta banda criminal.

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El juez a cargo del caso decidió dar libertad con comparecencia para el venezolano Cristhian Romano Ledesma, acusado de quemar y pretender abusar sexualmente de la menor en su vivienda ubicada en el sector Los ex Polvorines del distrito de Veintiséis de Octubre.

Ante está decisión, los familiares de la niña protestaron en el exterior de la Corte Superior de Justicia de Piura para que el juzgado se retracte en su decisión y el acusado continúe el proceso en prisión.

“Exigimos justicia para mi sobrina que ahora se encuentra luchando por su vida a su corta edad. Este sujeto debe pagar en la cárcel el daño ocasionado para esta pequeña”.

Tío de la niña

Mientras tanto, la menor se encuentra internada en el hospital del Niño luchando por su vida, luego que el pasado 11 de marzo fue trasladada de emergencia vía aérea desde el hospital Santa Rosa de Piura.

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El comandante PNP Raúl Prado Ravines es sindicado de liderar el “Escuadrón de la Muerte“, una organización criminal que se dedicaba a reclutar policías de diferentes partes del país para ejecutar, extrajudicialmente, a presuntos delincuentes para obtener condecoraciones y ascensos en la Policía Nacional.

CASO LOS BANCARIOS

Según la investigación fiscal, uno de los casos que destapó la existencia de este grupo paralelo en la Policía fue el denominado Los Bancarios de Piura.

Se trató de un operativo que habría dirigido Prado Ravines el 27 de febrero del 2015 en la urbanización Los Bancarios de Piura. Ese día, un grupo de policías asesinó a Hugo Yajahuanca Tineo, Martín Alfredo Tello Monja, Gian Marco Fiestas Aquino y Raúl Rivas Rimaycuna.

La investigación fiscal señaló que los fallecidos fueron engañados para ir al parque de Los Bancarios, donde supuestamente cometerían un robo a un empresario que compraría una casa en esta zona.

El Poder Judicial también sentenció a 26 años seis meses al coronel Luis Zúñiga, quien era jefe de la División de Crimen Organizado (Divinco) en Piura. La misma medida fue dictada para el suboficial Francisco Arévalo.

Asimismo, en el adelanto de fallo se sentenció a a los suboficiales Fernando Antón, Irvin Castillo, JeanClau Miranda, Horacio Cruz, Humberto Yovera, Elmer Carrasco, Geiser Fiestas y Walter Fiestas recibieron 21 años y seis meses de pena privativa de la libertad. Mientras que, William Castillo fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión.

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El Ministerio Público probó que el acusado disparó directamente contra su pareja, con la cual discutía en el frontis de su vivienda en el asentamiento Pachitea de Piura, cuando fueron intervenidos por efectivos policiales que patrullaban por el lugar y se acercaron al ver la discusión y forcejeo de la pareja, a quienes también disparó para evitar ser detenido.

Entre los medios probatorios que presentó el fiscal Erick Mariños y que el Juzgado valoró para dictar la condena se encuentran el acta de intervención policial, de recojo e incautación de arma de fuego, de apoyo y traslado de personas, el certificado médico practicado a la agraviada, las declaraciones de los policías intervinientes, el informe pericial de balística forense, entre otros.

Gerardo Andrés Villena Manrique, quien se encuentra en el penal de Piura con prisión preventiva desde febrero del 2021 en que sucedieron los hechos, deberá cancelar además la suma de diez mil soles por concepto de reparación civil, a la agraviada.

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La fiscal adjunta Ethy Lama Arvildo, de la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de Paita demostró en el juicio la responsabilidad del acusado en el delito mencionado, con la entrevista de la menor realizada mediante Prueba anticipada, donde de manera uniforme y coherente señaló que Atoche Cruz la ultrajó en dos oportunidades (enero del 2020 cuando tenía 11 años de edad y en octubre del 2020 cuando tenía 12) y que no dijo nada en su momento por estar amenazada por él.

También presentó el Certificado médico legal que corroboró lo denunciado por la niña; la Pericia psicológica practicada a la agraviada; el informe del Centro de Emergencia Mujer que concluye que la menor se encuentra en riesgo severo; el acta de inspección fiscal y 13 fotografías en donde se demostró la existencia del baño donde ocurrieron los hechos; entre otros medios probatorios.

Además, el Juzgado Penal Supraprovincial Colegiado de Piura dispuso que Leo Stingler Atoche Cruz, quien se encuentra en el penal de Piura con mandato de detención preventiva por este delito, cancele a la agraviada la suma de 20 mil soles, por concepto de Reparación civil.

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La fiscal adjunta María del Pilar Villegas Chero, de la Fiscalía Especializada en delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Catacaos, probó en juicio que el sujeto, siendo pareja de la madre de la agraviada, aprovechaba cuando nadie había alrededor en la casa para realizarle tocamientos indebidos en su cuerpo desde que ésta tenía 09 años, en el año 2017, amenazándola que no diga nada o se iría de la casa abandonando a su progenitora.

Presa del miedo y la angustia, la niña no pudo más y en febrero del 2020 fue a la casa de sus abuelos y le contó a una tía la pesadilla que venía sufriendo desde hacía 03 años; siendo que dichos familiares hablan con la madre, quien finalmente pone la denuncia.

Entre los principales medios probatorios presentados por Fiscalía para lograr esta condena están: la denuncia verbal; el Certificado médico Legal; el Acta de Deslacrado, Visualización y Transcripción de Vídeo, donde se observa el último hecho denunciado; la declaración en cámara Gesell de la menor, donde narra de manera coherente y detallada los hechos en su agravio sindicando al acusado como autor de los mismos; la Pericia Psicológica practicada a la menor, entre otros.

En audiencia de adelanto de fallo, el Juzgado también dispuso que Pedro Santos Sernaqué Marcelo, cancele la suma de 5 mil soles como concepto de Reparación civil a favor de la agraviada.

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Como se recuerda, el pasado 5 de julio Allison fue asesinada en la vivienda de su verdugo ubicada en el asentamiento César Vallejo U-8, en la ciudad de Talara.

Según contó el propio asesino, su víctima llegó a su casa en compañía de una amiga para tomar unas bebidas alcohólicas.

El móvil del asesinato habría sido porque la occisa se habría negado a sostener relaciones sexuales, ante lo cual habría tratado de violarla, por lo que Allison se habría enfrentado a su atacante, quien optó por matarla.

Inicialmente quiso ahorcarla, pero ante la intervención de la principal testigo y amiga, tomó un cuchillo, la degolló y luego le habría asestado tres puñaladas en el pecho. Se conoció que la joven y su amiga conocieron el día de los hechos al acusado.

El cuerpo de la joven madre fue encontrado envuelto en dos sacos amarrados con cable de luz y enterrado detrás de la vivienda de su asesino.

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