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Cuestionan instalación de Comisión Regional Anticorrupción de Piura
Carlos Chunga
Este jueves fue instalada la Comisión Regional Anticorrupción de Piura, luego de ocho meses de estar paralizada. La primera sesión del año se realizó con presencia de autoridades y representantes de instituciones públicas en la sede del Gobierno Regional Piura.
En el evento se tomó juramento a la presidenta de la Junta de Fiscales de Sullana, Gladys Péndola, como presidenta de la comisión. Esta, a su vez, asumió temporalmente el cargo de secretaria técnica, dado que este aún se encuentra vacante.
Esa situación ameritó cuestionamientos tanto hacia el gobernador Servando García como al Consejo Regional, debido a que a ellos corresponde la propuesta y designación de un secretario técnico anticorrupción, que no lo hay desde el inicio de la actual gestión.
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Susana Silva, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), quien asistió al evento, lamentó que el trabajo de lucha contra la corrupción haya sido relegado en la región Piura.
“El secretario técnico tiene que ser designado a propuesta del Consejo Regional, y eso no se ha efectuado. Piura tiene que retomar el liderazgo que ha tenido en los últimos años, la región ha sido ejemplo de cómo se ha articulado, y eso debe retomarse”, consideró Silva Hasembank, también secretaria técnica de la Comisión Nacional Anticorrupción.
En tanto, Gladys Péndola se mostró preocupada por el retraso en el trabajo de la Comisión Regional Anticorrupción. “Hemos tenido dificultades, pero en la reunión de hoy hemos acordado exhortar al gobernador y al Consejo Regional para que, en un plazo de 30 días, designe a un secretario técnico, porque él es quien ejecuta los acuerdos”, dijo.
Hace dos semanas, el gobernador García encargó temporalmente la secretaría técnica al abogado José Martínez Gómez, actualmente jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, pese a que el Consejo Regional le retiró la confianza por tener familiares en la gestión.
Para el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Jorge Alva, si no se designa secretario técnico en el más breve plazo, el gobernador y el Consejo Regional incurrirían en el delito de omisión de funciones. “Podemos sesionar y asumir compromisos, pero sin secretario no tendremos un ejecutor, y las sesiones se van a quedar en el papel”, sostuvo.
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El último secretario técnico anticorrupción fue el abogado Jaime Távara Alvarado, quien estuvo en el cargo hasta octubre del 2018, cuando los consejeros oficialistas le retiraron la confianza en medio de un escándalo por desvío de fondos en el sector Educación.
En opinión de Távara, la reciente instalación de la Comisión Regional Anticorrupción ha sido “solo un acto protocolar y para la foto”, ya que ni él ni la última presidenta del grupo de trabajo, Carolina Delgado, fueron invitados para realizar una transferencia del cargo e informar los avances y los temas que quedaron pendientes.
“En estos ocho meses no ha habido coordinación con nadie para hacer una entrega formal del cargo, no hemos podido informar lo que hicimos y lo que queda pendiente. Nadie nos convocó para la sesión de hoy”, protestó Jaime Távara.
La Comisión Regional Anticorrupción fue creada por Ley 29976 e implementada en Piura con la ordenanza regional N° 263-2013. Lo integran el gobernador regional, el consejero delegado, los ocho alcaldes provinciales, los presidentes de las juntas de fiscales de Piura y Sullana, los presidentes de las cortes de justicia de Piura y Sullana, el secretario técnico, el presidente del CONREDE, un representante del Consejo de Coordinación Regional, un representante de la Cámara de Comercio y Producción de Piura y el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura (este en calidad de observador).
Entre sus funciones están: proponer políticas de corto, mediano y largo plazo para la lucha contra la corrupción, aprobar el Plan Regional de Lucha Contra la Corrupción 2019-2022, fomentar y propiciar una cultura de valores, coordinar con las entidades regionales sobre temas anticorrupción y fomentar la participación ciudadana.
En la sesión realizada este viernes, se aprobó por unanimidad incorporar como miembros a los representantes de la oficina de la Contraloría en Piura y las procuradurías públicas anticorrupción de Piura y Sullana.
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