Postuló tres veces consecutivas: 2010, 2014 y 2018, y en este último año llegó a segunda vuelta y fue elegido, con más del 60 % de los votos, para el cargo de gobernador regional.

“Seremos un gobierno de concertación. Llamaremos al mejor equipo de la región, todo lo que sume será bienvenido. Las sugerencias serán recibidas en favor de un buen gobierno, honesto, transparente y descentralizado”. Esas fueron las primeras palabras de Servando García tras conocer los resultados en su local de campaña de la avenida San Teodoro, hoy local de Alianza Para el Progreso (APP), el partido de César Acuña.

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Era común escuchar a García Correa –incluso ya como gobernador electo– decir que “en su momento” definiría a sus funcionarios de confianza en las diversas gerencias, jefaturas y direcciones regionales, pues en su equipo de campaña no aparecían nombres.

Incluso sostenía que la región necesitaba “dos equipos”: uno para la gestión regional en sí misma y otro para impulsar el proceso de Reconstrucción Con Cambios en Piura.

Pero, ya al asumir la nueva gestión, la primera semana estuvo marcada por idas y vueltas: designaciones, renuncias, entredichos, salidas y denuncias. El primer cuestionamiento fue precisamente a raíz de la elección de su personal más cercano, pues en menos de 48 horas ya había retirado su confianza a dos funcionarios designados por él en puestos clave.

Fueron diez ex candidatos de la última campaña electoral los convocados por Servando García para su gestión: Marcial Cunia, Miguel Celi, Fabriciano Cunya, Fernando Ruidías, Manuel Querevalú, Pedro Cuadros, Óscar Echegaray, Percy Fiestas y Fernando Cáceres.

Los seis primeros postularon por Fuerza Regional; y el resto mostró su adhesión en la segunda vuelta. A ellos se sumó Arnaldo Arévalo, también de Fuerza Regional, quien fue designado director regional de Agricultura, pero renunció a los tres días ante la polémica por imprecisiones en su registro académico, que lo imposibilitaban para ocupar el cargo.

Previamente, el gobernador Servando García había dado por concluidas las designaciones del gerente de Pro Rural y de la jefa de Coordinación y Gestión, sin exponer motivos.

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Otra baja, a los seis días, fue la del gerente del Proyecto Alto Piura (Peihap), Pedro Peña, detenido por una denuncia de violencia familiar de su ex conviviente. Peña es secretario general de Fuerza Regional, fue jefe del plan de gobierno en la campaña del 2018 y ha presidido el Consejo Regional de Colegios Profesionales (CONREDE).

Para el gobernador Servando García, los requisitos para designar funcionarios eran “muy rígidos”, pues se exigen “muchos años de experiencia”, por lo cual consideró necesario modificar el Manual de Organización y Funciones (MOF) para flexibilizar los requisitos.

Llegado febrero, García Correa aún no tenía definido su equipo. A los 45 días de gestión, el gobernador reconoció que su gestión se encontraba “al 99 %” de tener listo su equipo”. En tanto, seguían los cambios: el médico y ex congresista piurano Iván Calderón Castillo (2001-2006) asumió la dirección del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, en reemplazo del médico Nelson Navarro Jiménez, quien solo estuvo un mes en el cargo.

De otro lado, Óscar Echegaray y Carlos Calle, quienes protagonizaron una pelea verbal y física en el frontis del Gobierno Regional, fueron retirados de los cargos de subgerente de Normas y Supervisión y secretario del Consejo Regional, respectivamente.

Tras su salida, Echegaray acusó a la gestión de Servando García de “estar en pañales, aún empezando y ya con intereses desde Trujillo con Acuña”, en referencia al gerente general del Gobierno Regional, Jesús Torres Saravia, quien tuvo el mismo cargo en la región La Libertad, junto con Luis Valdez, militante de APP persona muy cercana a César Acuña.

Valdez Frías, por cierto, fue designado director de Gestión y Coordinación del Gobierno Regional de Piura en Lima, pero renunció tras ser cuestionado por no presentarse a laborar y utilizar días de trabajo para viajes personales.

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En marzo, la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Piura abrió investigación preliminar al gobernador regional y otros tres funcionarios por el presunto delito de nombramiento o aceptación indebida para el cargo público, debido a que no se cumplían los requisitos.

La denuncia fue interpuesta por el abogado José Alvarado, quien sostuvo que Servando García hizo caso omiso a los requisitos del MOF y el ROF. La autoridad fue citada para que rinda su declaración, pero no asistió. A las pocas semanas, dispuso el cambio de solo dos de los once funcionarios de confianza observados por la Contraloría por no cumplir el perfil profesional para el cargo.

Uno de ellos fue Fernando Cáceres, ex subgerente de Cooperación Técnica Internacional que pasó a ser asesor principal de la gobernación y vocero del Gobierno Regional (un cargo que hasta ese momento no existía), con un sueldo mayor.

En medio de tantos cambios, 14 trabajadores fueron separados del Proyecto Alto Piura (Peihap) e impedidos de ingresar a las oficinas en el distrito de Chulucanas, en Morropón. Si bien sus contratos habían culminado en días previos, el personal no fue notificado sobre la decisión de prescindir de sus servicios.

“Somos varias las personas (en el Peihap) que no estamos de acuerdo con la línea política del gobernador. Puede ser que sea como una represalia, no encontramos otra explicación. Lamentamos esta arbitrariedad, esto es un atropello a nuestros derechos”, sostuvo Karina Cisneros, secretaria del sindicato de trabajadores del Peihap.

Es importante indicar que este proyecto emblemático atraviesa un momento crítico, pues en nueve años se ha invertido S/ 413’726.096,31, pero el avance físico apenas es de 22 %. Actualmente la obra sigue paralizada y en abandono, aunque bajo supervisión.

En solo seis meses hubo cuatro gerentes del Peihap durante la actual gestión regional. El ex gerente Reynaldo Alméstar señaló que su salida estuvo relacionada con los cambios que el gobernador Servando García y su gerente Jesús Torres buscaban concretar.

“Yo no quería de ninguna manera que al personal se le bote solo porque no está de acuerdo con una línea política, porque hay gente que es muy buena para el trabajo que desempeña. Les hice conocer, tanto al gerente como al gobernador, que yo no iba a caer en esa situación, y precisamente eso fue lo que generó que me sacaran”, señaló Alméstar.

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A mitad de gestión, se conoció que la planilla de trabajadores en el Gobierno Regional Piura había aumentado en 18,4 % respecto de la gestión anterior. Según un reporte oficial, hasta el 31 de diciembre del 2018 hubo 474 locadores de servicios, pero a junio la cifra llegó a 582, distribuidos en diferentes áreas.

Los locadores fueron distribuidos en 37 dependencias y 6 direcciones regionales, y sus remuneraciones oscilaban entre S/ 2 mil y S/ 10 mil mensuales. Los encargos iban desde asistentes de oficina hasta “consultores” o asesores externos asignados al despacho del gobernador Servando García.

Por ejemplo, solo en el primer trimestre del 2019, el número de trabajadores del Proyecto Especial Chira-Piura (Pechp) aumentó de 75 a 112, para lo cual se tuvo que duplicar el presupuesto destinado a pagar las planillas.

En todo ese tiempo, la Comisión Regional Anticorrupción de Piura aún no podía realizar sesiones ordinarias debido a la falta de un secretario técnico, cargo cuya designación corresponde al gobernador regional.

Debido a esa carencia, los integrantes de la comisión no podían reunirse para evaluar políticas de corto, mediano y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción. Tampoco podían aprobar el Plan Regional de Lucha contra la Corrupción, donde figuran las actividades que se deben realizar para abordar las denuncias.

A inicios de julio, García Correa fue citado por segunda vez a la Fiscalía, para responder por la cuestionada designación de sus funcionarios de confianza. Esta vez sí asistió, pero prefirió no declarar. Su abogada, Cecilia Pizarro, dijo que el gobernador fue “respetuoso de la citación de la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar”.

Al mes siguiente, el pleno del Consejo Regional rechazó por unanimidad la solicitud de vacancia contra el gobernador presentada por el ciudadano Mariano Huamanchumo, por presuntas irregularidades en la designación de sus funcionarios de confianza. El rechazo se debió a que el pedido no estuvo sustentado adecuadamente: se basaba en una presunta incapacidad física o mental por parte de Servando García para ejercer el cargo.

En el ámbito económico, una de las decisiones que tomó pleno del Consejo Regional de Piura fue la aprobación de un Compromiso de Ajuste Fiscal (CAF) por un plazo de cuatro años, debido al millonario déficit presupuestario que enfrenta el Gobierno Regional.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, aprobado por unanimidad, la medida busca hacer más eficiente el gasto para cumplir los compromisos asumidos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según datos oficiales, el déficit del Gobierno Regional asciende a S/ 1.837 millones, que corresponde principalmente a deudas por beneficios laborales: seguros de AFP, ONP y Essalud de los trabajadores que datan de hasta veinte años de antigüedad.

El mencionado dictamen se enmarca en el DL N° 1275, que aprueba la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y locales. Además, mediante la resolución ministerial N° 200-2019, se incluye al Gobierno Regional Piura por sobreexposición a los gastos, derivada de sobreendeudamiento por efecto de Obras por Impuestos.

También hay S/ 203 millones por deuda de proyectos ejecutados a través del mecanismo de Obras por Impuestos, que se terminaría de pagar en siete años. Esto implica que en ese plazo habrá una reducción de 30% en el presupuesto anual asignado a la región.

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Un nuevo escándalo saltó en agosto, cuando una abogada y ex trabajadora del Gobierno Regional denunció acoso sexual laboral por parte del gerente general de la entidad, Jesús Torres Saravia, quien cuando se conoció el tema evitó dar la cara.

Mediante un documento, la denunciante había pedido una cita con el gobernador regional para explicarle con detalles la denuncia, pero la solicitud fue remitida la oficina de Jesús Torres, el denunciado.

Al hacerse público el caso, la ex trabajadora mostró conversaciones de Whatsapp en las que el gerente le escribía de madrugada y le decía que ella era su preferida. También contó que en una ocasión Torres le habría hecho propuestas indecentes y tocamientos indebidos a cambio de permanecer en su puesto laboral.

Tras ello, el Juzgado de Familia de Piura otorgó medidas de protección a la denunciante, que prohibían al denunciado acercarse a la mujer en cualquier lugar, agredirla física o psicológicamente, hablar con ella, protagonizar escándalos que la afecten. Mientras tanto, el gobernador Servando García atinó a defender la permanencia de su funcionario.

En un intento de defenderse, Jesús Torres apareció en conferencia de prensa (convocada solo a algunos medios) acompañado de un trabajador de la gerencia general del Gobierno Regional a quien señaló de ser culpable de escribir los mensajes de Whatsapp a la abogada denunciante. El trabajador admitió su responsabilidad y fue separado por inconducta.

Las medidas de protección dictadas a favor de la denunciante no importaron al gerente: en octubre, la ex trabajadora denunció por segunda vez a Torres, esta vez por el presunto delito de resistencia a la autoridad, al haber infringido las medidas del Juzgado de Familia.

Lo que más indignó a la ex trabajadora fue que, en noviembre, la Secretaría Técnica del Gobierno Regional Piura archivó la investigación preliminar, iniciada tres meses antes, contra el gerente Jesús Torres. El informe concluyó que no había indicios suficientes para abrir un proceso administrativo sancionador ni precalificar una presunta falta.

El vicegobernador regional, Marco Purizaca, ha marcado distancia de la gestión regional, al reconocer que Servando García no respeta el plan de gobierno que ofreció en campaña y que, además, no tiene capacidad de decisión: “Una gran deficiencia que tiene es que no se estableció la agenda regional y plan de trabajo para ver si las metas se cumplen”.

“Una de mis propuestas fue que en las unidades ejecutoras se designara personal de planta que tiene más de 15 años laborando para el Gobierno Regional y conocen del tema”, ha dicho el vicegobernador, criticando la elección del personal de confianza en la gestión.

La relación también es áspera con el alcalde provincial de Piura, Juan José Díaz Dios, quien postuló con el movimiento Región Para Todos. En agosto, durante las actividades por el aniversario de Piura, el alcalde salió a reconocer el distanciamiento que existe.

“Necesitamos trabajo en unidad, no hay otro camino. No he podido (dialogar) aún con el gobernador, yo lo esperaba hoy, en el día de Piura. Me parecía imposible que él no pudiera estar, pero, bueno, vamos a ir nosotros al Gobierno Regional”, señaló Díaz Dios.

Se refirió a la ausencia de Servando García en la sesión solemne de la Municipalidad de Piura, a la cual estaba invitado. También a la falta de un saludo protocolar por aniversario, como acostumbran enviar todas las instituciones locales.

“Ha sido un error, sus razones tendrá. No es la primera vez que no viene”, dijo el alcalde. Agregó que “es evidente” que ha existido una relación tensa desde el inicio de la gestión. “No es un tema personal, estamos hablando de instituciones. Las reuniones de trabajo son necesarias, las vengo solicitando y hasta ahora no se dan”, lamentó Díaz Dios.

Una de las últimas reuniones personales entre ambas autoridades ocurrió el 10 de junio, con motivo de la rehabilitación de las defensas ribereñas del río Piura, un proyecto a cargo del Gobierno Regional. Desde entonces, ambos solo han estado presentes durante eventos protocolares o visitas presidenciales.

La relación entre ambos se tornó más tensa luego de que Juan José Díaz denunciara a tres funcionarios del Gobierno Regional, incluido el gerente Jesús Torres, por el presunto delito de falsedad genérica, al señalar que emitieron un documento con su nombre tras una reunión de transferencia de obra en la que no participó.

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Uno de los reiterados ofrecimientos del gobernador Servando García durante su gestión ha sido la firma del contrato para la ejecución del proyecto de masificación de gas natural a domicilio para la población de cinco distritos de la región Piura.

Si bien la firma se concretó en noviembre, es importante mencionar que la gestión de este proyecto es competencia directa del Poder Ejecutivo y no del Gobierno Regional. Incluso la decisión de otorgamiento de la buena pro dependía de un litigio judicial que interpuso una de las empresas postoras, por lo cual el proceso estuvo paralizado por años.

S/ 424 millones ha invertido el Gobierno Regional Piura del presupuesto asignado (S/ 1 400 millones), lo que representa un 30 % del total, según el portal de Transparencia Económica. Ello ubica a Piura en el 23° puesto de las regiones que más invirtieron en el 2019, es decir, en el penúltimo lugar.

Para el gobernador Servando García, ello se debe a que la región recibió más dinero en el último trimestre del año, de modo que no lo ha invertido todo, pues lo hará paulatinamente en los proyectos ya programados.

En su rendición de cuentas, García Correa destacó como logros la repartición de 200 mil kilos de pescado a medio millón de piuranos en 39 zonas, la compra de 50 ambulancias y equipos biomédicos y la desparasitación de 10 mil cabezas de caprino y 2 mil de bovino.

Además, la realización de 16 ferias laborales, la capacitación a más de 10 mil conductores, el pago de S/ 7,2 millones por concepto de deuda social a los docentes y la reapertura del túnel del Proyecto Alto Piura, así como la inversión de S/ 235 millones en el proyecto de defensas ribereñas para Piura y Castilla.

La evaluación, crítica y decisión está en manos de la población piurana.

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El intercambio de experiencias fue en el auditorio de la Udep. (Foto: Udep)

Una delegación de especialistas holandeses llegó esta semana a Piura para brindar asesoría a autoridades políticas y académicas sobre reconstrucción con cambios. Los ciudadanos extranjeros expusieron en el auditorio de la Universidad de Piura (Udep) el taller “Reconstrucción: Riesgo y resiliencia”.

Como parte de las propuestas tras El Niño Costero en la zona norte del país, los holandeses disertaron sobre la necesidad de afrontar el proceso de reconstrucción con un plan a corto y largo plazo, aplicando la capacidad de superar situaciones adversas como las vividas el último verano: lluvias, desbordes e inundaciones.

El embajador de los Países Bajos, Wiebe de Boer, destacó la conformación de una Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, sostuvo la importancia de aprender a “convivir con el agua” en vez de combatirla, e indicó que su país tiene mucho interés de cooperar con el nuestro.

“Nosotros también hemos vivido este tipo de circunstancias hace más de 60 años, con una inundación que costó la vida a más de 2 mil personas. Demoramos casi 40 años para reponernos e inyectar suficiente resiliencia en eso. Nos ocurrió a nosotros que tenemos más de 800 años de experiencia en la administración del agua. Antes de tener reyes ya contábamos con un Consejo del Agua”, comentó el embajador.

Iris Bijlsma, de la consultora Arcadis. (Foto: Udep)

Asimismo, Iris Bijlsma, representante de la consultora Arcadis, expuso ejemplos de ciudades que aprendieron a convivir con la naturaleza y lograron proyectar su crecimiento atendiendo la prevención: Nueva York (EE.UU.); Katwijk, Scheveningen, Ámsterdam (Holanda); Wuhan (China); Sao Paulo (Brasil); Cauca (Colombia); entre otras.

“No se trata de copiar y pegar modelos, sino de tener en cuenta principios básicos que pueden servir para la planificación de una ciudad, en la que todos deben participar”, explicó Bijlsma. Dichos principios son: capacidad, financiamiento, regulaciones, innovación, datos e información, integridad y transparencia, confianza y compromiso, monitoreo y evaluación, roles claros y responsabilidades, sistema de escalas apropiado y coherencia política.

El rector de la Udep, Sergio Balarezo, dijo que se debe considerar que los proyectos tengan no solamente un retorno económico sino sobre todo social, “ese es el gran cambio que esperamos todos los peruanos”. En el taller participaron también Henk Ovink, embajador del Agua de Holanda, y los especialistas Mario Cerutti, Otto de Keizer y Kees de Jong, quienes dialogaron con los representantes del Gobierno Regional y funcionarios invitados.

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Escribe: Carlos Chunga

El ministro de Vivienda descartó financiar a las familias que ocupen zonas vulnerables por las lluvias. ¿Comparte esta posición?

Creo que hay que empadronar a esas familias, darles oportunidad de una mejor ubicación, que tengan oportunidad de una propiedad privada y bono de reconstrucción. No es un premio, sino una realidad. La alternativa es desalojar pero darles alternativas. Es la forma más inteligente y con menos conflicto social.

Sin embargo, hay familias que se niegan a ser reubicadas.

Hay personas que no quieren ser evacuadas y quieren permanecer en el lugar que están. Los mayores damnificados que se han reportado están en Piura y Paita, 3.400 familias en total. Ahora las condiciones van empeorando, son más difíciles, hay más lluvias, y estas personas cada vez tienen peores condiciones [para vivir], tienen hijos pequeños y ancianos. Hay que tener campamentos cerca para atenderlos, tenemos que pensar en darles un lugar donde ellos puedan migrar.

Usted habló de dos terrenos de 100 hectáreas cada uno, destinados a la reubicación. ¿Cómo va ese trámite?

Son terrenos con fines agrícolas, y como esto es algo que tenemos que incorporarlo al plan de expansión urbana, tenemos que migrar esto a la SBN (Superintendencia de Bienes Nacionales) para que lo asigne de nuevo al gobierno para uso urbano. Ese trámite burocrático es el que me está faltando para hacer realidad y volar con este tema. Pero ya estamos trabajando.

¿Se puede saber dónde están esos terrenos?

No puedo decir. Si digo, lo invaden, llega la gente. Es mejor dejarlo ahí. Solamente tengan la seguridad de que estamos trabajando y haciendo todos los trámites para poder conseguir que esto sea apropiado y sea la mejor solución para muchas familias.

En general, ¿cómo evalúa la respuesta de la población?

En estas circunstancias, todos estamos muy molestos, todos tenemos bronca, todos estamos realmente cansados de la lluvia todos los días, de perder cosas a diario. Las autoridades somos el blanco de todo el mundo. Es totalmente entendible. Yo asumo la cólera que tienen, pero estoy haciendo mi trabajo, que creo es lo más importante. Estoy contento con mi trabajo.

¿Alguna acción en particular o pendiente que quite el sueño?

Mi trabajo ahora, más que ver el desalojo de las lagunas, que lo estamos haciendo con bombas, es que no se salga el río. Si el río se desborda —lo hemos visto en Lima y Trujillo—, sería una desgracia mayor, nada comparada con la que estamos pasando ahora. Ahí no tienes dónde evacuar el agua, no tienes adónde ir, pierdes campos de cultivo, casas, parque, canal, animales, todo. Lo que estoy tratando es que nuestros ríos no se desborden y generen una mayor cantidad de damnificados, como fue en el 98, como fue en el 83.

Es comprensible, entonces, la desesperación de la gente en la calle, en las redes sociales…

Lo entiendo y además me solidarizo con esa desesperación, y créanme que estoy tratando de usar el mayor número de recursos que tengo como Gobierno Regional para que tengan el menor impacto posible del que ya han tenido.

¿Considera que hay gente que no aporta?

Hay mucha gente que está en su casa con una computadora, mandando mensajes y diciendo “no hacen nada”, y ellos están sentados, con su computadora y no hacen nada. Realmente ahorita es cuando necesitamos solidaridad de todos los piuranos para poder participar en ayudar a la gente que está damnificada. Creo que eso ayudaría más ahora —unión y acción de esa gente— que criticar, porque nada ganamos criticando, más bien tenemos que actuar para salvar a las personas que están en apuros.

*Puede ver la entrevista completa aquí

carlos.chunga@elpiurano.pe

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