La gran mayoría de ellos registra sentencias que establece el pago de una suma de dinero a favor de sus hijos. En otros casos hubo conciliación y otros procesos se encuentran aún en curso.

Las organizaciones políticas con más candidatos denunciados por alimentos son Unidad Regional (27), de Reynaldo Hilbck; Contigo Región (14), de Luis Neyra; y Región Para Todos (13), de Santiago Paz.

Otras organizaciones que acogen este tipo de candidatos son Alianza Para el Progreso (7), Acción Popular (6), Somos Perú (6), Podemos Perú (6), Fuerza Regional (4), Perú Libre (4), Renace (3), Avanza País (1) y Fuerza Popular (1).

El único candidato al Gobierno Regional Piura denunciado por alimentos es Mario Quispe, de Fuerza Regional, movimiento del actual gobernador, Servando García.

Quispe registra cuatro sentencias en esta materia, habiendo sido condenado incluso a dos años de pena suspendida y obligado a pagar 700 soles a favor de su hijo.

Por otro lado, 45 candidatos denunciados por alimentos postulan para ser alcaldes y otros 41, para ser regidores, tanto provinciales como distritales. También hay tres candidatos a consejeros regionales por Piura: Roberth Sánchez, de Unidad Regional; Angler Pazo, de Podemos Perú; y Gonzalo Manchay, de Región Para Todos.

Además, hay dos accesitarios: Cornelio Robledo, de Unidad Regional; y Roberto Castro, de Renace.

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Dos de ellos son del movimiento político Fuerza Regional, del actual gobernador regional de Piura, Servando García.

Ellos son Segundo Luciano Valdiviezo Rodríguez, candidato a alcalde provincial de Piura, y Baltazar Adrián García Merino, candidato a regidor distrital de Castilla.

En el año 2017, Segundo Valdiviezo, conocido como ‘Chano’, fue sentenciado por el delito de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, en contra de su expareja.

La sentencia fue declarada firme y consentida por la Corte Superior de Justicia de Piura, que estableció el pago de S/ 400 a la víctima por concepto de reparación del daño.

Baltazar García es el otro candidato del ‘gallo’ sentenciado por agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar, habiendo debido prestar servicios a la comunidad como parte de su sentencia.

Cabe indicar que Fuerza Regional también postula a Carmen Nima Machacuay, quien en el año 2019 fue denunciada por una colega docente por maltrato psicológico, al cargo de regidora provincial de Talara.

Por este caso el Juzgado de Familia de Talara dictó medidas de protección a favor de la agraviada, prohibiendo a Carmen Nima establecer contacto con ella.

Por otro lado, Wilder José Bocanegra Ojeda, candidato de Contigo Región a la alcaldía distrital de Huarmaca (Huancabamba), fue multado en el año 2020 por haber incurrido en agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar.

En tanto, Silvia Marlene Olivos Palacios, candidata a regidora distrital de Veintiséis de Octubre por el Partido Patriótico del Perú, fue sentenciada en marzo de 2022 a reparación civil y trabajo comunitario por el delito de violencia familiar.

Finalmente, Percy Leonel Yamunaqué Chero, candidato a la alcaldía distrital de La Unión por Perú Libre, registra una pena suspendida del año 2020 por violencia familiar.

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Se trata, en primer lugar, de Ítalo Arturo Cubas Longa, quien postula para regidor distrital de Castilla por Fuerza Popular.

Según información oficial del Poder Judicial, en el año 2007 el candidato fujimorista fue sentenciado por peculado y otros delitos por la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que le impuso una pena de tres años de prisión suspendida, la cual ya fue cumplida.

En tanto, el candidato de Somos Perú a la alcaldía distrital de Amotape, Paita, es Christian Agamenón Bahamonde Villar, quien registra una sentencia del año 2011 por el delito de peculado doloso.

Bahamonde fue sentenciado por un juzgado de Paita a cuatro años de privación de libertad suspendida por tres años, pena que ya fue cumplida.

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Finalmente, también integra esta lista Javier Atkins, quien postula a la alcaldía provincial de Piura por Podemos Perú.

Atkins Lerggios, gobernador regional de Piura en el periodo 2011-2014, fue sentenciado en diciembre de 2019 a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible. Es decir, la pena se encuentra en ejecución.

Según el expediente judicial Nº 488-2015-03-3102-JR-PE-01, la gestión de Javier Atkins favoreció irregularmente a la empresa de uno de sus sobrinos para brindar el servicio de vigilancia en el Hospital de Apoyo II de Sullana.

¿Por qué fueron admitidos?

Ítalo Cubas, Christian Bahamonde y Javier Atkins quedaron inscritos en carrera electoral porque no se presentó solicitudes de tachas en su contra.

Así consta en la resolución Nº 00591-2022 del Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura, que señala que “durante el período de tachas no se ha formulado ninguna tacha contra la lista y/o candidatos admitidos”, por lo cual se resuelve inscribir la lista de Fuerza Popular en Castilla, que incluye a Ítalo Cubas como candidato a primer regidor.

Igual considerando se lee en las resoluciones Nº 00635-2022 y 00914-2022 del JEE Piura, que admiten, respectivamente, las candidaturas de Christian Bahamonde a la alcaldía de Amotape por Somos Perú y de Javier Atkins a la alcaldía de Piura por Podemos Perú.

Es importante señalar que Perú Libre también presentó dos candidatos con sentencias por peculado, colusión y malversación de fondos, pero ya fueron retirados de carrera electoral. Se trataba de Remigio Castillo y Juan Francisco Lizana, quienes postulaban para alcalde y regidor del distrito de San Miguel de El Faique, Huancabamba, respectivamente.

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“Estamos expuestos a una inundación. Si hoy ocurre un Fenómeno del Niño, el río [Piura] se sale. El año 98 el río soportó [un caudal de] 5000 m³/s y hoy no soporta ni la mitad. El riesgo de inundación es latente”, afirmó Santiago Paz el pasado 14 de septiembre.

Fact-checking electoral

El río Piura permanece seco la mayor parte del año, pero aumenta su caudal durante los primeros meses, debido a la presencia de lluvias.

En algunos años como 1982 o 1998 hubo fuertes precipitaciones que llegaron a provocar inundaciones, como parte del Fenómeno del Niño. Esto también ocurrió recientemente en marzo de 2017.

Según la tesis académica “Caudales de diseño en el río Piura y su variación histórica ante el Fenómeno El Niño”, antes de 1983 el río tuvo un caudal de diseño aproximado de 2500 m³/s, y después de 1983 el río tuvo un caudal de 3200 m³/s en la presa Los Ejidos.

La tesis, elaborada en el año 2010 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, muestra además que el máximo caudal que ha soportado el río Piura fue en 1997-1998.

En ese periodo se registró un caudal máximo de 3900 m³/s. Según la tesis, “de sobrepasar dicho valor, la presa Los Ejidos habría colapsado”.

Siendo así, la afirmación del candidato Santiago Paz, de que en “el año 98 el río soportó [un caudal de] 5000 m³/s, es falsa, ya que, como hemos señalado, ese año el valor máximo fue de 3900 m³/s.

¿Cuánto caudal soporta el río Piura actualmente?

En marzo de 2017 el valor máximo registrado en el caudal del río Piura fue de 3490 m³/s, lo que generó el desborde del río y la inundación de la ciudad y varios centros poblados.

Tras este desastre, se ha ejecutado obras de descolmatación y reforzamiento de defensas ribereñas en el río Piura. Estos trabajos han tenido serios cuestionamientos técnicos, entre ellos que no serían suficientes para ampliar la caja hidráulica.

Según el ingeniero Manuel Farfán, la obra de defensas ribereñas no soportaría un caudal superior a los 2300 m³/s, ya que en algunos tramos el río Piura se encuentra estrangulado e insuficientemente descolmatado.

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A través de un video, el candidato de Región Para Todos aseguró además que la provincia de Paita “está detenida en el tiempo”, por lo que propuso reactivar su economía.

Fact-checking electoral

El puerto de Paita, actualmente operado por Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), es el segundo puerto del país que mueve más contenedores, superando los 320 000 TEU al año.

En cuestión de capacidad, Paita solo es superado el puerto del Callao, operado por APM Terminals, cuya capacidad supera los 2,3 millones de TEU al año y mueve más del 40 % de la carga contenerizada y más del 70 % de la carga general en todo el país.

Después del puerto de Paita, se encuentra el de Pisco, ubicado en Punta Pejerrey, distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica. Este puerto, cuyo nombre oficial es Terminal Portuario General San Martín, moviliza más de 19 mil TEUs anuales de carga.

Después se encuentra el puerto de Matarani, en la provincia de Islay, Arequipa, cuya capacidad de almacenamiento anual es de 300 mil TEU. Más abajo en la lista se encuentran los puertos de Salaverry, Chimbote e Ilo.

Es importante indicar que la TEU es una unidad de medida inexacta utilizada en el comercio exterior para calcular la capacidad de carga de los contenedores.

Siendo así, en cuanto a la capacidad portuaria, la afirmación del candidato Santiago Paz de que “Paita es el segundo puerto más importante del Perú” es verdadera.

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Es el caso de los candidatos Juan Diego Cieza (Fuerza Popular) y Guillermo La Torre (Contigo Región), quienes postulan a la alcaldía distrital de Castilla.

Carteles con publicidad de ambos candidatos vienen siendo colocados en postes de alumbrado público de diversos puntos del distrito, infringiendo las normas de propaganda electoral, ya que eso está prohibido, de acuerdo con el artículo 217.A.4 del Código Nacional de Electricidad y Suministros.

Además, según el artículo 7.5 de la Resolución N° 0078-2018-JNE, constituye una infracción en materia de propaganda electoral “utilizar los muros de predios públicos y privados para realizar pintas, fijar o pegar carteles, sin contar con autorización previa”. Dicha infracción conlleva a un procedimiento administrativo sancionador, como ya ha sucedido en otras oportunidades.

Ya Enosa ha exhortado a los candidatos y organizaciones políticas a evitar colocar propaganda electoral en postes de alumbrado público ante el evidente riesgo de cortes de energía. Corresponde, por tanto, no solo al área de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sino también al de la Municipalidad Distrital de Castilla, hacer cumplir las normas vigentes.

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Esta medida dependerá de la apelación que podría presentar Elera y que está sujeta a un fallo en segunda instancia, en tanto la sentencia debe tener la calidad de consentida y ejecutoriada.

De ser así, Wilmar Elera será reemplazado en el Congreso por José Bernardo Pazo Nunura, exalcalde y exfuncionario de la Municipalidad de Sechura, y varias veces candidato.

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En las elecciones de abril de 2021, Pazo postuló con el número 3 por el partido Somos Perú. Quedó en segundo lugar en esa lista (accesitario), habiendo obtenido apenas 6897 votos, por debajo del hoy sentenciado Wilmar Elera.

Bernardo Pazo Nunura tiene una sentencia que le ordenó devolver S/ 20 567 por cobros que hizo a la Municipalidad de Sechura por concepto de beneficios que, según el Poder Judicial, no le correspondían. Además, registra procesos judiciales por colusión agravada, usurpación de funciones, incumplimiento de deberes funcionales, entre otros.

Pazo Nunura fue regidor y alcalde de Sechura en los periodos 1999-2002 y 2011-2014, respectivamente. En 2002 postuló sin éxito al Consejo Regional por el Partido Aprista. Además, en 2006, 2014 y 2018 fue candidato a la alcaldía de Sechura: las dos primeras veces por el movimiento Sechuranos Unidos, y la tercera por el partido Somos Perú.

Según la información entregada en 2021 al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Bernardo Pazo registra un ingreso mensual de S/ 30 500 y cuenta con un patrimonio valorizado en S/ 1,789,000.

Hijo investigado

El Ministerio Público ha acusado a Renzo José Pazo Pazo, hijo del exalcalde sechurano Bernardo Pazo, de ser responsable en el accidente de tránsito donde falleció Mery Querevalú Eche y donde otros tres jóvenes quedaron heridos.

De acuerdo con la carpeta fiscal Nº 529-2020,las averiguaciones terminaron por convertir al joven conductor en imputado dentro la investigación. Asimismo, fue señalado por el delito de fuga debido a que escapó del lugar del accidente.

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En adelanto del fallo, el juez Ronald Soto Cortez, titular del 7° Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, también condenó a quien fuera el inspector de la obra, Wilder Alexander Mogollón, y al contratista, José Luis Cortegana, quienes, junto con Elera, deberán pagar una reparación civil de S/ 1´100,000.

La obra en Pacaipampa estaba valorizada en más de S/ 3,6 millones, con un plazo de ejecución de 6 meses (180 días calendario). El contrato se firmó en enero de 2012, pero la obra se inició recién en mayo con la entrega parcial del terreno y el expediente técnico sin la firma del proyectista.

La municipalidad distrital había adelantado el 60 % del valor de la obra entre enero y febrero, pero, debido a una mala supervisión y una serie de deficiencias, esta fue paralizada e intervenida económicamente.

Tras un arbitraje, el Estado debió indemnizar al contratista por más de un millón de soles. Además, el avance físico efectuado no correspondía a las valorizaciones presentadas por el contratista y aprobadas por la supervisión.

La lectura integral de la sentencia será el jueves 11 de agosto, día en que el juez especializado expondrá los argumentos que sustentan su fallo.

Cabe agregar que Wilmar Elera García también es investigado por el presunto delito de colusión en el caso de una obra de agua y alcantarillado en el distrito de La Unión, Piura. Por este caso, la Fiscalía solicita 12 años de cárcel para el entonces ingeniero supervisor.

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