Según se informó, el municipio pagó por el insumo de servicio de bomba para concreto premezclado que está incluido en una de las partidas de la obra, pese a que el consorcio ejecutor no realizó dicho servicio, con lo cual no solo generó el perjuicio económico señalado, sino que vulneró los principios de eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones del Estado.

La comisión auditora advirtió oportunamente a la comuna que el contratista venía incumpliendo la obligación relacionada a este servicio, conforme a las especificaciones del expediente técnico. Sin embargo, la municipalidad efectuó los pagos de once valorizaciones (entre setiembre de 2019 a diciembre 2020), las cuales fueron aprobadas, tramitadas y autorizadas por la supervisión de la obra, inspectores de obra y funcionarios municipales, a pesar de tener conocimiento que no había sido aplicado en el proyecto.

Los auditores recomendaron iniciar acciones penales y/o administrativas contra cuatro exfuncionarios ediles de la Municipalidad Provincial de Sullana: Hamilton Guinochio Ricaldi (subgerente de obras), Arturo Ramos Rivas (gerente de Desarrollo Urbano), Wilmer Farfán Mariñas (subgerente de obras) y Jesús Rojas Ochoa (supervisor de obras).

De esta manera, las personas involucradas en los hechos favorecieron al consorcio al aprobar, tramitar y/o autorizar estas valorizaciones de la obra, así como otorgar la conformidad a las mismas, no adoptando las acciones correctivas que fueron alertadas en el servicio de control concurrente.

Obra

En el año 2018, la municipalidad firmó contrato con la empresa ganadora del procedimiento para ejecutar la rehabilitación del Canal Vía, considerado una infraestructura importante por donde se evacúan las aguas pluviales en épocas de lluvias de la ciudad de Sullana. La inversión es financiada con el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios y superaba los S/ 16.9 millones y su plazo de ejecución de 300 días calendario se inició el 13 de diciembre de ese año.

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Señaló que, durante sus acciones de fiscalización como regidor, no ha encontrado suficiente apertura en el acceso a la información por parte de los funcionarios municipales respecto a presuntos actos irregulares.

“Estos hechos no son aislados, lo que significa que las cosas no marchan bien. La función del regidor es fiscalizar y se necesita acceso a información para poder determinar alguna responsabilidad y poder denunciar ante órganos competentes como la Contraloría o la Fiscalía”, sostuvo Brossard del Rosario.

Agregó que constantemente recibe denuncias de presuntas irregularidades y, en su trabajo de fiscalización, ha encontrado vicios en algunos procesos. Fue el caso, por ejemplo, de la obra del Canal Vía, que advirtió en su momento y donde la Contraloría halló recientemente un perjuicio económico de más de 2 millones de soles.

El regidor indicó que actualmente viene recabando información respecto a la habilitación urbana de un terreno para un nuevo proyecto inmobiliario en la provincia de Sullana. “Si se frustra, no es porque yo me esté prestando a algún interés. Yo he recibido denuncias y estoy actuando responsablemente cumpliendo con mis obligaciones”, dijo Fernando Brossard a elpiurano.pe.

Añadió que seguirá de cerca los avances en las investigaciones a la gestión y que evaluará qué acciones tomar frente a la poca transparencia que existe en la municipalidad.

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Según Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Minsa, Sullana tiene una población priorizada de 283 934 personas, de los cuales el 90.2% ya cuenta con su primera dosis, siendo la primera provincia en alcanzar este hito. Además, el 80.7% han recibido la vacunación completa (dos dosis) contra la Covid-19. Aún resta por inmunizar a cerca de 55 mil personas.

Los distritos de esta jurisdicción que también han alcanzado la meta son Salitral (94.9%), Querecotillo (93.9%), Marcavelica (93.0%), Bellavista (90.5%) e Ignacio Escudero (90.1%).

Mientras que Sullana y Miguel Checa están muy cerca de seguir con este ritmo de vacunación en primera dosis, y Lancones tiene una brecha de más de 3.500 segundas dosis.

Otras provincias

Las provincias de Talara y Paita han alcanzado la vacunación de primeras dosis en el 89.7% y 89.1% de su población objetivo, respectivamente. No obstante, es la provincia portuaria la que ha logrado inmunizar al 80.6%, mientras que Talara aún registra el 70.5% de segundas dosis.

Por su parte, Piura (88.9%), Sechura (86.1%) y Morropón (83.9%) también muestran un importante avance que les permitirá alcanzar el récord logrado por Sullana en las próximas semanas.

Ayabaca y Huancabamba aún están por debajo del 70% en primera dosis y del 50% en segunda dosis. En estas provincias se ha previsto reforzar la vacunación con apoyo logístico que garantice también la aplicación de dosis de refuerzo a la población vulnerable.

Dato: A nivel de región, Piura registra un avance de vacunación de 85.3% de primeras dosis y 72.2% de aplicación de segundas dosis a su población objetivo.

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Según informó el diario El Comercio, el recurso está comprendido en el proceso de habeas corpus presentado en diciembre del 2016 y que estaba dirigido contra el magistrado Carlos Lindo Yajamanco, titular del Juzgado Unipersonal de Investigación Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana.

La sentencia, dictada en noviembre del 2016, condenaba a Jaime Bardales a 13 años y 8 meses de prisión, al hallarlo responsable de los delitos de colusión agravada y falsedad ideológica, por el caso del estadio Campeones del 36.

En abril del 2018, esa sentencia fue reformada a 7 años por la Sala Penal de Lima Centro. Más tarde, la demanda de habeas corpus fue declarada fundada en parte por el juez Luis Vásquez Dioses, hoy suspendido por la OCMA. Por esta decisión viene siendo investigado por el Ministerio Público.

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La Sala Penal de Apelaciones de Sullana logró revocar el fallo del juez Vásquez y declaró infundado el habeas corpus. Frente a ello, la abogada y esposa de Jaime Bardales, Juana Ramírez , interpuso un recurso de agravio constitucional a fin de que el TC revise y anule la sentencia.

Sin embargo, el TC ha considerado que este recurso “no está referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional”, por lo cual ha desestimado el requerimiento de la defensa del ex alcalde. Con ello, la estrategia legal de Bardales será apelar a la Corte Suprema de Justicia.

Jaime Bardales Ruiz fue hallado responsable de delitos de corrupción en relación con la obra de construcción de la tribuna oriente del estadio municipal Campeones del 36, en el año 2009. Esto provocó un desfalco superior a los S/8 millones en perjuicio del Estado.

Hoy el ex alcalde está incluido en la lista de “Los Más Buscados” del Ministerio del Interior. Por información sobre su paradero se ofrece S/ 50,000.

Con él fue sentenciado a 11 años de prisión el ex administrador municipal Leonel Humberto Puruguay Bueno, también prófugo de la justicia. A él también alcanza la improcedencia del recurso de agravio constitucional que presentó la abogada Juana Ramírez Aponte.

La resolución del TC está firmada por los magistrados Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza-Saldaña.

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Este juzgado fue creado en noviembre del 2016, al añadírsele funciones de anticorrupción al despacho ordinario, mediante resolución administrativa 276-2016. La magistrada Alma Garay Pinday empezó teniéndolo a cargo, con competencia en las provincias de Ayabaca, Sullana y Talara.

Sin embargo, solo tres meses después, en febrero del 2017, Garay fue reemplazada por el magistrado Carlos Cristian Muñoz Alfaro, quien hasta esa fecha se desempeñó como juez de paz letrado con funciones de investigación en Ayabaca.

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No pasaron ni dos años y Muñoz fue cambiado, en enero del 2019, por el magistrado Juan José Albán Parra, quien había tenido a cargo el Juzgado de Paz Letrado de Los Órganos.

Allí, una de sus resoluciones más conocidas es el fallo de hábeas corpus que favoreció a nueve ex funcionarios de la gestión de Félix Moreno, ex gobernador regional del Callao, que habían sido inhabilitados por la Contraloría por un caso de corrupción.

Según fuentes de elpiurano.pe, Juan José Albán ya tiene las horas contadas en el juzgado anticorrupción y será cambiado por el magistrado Jorge Andrés Nole Sócola, actualmente titular del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Talara.

La decisión vendría del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tras evaluar los resultados de Albán en el manejo de los casos, la mayoría complejos. El juez, en tanto, no ha visto con buenos ojos la noticia, pero no tiene otra opción que acatar lo dispuesto.

PREOCUPACIÓN

Con fecha 6 de mayo del 2019, los seis fiscales anticorrupción de Sullana sostuvieron una reunión extraordinaria para abordar el tema y mostrar su preocupación. Según un acta de acuerdos, al que tuvo acceso elpiurano.pe, el propio Albán Parra comunicó su cambio el pasado 30 de abril, tras conversar personalmente con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Jorge Alva Inga.

“No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por las consecuencias colaterales que estos constantes cambios vienen generando, pues designar a un magistrado que no es de la especialidad conllevaría a que este pase por un proceso de adaptación al subsistema anticorrupción de por lo menos un año”, se lee en el documento, de carácter reservado.

“Existen en trámite varios procesos con audiencias ya iniciadas, y que por su complejidad se vienen llevando a cabo en varias sesiones, y que con este cambio se tendría que retomar la audiencia desde el inicio, con la pérdida de tiempo que ello generaría”, agrega.

Entre los casos más conocidos se encuentran, por ejemplo, el del ex alcalde de Ayabaca Humberto Marchena, acusado de colusión y negociación incompatible; el de la alcaldesa de Lobitos, María Chapilliquén, imputada como cabecilla de una organización criminal; la investigación a dos policías de Carreteras de Sullana implicados en un cobro de coima; y el presunto desvío de fondos en la Ugel Ayabaca. Algunos datan de hace cuatro años.

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El problema del lento avance en el desarrollo de casos como estos no es, sin embargo, un asunto únicamente del juez, sino de la carga que soporta el juzgado en general, dado que, al ser este transitorio y no permanente, no se aboca únicamente a los casos de corrupción de funcionarios, sino también a procesos comunes.

Es decir, la solución a la problemática, han señalado los fiscales anticorrupción, no pasa por cambiar al juez ─una salida facilista que termina siendo contraproducente─, sino por fortalecer el órgano jurisdiccional.

Tanto el magistrado Juan José Albán como el titular de la Corte, Jorge Alva, han evitado pronunciarse específicamente sobre los cambios de jueces. Este último, no obstante, ha indicado en la víspera que en el módulo penal hay un déficit de 31 plazas.

“Se está pasando esa información a la gerencia general (del Poder Judicial), para que sean considerada en el presupuesto del 2020. Esperamos que sea así, porque parte del problema para atender la carga procesal es la falta de personal”, sostuvo Alva Inga en su momento.

La población, mientras tanto, se mantiene a la expectativa de los procesos penales en los que hay autoridades y funcionarios imputados que, según las evidencias, hicieron un uso ilegítimo de su cargo y se aprovecharon irregularmente de las arcas públicas.

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Escribe: Rolando Chumpitazi

De pronto, el esplendoroso sol del día se opaca y una masa enorme de nubes grisáceas ensombrece el panorama. Yoshida Cuibin sabe que cuando ello sucede, debe correr inmediatamente hasta su barrio en La Videnita, en el sector oeste, para tratar de poner a su familia y sus enseres a salvo.

A algunos kilómetros más allá, en el centro e la ciudad, Ezequiel Ochoa contempla cómo las aguas -de lluvia entremezcladas con las del desagüe- discurren por el Canal Vía, frente a su casa. “Este olor es insoportable, eso es lo que mas me mortifica”.

A pocos pasos, un niño corretea como si nada en las aguas del Canal Vía. “Estamos inmunizados ya, tantos años de esta situación sin solución que ya nos adaptamos”, relata don Ezequiel, desde su vivienda de la calle Santa Julia, en la zona conocida como Cola de Alacrán.

Yoshida nos da el alcance frente a la laguna en que se ha convertido el campo deportivo de La Primavera, donde junto a un colega de la prensa extranjera, reportábamos en foto y vídeo la situación.

“Acá (La Primavera) estuvo feo también, mucha agua ha entrado a las casas, pero el sol, los vecinos y una motobomba los ha ayudado”, dice ella. “Donde yo vivo sí estamos fregados”, se lamenta.

Campo deportivo de La Primavera, totalmente inundado (foto: elpiurano.pe)

Barro, lodo y espera

La Videnita es un enorme terreno propiedad del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que fue invadido hace siete años por unas 400 familias, entre ellas de las Yoshida. Tiene un muro colindante y dos vías de acceso, una de ellas obstruida por el lodo. La zona está en desnivel, es decir, por debajo del nivel de la calle, lo que le hace vulnerable a la hora de la lluvia y la posterior inundación. (puedes ver la transmisión en vivo haciendo clic aquí)

Las casitas multicolores -debido a lo dispar de los materiales con que están levantadas- se suceden una tras otra en largas filas desiguales. Unas son de quincha, otras de adobe. Varias de calamina o triplay. Una que otra, de material noble.

“Así estamos desde el lunes. Nos la pasamos toda la madrugada sacando el agua y ya cuando amaneció el sol ayudó a que se secara”, dice Yoshida, rodeada de varias vecinas -además de niños, niñas y uno que otro anciano- quienes claman por ayuda.

“El concejo nos envió una motobomba, pero está averiada. Nosotros pedimos arena para poder rellenar el lugar y que no se inunde. Nosotros mismos estamos comprando volquetadas de arena y piedra para resguardar nuestras casas porque el agua va a seguir cayendo”, dice.

Junto a ella ingresamos a varias casas donde el predominante es el barro. Camas, enseres, ropa, todo está mojado, en muchos casos inservible. “He tenido que dormir parado, como el gallo”, dice un vecino que ha perdido todo, pero no el humor.

Saliendo de La Videnita con rumbo a Paita y alrededores, pasamos por Nuevo Sullana, donde un inmenso aniego se ha formado al pie de la avenida donde se erige la sede de la Corte Superior local. Mientras un camión drena el agua y algunos autos y mototaxis hacen malabares para pasar por el agua, contemplo la imagen del edificio jurídico sobre el agua de lluvia y desagüe, y no puedo hallar un mejor simbolismo a lo que está pasando en el país.

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Textos y fotos: Carlos Chunga

Durante su primera visita a Piura en lo que va de su gestión, el presidente Pedro Pablo Kuczynski mostró su interés de intervenir la empresa de agua y saneamiento EPS Grau y anunció cambios en su directorio para mejorar el servicio. Esta propuesta es factible en tanto el Estado es el mayor acreedor de toda la junta que preside la EPS Grau y le corresponde nombrar directores.

El mandatario calificó como “una cochinada” el sistema de alcantarillado en la provincia de Sullana. Allí, en el distrito de Bellavista, comprobó que las aguas residuales son vertidas al río Chira, cuya agua tratada en El Arenal abastece luego a la población de Paita, Talara y a la parte baja del valle del Chira.

El presidente recomendó a la población lavarse adecuadamente las manos para evitar el cólera.

Por ello anunció una “medida de urgencia” para limpiar la planta de tratamiento de agua en Sullana. “Tenemos que implementar los proyectos, no tenerlos en un cajón. El desagüe no puede ir al río”, aseveró Kuczynski, acompañado del premier Fernando Zavala, el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, y las ministras de Justicia y de Inclusión Social, Marisol Pérez Tello y Cayetana Aljovín, respectivamente.

El jefe de Estado tomó conocimiento del colapso de 28 km de colectores en Sullana.

La propuesta de intervenir la EPS Grau busca ampliar la cobertura de agua potable, mejorar la distribución e impulsar una planta de tratamiento de aguas residuales.

“La solución es concesionar (el servicio) a una empresa que sea especialista en el manejo de agua y pueda invertir, es un planteamiento que vengo haciendo desde hace dos años. El Estado en 25 años no ha podido manejar este problema”, explicó Hilbck a elpiurano.pe, el único medio regional en seguir a la comitiva presidencial durante todo su periplo.

Reynaldo Hibck -aquí acompñado del premier Zavala- reiteró su propuesta de concesionar la EPS Grau.

El gobernador sostuvo que la planta de tratamiento trabaja actualmente con 500 metros cúbicos por segundo, pero la demanda es mayor y hay un proyecto pendiente para construir una nueva planta de 1.250 metros cúbicos por segundo, con lo cual Sullana y otras zonas cercanas tendrían agua todo el día.

El presidente Kuczynski visitó Sullana luego de encabezar, en el estadio Miguel Grau de Castilla, la distribución de 70 toneladas de ayuda humanitaria a la población damnificada por las lluvias e inundaciones. La ayuda consistió en carpas, calaminas, colchones, frazadas, ropa, baldes, bidones de agua. Dispuso además el apoyo por parte de miembros del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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