La diligencia fiscal es parte de la investigación que sigue contra el alcalde Aquiles Córdova García y otros, por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado, debidamente representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Piura.

La Fecof Piura investiga las presuntas irregularidades como la ausencia de cuaderno de obras; el pago del íntegro del valor de la obra (avance financiero 100%) siendo el avance físico de 65%; la inercia del alcalde, quien pese a haber tomado conocimiento de estos hechos desde el 2020 no efectuó ninguna acción de control; entre otras.

Las deficiencias se habrían presentado en la obra “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Eliminación de Excretas en los Caseríos de Alto Mayo, Choco y Huambiche, distrito de Yamango – Morropón – Piura”.

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El fiscal provincial de la Fiscalía de Trata de Personas de Piura, Ricardo Martínez, manifestó que en lo que va del año, se ha rescatado a 27 damas entre adultos y menores de edad, que eran explotadas sexualmente, mientras que en el 2021, se identificaron 32 casos.

“El 99 % de las víctimas de trata de personas son mujeres y menores de edad. La mayoría son de nacionalidad venezolana y colombiana que son raptadas por mafias para hacer trabajo forzado o prostituirlas en la región”.

Ricardo Martínez, fiscal.

Señaló que estas personas son engañadas con  una oferta laboral formal, sin embargo cuando llegan a la ciudad, las obligan a ser damas de compañía para devolver  un promedio de 12 mil soles por concepto de su traslado.

El representante del Ministerio Público detalló que los distritos del Bajo Piura, Sechura y Paita reportan mayor cantidad de casos de trata de personas.

Sin refugios

Añadió que, el Ministerio Público y la Policía no cuentan con refugios para las personas rescatadas mientras realizan las diligencias para ser entregadas a sus familias.

“Otra de las limitaciones es que la Unidad de Trata de Personas de la Policía en Piura cuenta con 12 efectivos para rescatar a las víctimas de este delito, para casos de violencia sexual y  buscar a personas desaparecidas”.

Ricardo Martínez, fiscal.

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El Ministerio Público lo investiga por el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Camargo y Correa en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap).

“Confirmar la resolución que resolvió prorrogar la investigación por el término de 21 meses, que vencerá el 8 de octubre de 2023, en la investigación preparatoria que se le sigue a Pablo Ferradas y a otros por el delito de colusión agravada y otros”, se lee en el documento.

Cabe precisar que la Fiscalía solicitó la extensión del plazo de investigación por 36 meses. Según la carpeta fiscal, Hilbck es investigado por este caso en su calidad de expresidente del Consejo Directivo del Peihap.

La investigación fiscal incluye las ampliaciones de plazo y laudos arbitrales en los que habría participado la ex autoridad regional. No obstante, existen otras tres investigaciones por el caso Lava Jato donde están incluidos otros exgobernadores de Piura como son Javier Atkins y César Trelles Lara.

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El viaje al vecino país fue aprobado en sesión por el Consejo Regional con 8 de 11 votos, por lo que se le permite viajar desde el 2 hasta el 9 de mayo para su participación en la ceremonia de clausura del proyecto de Gestión de Riesgo sin Fronteras que se desarrollará en Loja; por lo tanto la Fiscalía tendrá que esperar que el gobernador tenga tiempo disponible en su agenda para declarar sobre la obra de Máncora valorizada en cerca de 4 millones de soles.

Para los expertos, estas acciones de no asistir a la citación son parte de un plan estratégico para dilatar aún más el proceso de investigación de la Fiscalía de Piura.

“Volvemos a lo mismo, a esa falta de credibilidad, de respeto a la autoridad, si uno sabe que está citado en la Fiscalía, por muy importante que sea por nuestra región, no debería ir (…) es una oportunidad para dilatar la investigación”.

Juana Huaco, especialista en Gestión Pública de la Udep.

Criticó al Consejo Regional por autorizar a García Correa, “inoportunamente” el viaje al vecino país, pese a ser de conocimiento público la fecha establecida para la citación sobre la importante obra.

La citación para escuchar la declaración del Gobernador ante este sonado caso está programada para las 9 de la mañana de este martes. Se espera la intervención del Ministerio Público para lograr que García Correa, brinde sus declaraciones.

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Según voceros del Ministerio Público, el fiscal Javier López Romaní, ha solicitado que de oficio ingresen los audios por mesa de partes para iniciar una investigación por la presunta comisión del delito de concusión.

Por su parte, el director de Diresa, Fernando Agüero, indicó que la institución también inició una investigación. Aunque señaló que, los funcionarios mencionados en los audios no serán separados hasta que se determine su responsabilidad en el escándalo.

“Rechazo haber tenido conocimiento de esas irregularidades. Desde Diresa hemos solicitado una investigación para determinar y sancionar a los responsables”.

Fernando Agüero, director Diresa.

Como se recuerda, los audios difundidos revelan presuntos aportes entre 150 y 250 soles por parte de trabajadores CAS de Diresa al movimiento Fuerza Regional con el objetivo de permanecer en sus puestos de trabajo.

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El titular del Poder Judicial en Piura informó que se le ha notificado recientemente la formalización de la investigación que  le sigue la Fiscalía Suprema Penal de Lima por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

Esta investigación forma parte del caso “Los Ilegales”, en donde se involucran a jueces y fiscales en actos de corrupción. 

Tulio Villacorta, es acusado de haber recibido 15 mil soles de manos del abogado Luis León More, presunto cabecilla de la red criminal “Los Ilegales” para favorecer a un sentenciado por violación con la nulidad de su condena en el año 2015. En ese entonces Villacorta se desempeñaba como presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Piura.

Sobre esta acusación Villacorta señala que como parte de ese Colegiado, los tres jueces que lo componían tomaron la decisión de anular la sentencia ya que existían inconsistencias y no había la suficiente carga probatoria contra el acusado. Además negó haber tenido una relación con el abogado León More y aseguró que nunca se reunió con él.

Fuente: Cutivalú

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Tras conocer el caso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar ha iniciado las investigaciones contra Eusebio Guerrero Santos, sindicado de maltratar al niño de un año de edad, en una vivienda del distrito de Castilla.

Las imágenes fueron registradas por un vecino y se puede observar como el padrastro del niño colocaba al menor una y otra vez sobre púas de alambre, luego lo hizo caminar descalzo sobre la tierra caliente. Minutos después, lo arrojó a un hueco, donde le tiró piedras sin piedad alguna.

No contento con ello, el padrastro le da varias vueltas cogiéndo al niño de sus bracitos. El menor llora desconsoladamente sin que la mamá intervenga en su defensa.

Desde el Ministerio Público indicaron que el hecho habría ocurrido hace más de 20 días y el caso nunca fue denunciado. Se conoció que luego de identificar al agresor, la Policía acudió a la vivienda donde habrían ocurrido los hechos.

Eusebio Guerrero fue encontrado solo en la casa e indicó que el menor se encuentra con su madre en Huancabamba.

Queda en manos del fiscal hallar las pruebas suficientes para acusar al padrastro agresor y sea sancionado.

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Según información policial, alertado de la detención, Alan Marcelo Jaime intentó huir a Tumbes, pero pudo ser capturado antes de partir en su vivienda de la Urb. Miraflores Country Club, en el distrito de Castilla. En tanto, la alcaldesa Ysmenia Monja fue detenida cuando intentaba viajar a Chiclayo.

Como parte de la acción fiscal, también se detuvo a los funcionarios y exfuncionarios municipales María de Lourdes Montero Camacho, James Luis Chaquila Lizana, Roger Alberto Príncipe Reyes, Brenda Maryuri Vilcherrez Flores, Pedro Edward Reaño Márquez y Anita Angélica Chuquihuanga Pintado.

La Fiscalía investiga a todas estas personas como organización criminal ‘Los Audaces’. Estarán detenidos por las próximas 72 horas, mientras se establece su situación legal. La operación realizada este sábado estuvo liderada por la fiscal provincial coordinadora Doliveth Infante Castillo, junto con un equipo de 10 fiscales anticorrupción y penales de Piura. Se ejecutó de manera simultánea en las ciudades de Piura, Salitral, Querecotillo y Lima.

Luego de ser destituido como gerente municipal en noviembre de 2021, debido a presuntas irregularidades en varias obras en Salitral, este año Alan Marcelo Jaime se alistaba para postular a la alcaldía de Salitral. En febrero de 2020, la Fiscalía le incautó nueve bienes, como parte de una investigación por lavado de activos: dos casas, un hotel y seis vehículos.

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