Ralph Zapata y elpiurano.pe

Las declaraciones de Ausy Isasi llamaron la atención del fiscal Sosa, quien en varias ocasiones de este año la citó para que amplíe su declaración y presente los correos electrónicos entre su esposo y la minera. Pero Isasi no acudió a ninguna citación, y su abogado dijo que había perdido contacto con ella. En una comunicación telefónica con elpiurano.pe el pasado 21 de agosto, la viuda de Pastrana –con la voz apagada– dijo que su esposo no murió. “A mi esposo lo mataron”.

“Lamento que recién ahora el fiscal (Sosa) se ponga a investigar”, dijo Isasi desde Nasca, donde vivía junto a Pastrana y a su hija. “El fiscal podrá decir muchas cosas, pero no hace nada. No se ha llegado hasta el fondo (del asunto). Mi esposo en mis sueños me ha hecho ver lo que pasó en esos días (de la desaparición). Se debió hacer justicia desde antes, y no esperar a  que pase un año desde el fallecimiento de esas tres personas. Eso me duele. Mi esposo no murió, a mi esposo lo mataron”.

Ausy Isasi declarando a los medios, junto a otros familiares de los trabajadores, meintras se realizaban las labores de búsqueda y rescate. (Foto: elcomercio.pe)

En la conversación, Isasi lamentó que el fiscal la haya invitado a declarar recién hace unos meses. “El fiscal Sosa me envía una citación a Nasca (en julio de este año) faltando cuatro días para que vaya a Ayabaca, cuando toda la investigación debió hacerse mucho antes”, dijo. Se notaba cierto fastidio en su voz y aún la resaca de su dolor. “Este tema me deprime”.

“Sí, he visto ese contrato. Un contrato no se firma de esa manera. No es la firma de mi esposo”

Pero Isasi soltó una revelación mayor. Ella dijo que su fallecido esposo no firmó el contrato que consta en el expediente fiscal. “Sí, he visto ese contrato. Un contrato no se firma de esa manera. No es la firma de mi esposo”.

Y dicho documento ha sido una prueba fehaciente de la minera ante las instancias judiciales para asegurar que Pastrana no tenía órdenes de ir a Ayabaca. ¿Pero, qué dice ese contrato?

Contrato firmado entre Rio Blanco y Pastrana. La viuda echó sombras sobre su legalidad.

El contrato de servicio de consultoría entre Río Blanco y Orlando Pastrana se celebró el 1 de julio de 2015 y estipulaba el servicio de levantamiento topográfico, análisis y gestión documental del proyecto Río Blanco, así como un plano de las comunidades campesinas ubicadas dentro de las 36 concesiones de la minera. También incluía un reporte detallado y fotográfico de los campamentos de Río Blanco, así como un reporte de investigación para conocer el mejor trazo de una carretera al proyecto Río Blanco.

La duración del contrato era de un mes y el ámbito de acción eran las ciudades de Lima, Piura y Huancabamba. El pago era de S/. 15 mil 550.80 por esos servicios. Sin embargo, hay algunas partes del contrato que llaman la atención. Por ejemplo, la cláusula 6.7 estipula que al suscribir el contrato, el consultor (Pastrana) renuncia a plantear cualquier reclamo judicial o extrajudicial derivado de cualquier negociación, declaración, entendimiento o contrato anterior entre las partes, fueran estos escritos o verbales.

Asimismo, la cláusula 7.1 señala que Pastrana no puede variar las tareas encomendadas, salvo autorización expresa y escrita de Río Blanco Cooper, asumiendo responsabilidad por la ejecución de actividades no previstas en este contrato.

Pericias incompletas

Todos esos detalles fueron observados por el fiscal Sosa, quien en enero de este año declaró la investigación compleja y pidió pericias grafotécnicas –que nunca se hicieron– para saber si la firma del contrato era de Pastrana o no. El fiscal también pidió analizar la laptop que llevó Pastrana durante la expedición, y que fue recuperada por el equipo de rescatistas que halló los cuerpos de los tres trabajadores fallecidos. Pero esa pericia tampoco se completó.

Con impotencia, Isasi dijo que a fines de julio (cuando recordaron, con una misa, un año del fallecimiento de su esposo) intentó salir en la televisión para contar su verdad. Pero no tuvo éxito. El 3 de junio de este año, la viuda de Pastrana firmó un acuerdo privado con la minera. Cedió como lo hizo la mamá de Aleida Dávila, en octubre del 2015, y la viuda de Segundo Tacure, un mes después.

Parte del contrato privado firmado entre Ausy Isasi y la minera Rio Blanco Cooper. Dicho documento está incluido en el expediente fiscal.

Isasi recibió una indemnización de S/. 270 mil, dinero con el que ponía fin a todo reclamo o pretensión futura. Asimismo, libra de toda culpa y responsabilidad a Río Blanco en la desaparición de su esposo. En julio de este año la viuda de Pastrana envió un documento al fiscal Sosa donde señalaba que no contaba con los correos electrónicos entre su esposo y la minera, “por lo que considero innecesario que se tome mi declaración al respecto”. Finalizaba diciendo que, al haber sido indemnizada por la empresa, no tenía nada que reclamar.

En julio de este año la viuda de Pastrana envió un documento al fiscal Sosa donde señalaba que no contaba con los correos electrónicos entre su esposo y la minera

El 22 de agosto, este medio se comunicó con Boris Dávila, gerente de Relaciones Comunitarias de Río Blanco, para conocer sus descargos sobre las dudas del caso, pero dijo que “eso es periódico de ayer”. En aquella fecha, el proceso aún no había sido archivado por el fiscal. Dávila prometió concertar una entrevista, pero hasta la fecha no fue posible obtener su versión.

Ronderos, libres de toda culpa

Los ronderos de Ayabaca también fueron comprendidos en la investigación  del fiscal Sosa, por el presunto delito de tortura contra seis colaboradores de Río Blanco: Pedro Frías Moreto, William Zurita Cruz, Wilson Delgado Tantalián, Domingo Huamán García, Alfredo Correa Cruz y Aníbal Herrera. El sábado 11 de julio del 2015, cuando la expedición ya estaba perdida en Ayabaca, el jefe Pastrana pidió voluntarios para que vayan a pedir ayuda a algún pueblo cercano. Los seis comuneros llegaron, luego de caminar un día y medio, a un pueblo llamado Cabuyal.

Allí alquilaron un carro que los trasladó hasta el caserío de Portachuelos, donde los ronderos los secuestraron y luego los castigaron. Después, los enviaron a Curilcas, donde otra vez recibieron latigazos. El 13 de julio, por fin, fueron liberados en Bellavista de Cashiaco. Desde allí se movilizaron hacia Pacaipampa, y llamaron a la minera para informarle los hechos. Ese día la minera activó su plan de contingencia y contrató a la NGS, para buscar a los cuatro trabajadores que estaban atrapados en el Cerro Negro.

El fiscal Sosa denunció a Magdiel Carrión y a Telmo Alberca, ambos comuneros de Yanta, Ayabaca, por el presunto delito de tortura. Alberca se acogió al derecho de silencio, mientras que Carrión aseguró con documentos que viajó a Lima el 11 de julio y volvió a Piura el 17 de julio. Es decir, no estuvo los días que los colaboradores de Río Blanco fueron torturados.

Rondero Magdiel Carrión. Fue acusado de haber torturado a parte de la expedición. Sin embargo, demostró no haber estado, en esa fecha, en el lugar de los hechos. (Foto: Ralph Zapata)

Carrión aseguró que denunciará a la minera por haber manchado su honor, al involucrarlo en un caso donde él colaboró. “Tú sabes, y allí estuvimos el día que hallamos al sobreviviente (Manuel Herrera) –dijo vía telefónica–. Nosotros hemos colaborado con la búsqueda y no es posible que, por defender nuestras tierras y recursos, la minera nos quiera echar la culpa”.

Carrión aseguró que denunciará a la minera por haber manchado su honor. “Nosotros hemos colaborado con la búsqueda y no es posible que la minera nos quiera echar la culpa”

Esta investigación contra Carrión y Alberca también ha sido archivada por el fiscal Sosa. Y con esa decisión la esperanza de Kety Dávila y sus hermanos se diluye, al igual que el recuerdo de la aguerrida Aleida.

Resolución fiscal que declara archivada la investigación a los ronderos.

“Sabemos que una vida no se recupera ni tiene precio –dice Kety Dávila, aquel 28 de julio que la entrevistamos en su casa en Cochabamba–, pero, si me llegaran a dar mi parte, compraré un terrenito en Cajamarca (con el dinero de la indemnización)”. Actualmente, ella alquila una casita en Cajamarca, donde vive con Dayana, su pequeña hija.

– Hasta el final, y aún muerta, mi hermana nos sigue ayudando– reflexiona Kety–. “Ella se fue a Piura por una mejoría de la familia. Se fue por mi mamá, para solventar los gastos de su tratamiento, pues sufría de insuficiencia renal. ‘Ahora ya vamos a poder ayudar a la mamá’, me dijo Aleida cuando consiguió el trabajo en Río Blanco”.

Pero, casi como una premonición, antes de partir a Piura, la joven periodista lucía deprimida, y eso preocupaba a su hermana Kety. En cada fiesta, en su casa misma, Aleida no cesaba de escuchar “La despedida”, de Carmencita Lara. La misma canción que interpretó la banda de músicos el día de su sepelio. Ya me voy a otras tierras lejanas/ a un país donde nadie me espera/ donde nadie sepa que yo muera/ donde nadie por mí llora/ Ay, que lejos me lleva el destino/ como hoja que el viento arrebata.

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El Fiscal de Ayabaca, Néstor Sosa, abrió una investigación de oficio, en julio del año pasado, para esclarecer las muertes de Aleida Dávila, el cocinero Segundo Tacure y Orlando Pastrana. Comprendió al jefe de Seguridad de Río Blanco, Luis Vílchez Barreto, y a Oswaldo Rodríguez Velásquez, jefe de adquisiciones logísticas de la compañía minera, por el presunto delito de homicidio culposo. El letrado tenía dudas razonables sobre la desaparición de la expedición y, sobre todo, por qué  había aparecido en Ayabaca, cuando su ámbito de acción –según la minera– era solo Huancabamba.

Luis Vílchez Barreto, jefe de Seguridad, y Oswaldo Rodríguez Velásquez (abajo), jefe de adquisiciones logísticas de Rio Blanco, fueron comprendidos en la denuncia fiscal por homicidio culposo.(Fotos: Linkedin)

De acuerdo con el expediente fiscal, el lunes 6 de julio, a la 1 pm, Pastrana y su equipo llegaron al campamento. Luego de cumplir con la tarea encomendada, en la noche el jefe reunió a sus colaboradores y les dijo que el trabajo continuaba hasta Ayabaca. ¿Por qué aceptaron seguirlo si sabían que la misión duraba solo cuatro días?, ¿por qué nadie protestó?, es lo que preguntó a los sobrevivientes en varias ocasiones el fiscal Sosa.

Ante la duda, se cierra el caso

Los obreros solo dijeron que, si bien habían sido contratados por cuatro días, Pastrana los convenció diciéndoles que les pagaría 100 soles más por día, si lo acompañaban hasta Ayabaca. Manuel Herrera respondió que el jefe les reveló que la misión era hacer un levantamiento topográfico con el fin de construir tres trochas carrozables: una desde el campamento de Río Blanco hasta el cerro Las Chinguelas, la otra desde el campamento hasta la ciudad de Ayabaca, y una tercera desde Río Blanco hasta la frontera con Ecuador.

Contrato entre Río Blanco y Orlando Pastrana donde se estipulaba que no se podía variar las tareas encomendadas.

Pero la minera, a través de sus abogados y colaboradores, ha negado ante la Fiscalía esa versión. Ha asegurado que la misión era hacer levantamiento topográfico en Huancabamba durante cuatro días. Y para ello se avala en el contrato que firmó con Pastrana. Pero como los muertos no hablan ni se defienden, esa es la teoría también que ha asumido el fiscal Sosa, que archivó el caso a fines de agosto de este año, incluso, cuando no se habían respondido todas las interrogantes que él mismo se hizo desde el inicio.

Resolución del fiscal Néstor Sosa archivando de manera definitiva la investigación.

Las dudas de Sosa –y de cualquiera que conozca el caso– se basaban en conocer si la expedición estaba autorizada para ir a Ayabaca, si contaban con los implementos de seguridad adecuados y, sobre todo, deseaba saber por qué la minera demoró tanto en denunciar la desaparición del equipo, si sabían que el trabajo duraba cuatro días.

Porque el 11 de julio –según el testimonio de varios expedicionarios– ya estaban perdidos, y la minera recién reportó el hecho ante la Policía el 15 de julio, cuatro días después. Además, el plan de exploración precisaba que el 7 de julio el equipo debía retornar a Huancabamba. Y ese día ya se había roto la comunicación.

“No activaron el plan de rescate”

En la falta de premura y de un plan de contingencia también se fijaron la esposa de Pastrana, Ausy Isasi Ventura, y el hermano de Aleida, Willy Huamanchari. La primera, que es ingeniera especialista en seguridad industrial, medio ambiente y salud ocupacional, contó que el 13 de julio la llamó Oswaldo Rodríguez para decirle que habían hallado a seis personas, y que entre ellas estaba su esposo. Sin embargo, un rato después la volvió a telefonear para corregirse y decirle que su esposo no estaba entre los sobrevivientes.

Ausy Isasi viuda de Pastrana. “La minera no había activado su plan de rescate”.

Isasi tomó un vuelo a Piura al día siguiente y “al dirigirme a la empresa pude verificar que no tenían ningún plan de rescate activado (…) En una segunda reunión increpé a la minera por qué me habían mentido”. La viuda afirmó que el trabajo de su esposo duraba entre siete y ocho días, y así constaba en los correos que intercambió con la empresa. Ella pudo conocer esos detalles porque sabía la contraseña del correo de su cónyuge.

Argumentó, además, que la minera habría incumplido el reglamento de seguridad y salud ocupacional, que manda suspender las operaciones en áreas que presenten riesgos a la seguridad e integridad de los trabajadores. Añadió que nadie debería ingresar a ambientes abandonados sin antes haber identificado, con medios adecuados, los peligros y riesgos.

Río Blanco -dijo Isasi- habría incumplido el reglamento de seguridad (…) nadie debería ingresar a ambientes abandonados sin antes haber identificado los peligros y riesgos

Isasi se refería al conflicto latente entre las comunidades y la minera Río Blanco. Se trata de una larga historia de enfrentamientos, debido a que las comunidades de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) no aceptan la actividad minera, pues consideran que destrozará las cuencas de agua y la agricultura que practican desde tiempos ancestrales. Dicho conflicto ha dejado hasta la fecha –según la Defensoría del Pueblo de Piura– siete muertos y decenas de heridos. Además, en 2005, unos 29 campesinos fueron secuestrados y torturados. Uno de ellos murió.

Con todos esos antecedentes en la cabeza, Isasi no sabía por qué la empresa no reaccionó rápidamente. La minera –dijo ella en su testimonio– no hizo nada por recuperar vidas cuando perdió la comunicación. Solo recuperó cuerpos, porque informó muy tarde a la Policía y al Ejército. Con ella coincidió el hermano de Aleida, Willy Huamanchari, quien narró que el 14 de julio llamó a la minera y le dijeron que su hermana estaba desaparecida.

La minera –dijo Isasi en su testimonio– no hizo nada por recuperar vidas. Solo recuperó cuerpos, porque informó muy tarde a la Policía y al Ejército.

El hermano de Aleida telefoneó rápidamente a todas las comisarías de Piura para saber si había alguna denuncia por desaparición, pero le respondieron que no. “La responsabilidad de la muerte es de Río Blanco, al no haber puesto la denuncia a tiempo”, sentenció Huamanchari en su testimonio. “Esperaron que los familiares vengamos a exigir que denuncien el caso”.

Mañana: “Un año después, la verdad se quedó en el Cerro Negro. Todo acabó con indemnizaciones a las familias” (Parte 4, el final)

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