Por ese motivo, el Minem decidió incluir en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC) a los carburantes que son de gran uso entre los segmentos de menores ingresos de la población.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 002-2022-EM, difundido hoy en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, se incorpora por un período de 3 meses, la gasolina de 84 y 90 octanos y el gasohol de 84 octanos en el FEPC. 

La normativa también señala que se estabiliza hasta fines de abril la banda de precios del diésel en el FEPC. Cabe señalar que, actualmente, este fondo ha evitado que el precio de ese combustible se eleve en el mercado local  3 soles por galón, amortiguando de esa manera el efecto de los mayores precios internacionales.

Asimismo, se incorpora, temporalmente, al Diesel 2 y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) a granel en el Fondo de Estabilización, debido a que este último es un combustible muy utilizado entre los taxistas y otros transportistas.

El referido decreto también modifica la operatividad del GLP en el Fondo de Estabilización de los Precio de los Combustibles, así el incremento no será de 10%, sino que será gradual, y en un nivel de 3.5%.

Además, el GLP utilizará como referencia el Precio de Paridad de Exportación en vez del Precio de Paridad de Importación, lo cual permitirá que su costo se reduzca.

Ello, debido a que la mayor parte de la venta de este combustible corresponde a producción nacional.

Cabe precisar que el FEPC fue creado en el 2004 para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade a los precios de los consumidores peruanos, creando una banda de precios que limite su variación con un precio máximo y un precio mínimo.

El Decreto Supremo entra en vigencia a partir de mañana martes 29 de marzo de 2022.

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Estos recursos, que son utilizados por los gobiernos regionales de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, contribuyen de manera importante a la continuidad de las actividades productivas y la lucha contra la pandemia del Covid-19.

Las transferencias por Canon Minero en el 2021 para estas regiones del norte del país, se alcanzó una cifra superior a los S/ 454 millones; mientras que por el concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales, entre enero y diciembre, sumó más de S/ 168 millones, situación alentada por los altos precios de los metales y la mayor producción minera. En lo que respecta a Derecho de Vigencia y Penalidad, estas regiones recibieron un monto que supera los S/ 48 millones.

Entre las regiones integrantes de la Macro región Norte que recibieron más recursos se encuentra en primer lugar Cajamarca con más de S/ 360 millones; seguida de La Libertad con más de S/ 289 millones.

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No obstante, la empresa Apumayo pidió al Gobierno y sus autoridades que se brinden las garantías jurídicas para que “se establezcan los canales de comunicación responsables que permitan una mesa de diálogo objetiva; que nos lleven a soluciones pacíficas”.

Por su parte, Hochschild, filial de Ares (Inmaculada y Pallancata), extendió “un llamado a la primera ministra para que aclare los alcances reales del acta suscrita en Cora Cora y, además, reconsidere la posición ilegal adoptada”.

Ante ello, el viceministro de Minas, Jorge Chávez, anunció que se convocará a las tres empresas mineras que operan los cuatros proyectos para que las compañías les expliquen su plan de cierre de minas que ellos mismos han establecido.

Pido tranquilidad a las empresas mineras, que nos sentemos a conversar, para que ellos puedan de una u otra manera presentar su plan de cierre de minas, los documentos son para cumplirlos

Jorge Chávez

El exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave explicó que lo anunciado por la premier no es irregular, pues se está cumpliendo con el cronograma del Plan de Cierre de Minas que las propias compañías establecieron desde el inicio de operaciones y que fue aprobado mediante resoluciones ministeriales.

Fuente: La República

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A través de la resolución suprema N° 007-2019 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), publicada este viernes en el diario oficial El Peruano, se establece que Gasnorp ha cumplido con los requisitos solicitados para la concesión y, por lo tanto, se autoriza a la Dirección General de Hidrocarburos firmar el contrato con dicha empresa.

A pesar de que la empresa Gastalsa se opuso al contrato e interpuso una medida cautelar para que el gobierno no proceda con la concesión a favor de Gases del Norte, el tema judicial fue superado y por ahora no existe impedimento legal para iniciar la masificación de gas natural a los domicilios piuranos.

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En su propuesta para los primeros ocho años de la concesión, Gases del Norte pretende invertir hasta 159 millones de dólares, es decir más de 500 millones de soles, para distribuir el recurso de forma comprimida a través de 250 kilómetros de ductos y brindar el servicio a unas 64 mil familias de cinco provincias: Piura, Sullana, Paita, Talara y Sechura.

El costo del gas a domicilio aún está por definirse, pues el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tendrá que aprobar los precios mediante audiencias públicas. Sin embargo, según la propuesta de la empresa, hay dos posibles tarifas.

La primera considera la demanda de la central Malacas en Talara, donde están los ductos que extraen el gas natural. Incluyendo esta central, el precio del recurso sería S/. 14,60 al mes. Mientras que sin Malacas, el precio aumentaría a S/. 17,00 mensuales.

Asimismo, las familias también tendrían que pagar por la conexión del servicio, un costo único no mayor de 300 dólares. Sin embargo, el 50 % de este precio será asumido por el Fondo de Inclusión Social Energético, el denominado FISE. Y cabe la posibilidad de que el otro 50 % sea financiado por el Estado, de modo que las familias no pagarían nada por la instalación de los ductos en sus viviendas.

La empresa Gases del Norte ha dicho que sus clientes especiales serían empresas pesqueras, generadores eléctricos y la refinería de Talara. Y los clientes generales serían los transportistas y las familias que vivan en residenciales o departamentos, del nivel económico A y B.

A partir de la firma del contrato, Gases del Norte tendrá dos años de plazo para empezar a brindar el servicio.

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En diálogo con los gremios de pesca industrial, Pedro Arce, gerente de Planeamiento y Control de Gestión de Perúpetro, explicó que en el lote Z-65, ubicado en frente a las costas de Paita y Sechura, “no hay ningún descubrimiento, ninguna certeza de que existen hidrocarburos”. Esta es la razón por la que el gobierno anterior creyó conveniente permitir una exploración.

Bajo dicho argumento, representantes de los pescadores industriales indicaron que sin ninguna certeza o prueba de la existencia de hidrocarburos, sería una pérdida de tiempo realizar actividad sísmica en el mar, afectar el ecosistema marino y las actividades pesqueras. “Si no hay certeza de que hay petróleo entonces ¿por qué poner en riesgo la pesca? La pesca y el petróleo no son compatibles”, sentenció Merardo Vite, representante del gremio pesquero industrial de Sechura.

En el mismo sentido, Fidel Periche, presidente del Comité Multisectorial que defiende la bahía de Sechura, advirtió que sí se aprueba la exploración en el litoral se afecta la pesca artesanal e industrial, porque la actividad sísmica afecta el desove de los peces. “Los decretos supremos no son compatibles con nuestra pesquería. (Si se hace exploración), se acaba con las especies de consumo humano directo e indirecto como la anchoveta”, explicó el pescador.

Los pescadores industriales le hicieron saber al ministro de Energía y Minas el temor de que la actividad sísmica afecte sus actividades económicas. Foto: Rita García.

Por su parte, Carlos Bancayán, representante del Consejo Provincial de la Pesca en Sechura (Copropesca), precisó que hasta el momento no existe ningún estudio de impacto ambiental que brinde alcances sobre los posibles riesgos en la pesca artesanal e industrial si se ejecuta una exploración de hidrocarburos. “Le exigimos al gobierno un estudio concluyente sobre los efectos de la exploración y explotación de petróleo en el litoral peruano”, dijo.

Al respecto, Pedro Arce, aclaró que según la Ley N°26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, se exige estudio de impacto ambiental y planes de contingencia a la empresa concesionaria de los lotes, una vez que ésta ha identificado qué punto del lote va a explorar. Sin la aprobación y socialización de dichos estudios, la empresa no puede ejecutar ninguna acción.

Sin embargo, Arce no descartó la existencia de riesgos sí se desarrolla una exploración en un determinado punto del lote Z-65. “Los riesgos existen, pero muchos de ellos pueden estar cubiertos. Estamos en una realidad distinta, no puedo decirles que no hay riesgos pero sí que ahora existen planes de contingencia para disminuir los riesgos”, expresó.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes aclaró que no se ha firmado ningún contrato con la empresa Tullow Perú, quien pretende explorar y explotar hidrocarburos en cinco lotes del litoral peruano. Ísmodes apuesta por el diálogo con los pescadores del norte del país. Foto: Rita García.

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