Con la ayuda del derecho comparado observemos los rasgos generales de la vicepresidencia en los Estados Unidos de América. Las funciones que la Constitución de 1787 asigna a la vicepresidencia son pocas: sustituir al Presidente norteamericano en caso de muerte, renuncia o incapacidad.

La Constitución estadounidense le asigna también el cargo de Presidente del Senado, pero no preside sus sesiones ordinarias salvo el día del discurso presidencial por el Estado de la Unión (Enero) o votando cuando se produzca empate, siendo ejercida por un presidente pro tempore.

En la práctica, a la vicepresidencia se le encargan funciones protocolarias en representación del Presidente estadounidense y algunas tareas específicas, como presidir un consejo asesor o ser jefe de misiones de buena voluntad en el extranjero. La escasez de competencias reales de esta institución dificulta tener un juicio cabal sobre el talento como político que tiene la persona que ejerce dicho cargo.

Es conveniente tener presente el modelo presidencial estadounidense luego de observar el caso peruano; en primer lugar porque se trata de dos vicepresidencias, y segundo por la falta de cuidado que podría producirse si una de ellas, o las dos, terminan siendo más mediáticas que el propio Presidente de la República como producto de una excesiva exposición en los medios, o ser nombrado ministro y pasar por una interpelación o una moción de censura.

No olvidemos que la Presidencia del Consejo de Ministros es la institución prevista en la Constitución de 1993 como principal portavoz del Presidente de la República. A los vicepresidentes, en cambio, se les confía la jefatura de Estado durante el tiempo que el presidente se encuentre de viaje en el extranjero, se ocupan de las tareas encomendadas con cierto perfil bajo y, en caso extremo, deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución de 1993, que establece el orden de sucesión en caso de impedimento temporal o permanente del Presidente.

En resumen, la vicepresidencia es una institución prevista para evitar un eventual vacío de poder e inestabilidad política.

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Es cierto que una propuesta de esta naturaleza puede generar reacciones de todo tipo. Las más académicas nos dirían que no es propio de los presidencialismos, por su separación más tajante. A otros, más prácticos, les parecería una solución para que los candidatos mantengan su vigencia política.

Una perspectiva más cercana al funcionamiento del todavía precario Sistema Político peruano, observaría no sólo una mayor presencia sino mejor cohesión al interior de su bancada, más disciplina, fortalecimiento de liderazgo y exposición mediática como titular de la oposición.

La propuesta es sin duda una mayor aproximación al modelo parlamentarista, pero una forma de gobierno presidencial como la nuestra, con investidura, interpelaciones, censura hasta disolución parlamentaria, todas ellas herramientas que se complementan, malo será añadir una más teniendo en cuenta que ya contenía la Constitución de 1979.

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Se trata de una institución que busca fomentar nuevos aires al trabajo del gabinete. De no conseguirlo, el gabinete debe renunciar y, a partir de ahí, al Congreso sólo le quedaría moderarse dado que si el Ejecutivo vuelve a presentar una cuestión de confianza,  y ésta volviera a ser negada,  el Presidente de la República se encontrará habilitado para disolver el Congreso conforme con las disposiciones constitucionales, encomendado a los ciudadanos la tarea de elegir un nuevo Legislativo y correlación de fuerzas políticas en su interior.

Por todo lo anterior, las decisiones que se tomen en las próximas horas deben realizarse con sumo cálculo político, pues si no se tienen en cuenta los vientos del electorado, el gobierno podría terminar con menos escaños y con un Congreso más fragmentado.

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En la Constitución peruana, la única vez que la cuestión de confianza se solicita de forma obligatoria es cuando se produce la investidura del Presidente del Consejo de Ministros, luego es una institución cuyo ejercicio es potestativo del Ejecutivo.

La noticia sobre un presunto cálculo político para presentar una cuestión de confianza no deja de ser una advertencia política que, de concretarse, podría otorgarnos dos escenarios; el primero: su rechazo por bancada mayoritaria y, en consecuencia, la renuncia de todo el gabinete; al Congreso. En ese caso, debemos tener en cuenta que el Congreso podría ser disuelto si censura o rechaza la confianza nuevamente. El segundo escenario es el caso de su aprobación por el Congreso, se extendería la confianza al ministro y, en consecuencia, al gabinete, convirtiéndose en un balón de oxígeno al gobierno para culminar el año.

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El camino escogido para su aprobación ha sido mediante una iniciativa legislativa ciudadana; por eso, la exposición del contenido del Plan 32, y recolección de firmas para su presentación en el Congreso, debe mantener abierta la discusión y no posponerla para el final de un proceso electoral; además de las firmas, las redes sociales pueden mantener la actualidad de un trascendental tema para el avance de nuestra democracia.

Es importante tener en cuenta sobre las reformas propuestas, que un número de ellas tiene una condición de indispensables, que deben ser aprobadas en su conjunto como un primer gran paso para alcanzar la institucionalidad. De lo contrario, correremos el riesgo de colocar “parches” en el camino, que lejos de resolver los problemas de fondo podrían producir efectos contrarios a sus nobles propósitos.

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El peso de las instituciones políticas demanda un comportamiento acorde al cargo que se ocupa. Una regla también aplicable para las organizaciones privadas pero, en la práctica, con más licencias para sus titulares, con la diferencia que los errores serán pagados por sus accionistas, directores, gerentes y trabajadores, y responder a la justicia si fuese preciso. En las instituciones públicas el costo es distinto y compromete a todo el Estado.

El tradicional perfil de los candidatos a la presidencia norteamericana demandaba que el candidato sea un verdadero modelo humano para la Nación, además de reunir las virtudes de bondad, honradez, sinceridad, con las habilidades políticas de sagacidad, energía y competencia.

Por eso, aunque es evidente que este modelo ha sufrido algún deterioro en los últimos tiempos, es probable que Kennedy y Reagan sean sus últimos referentes, se trata de unos rasgos que siguen respondiendo a una visión clásica de la presidencia estadounidense. En ese sentido, pensamos que el electo Presidente Federal deberá adoptar una actitud más cercana a los rasgos descritos, pues, en las instituciones políticas, los cargos se ejercen de acuerdo con lo políticamente correcto.

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Un segundo piso de la institucionalidad reposa en la madurez de las relaciones ejecutivo-legislativo; es evidente que la composición de las fuerzas políticas del actual Congreso evidencian un comportamiento en favor de la gobernabilidad; sin embargo, los recientes nombramientos de los directores del BCR han dado lugar a una irregular relación entre los dos poderes, ya que, en vez de que la oposición política critique directamente al gobierno, es el ejecutivo y el resto de bancadas parlamentarias quienes se oponen a la primera mayoría del Congreso. No olvidemos que el papel de la oposición es mostrarse ante la ciudadanía que está preparada y en condiciones para gobernar.

En los sistemas políticos la retroalimentación es importante para que adquieran madurez; por eso, el poder Ejecutivo debe aprender a gobernar con un Congreso sin mayoría, con dificultad para acordar alianzas duraderas con otras fuerzas políticas y con una bancada poco disciplinada. En consecuencia, los próximos cinco años serán una etapa de aprendizaje y enriquecimiento para el comportamiento de nuestra forma de Gobierno.

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Si nuestro país es reconocido como un pueblo de gente emprendedora, pienso que con ingenio se puede tratar de armonizar ambos objetivos con el concurso de la inversión privada, obras por impuestos, y pensando en construir una villa deportiva que luego pueda reciclarse en un complejo de salud integral y rehabilitación. Los edificios que antes alojaron a los deportistas pasarían a convertirse en apartamentos de uso temporal para las familias de los pacientes que provengan del interior del país.

Si logramos idearlo podría significar un esfuerzo reconocido internacionalmente; la iniciativa de un país emergente para ser anfitrión de unos juegos panamericanos pero pensando, a su vez, en mejorar la infraestructura en salud.

La inversión también demandaría adecuadas vías de acceso desde el aeropuerto de la capital, que inicialmente estará pensado para deportistas pero luego para el mejor servicio de los ciudadanos residentes en provincias, cuando Essalud los envíe a Lima para recibir un tratamiento más especializado. Considero que con el debido ingenio todo puede concurrir en lograr ambos objetivos que luego puedan ser repetidos en todo el Perú.

Si logramos hacerlo, a lo mejor no ganaremos muchas medallas, pues, la organización de los juegos está acompañada de unos planes de desarrollo del deporte, como fue el caso de España en los juegos Olímpicos de Barcelona, pero la principal satisfacción y reconocimiento nacional e internacional es saber cómo aprovechar nuestros pocos recursos en una infraestructura que se encuentre al servicio de todos los ciudadanos; finalmente, la salud y el deporte son dos conceptos íntimamente relacionados.

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