Se trata, en primer lugar, de Ítalo Arturo Cubas Longa, quien postula para regidor distrital de Castilla por Fuerza Popular.

Según información oficial del Poder Judicial, en el año 2007 el candidato fujimorista fue sentenciado por peculado y otros delitos por la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que le impuso una pena de tres años de prisión suspendida, la cual ya fue cumplida.

En tanto, el candidato de Somos Perú a la alcaldía distrital de Amotape, Paita, es Christian Agamenón Bahamonde Villar, quien registra una sentencia del año 2011 por el delito de peculado doloso.

Bahamonde fue sentenciado por un juzgado de Paita a cuatro años de privación de libertad suspendida por tres años, pena que ya fue cumplida.

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Finalmente, también integra esta lista Javier Atkins, quien postula a la alcaldía provincial de Piura por Podemos Perú.

Atkins Lerggios, gobernador regional de Piura en el periodo 2011-2014, fue sentenciado en diciembre de 2019 a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible. Es decir, la pena se encuentra en ejecución.

Según el expediente judicial Nº 488-2015-03-3102-JR-PE-01, la gestión de Javier Atkins favoreció irregularmente a la empresa de uno de sus sobrinos para brindar el servicio de vigilancia en el Hospital de Apoyo II de Sullana.

¿Por qué fueron admitidos?

Ítalo Cubas, Christian Bahamonde y Javier Atkins quedaron inscritos en carrera electoral porque no se presentó solicitudes de tachas en su contra.

Así consta en la resolución Nº 00591-2022 del Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura, que señala que “durante el período de tachas no se ha formulado ninguna tacha contra la lista y/o candidatos admitidos”, por lo cual se resuelve inscribir la lista de Fuerza Popular en Castilla, que incluye a Ítalo Cubas como candidato a primer regidor.

Igual considerando se lee en las resoluciones Nº 00635-2022 y 00914-2022 del JEE Piura, que admiten, respectivamente, las candidaturas de Christian Bahamonde a la alcaldía de Amotape por Somos Perú y de Javier Atkins a la alcaldía de Piura por Podemos Perú.

Es importante señalar que Perú Libre también presentó dos candidatos con sentencias por peculado, colusión y malversación de fondos, pero ya fueron retirados de carrera electoral. Se trataba de Remigio Castillo y Juan Francisco Lizana, quienes postulaban para alcalde y regidor del distrito de San Miguel de El Faique, Huancabamba, respectivamente.

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El Primer Juzgado Unipersonal Penal de Sullana lo condenó este lunes por el caso del Hospital de Sullana, que durante los años 2013 y 2014 contrató a la empresa 4M, perteneciente a su sobrino político Víctor Zapata Figallo, para el servicio de vigilancia. Según la investigación fiscal, el contrato se hizo sin haber pasado por un proceso de selección, como lo dispone la ley.

La sentencia es histórica, ya que Javier Atkins se convierte en el primer ex presidente regional de Piura condenado por corrupción.

Con él, también fue condenado Gerásimo Monasterio Álvarez Ato, ex director del hospital, a tres años de prisión suspendida por el delito de colusión simple. Si bien ambos no irán a prisión, deberán cumplir reglas de conducta.

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En tanto, los imputados Mariano Yáñez Cesti (ex director), Henry Alvarado Castillo (ex administrador) y Víctor Manuel Zapata Figallo fueron condenados a 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, previsto en el artículo 384 del Código Penal.

Los sentenciados también fueron inhabilitados de la función pública por el plazo de sus respectivas condenas, y deberán pagar S/ 20 mil de forma solidaria, por concepto de reparación civil a favor del Estado.

La lectura de sentencia estuvo a cargo del juez Omar Reyes Jiménez. Los abogados de los imputados anunciaron que apelarán la sentencia, por lo que esta espera ser confirmada en la Sala Penal de Apelaciones.

Víctor Zapata es sobrino de la esposa de Javier Atkins, Sandra Figallo de Atkins. Durante el 2011 y 2012, su empresa 4M ganó la buena pro para encargarse de la seguridad y vigilancia del hospital de Sullana. En los años siguientes, 2013 y 2014, la empresa continuó prestando servicios sin haber participado de un proceso de selección, tal como se observa en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

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Según la sentencia dictada por el Sétimo Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, la ex autoridad regional no participó en todas las etapas del proceso de contratación de la obra, inaugurada en el año 2013.

Por este caso, la fiscal provincial anticorrupción Jennifer Fernández solicitaba para Atkins diez años de pena privativa de la libertad, luego de una investigación en base a un informe de Contraloría que detectó irregularidades en la licitación y ejecución de la obra, con una sobrevaloración de S/ 4’193.153.

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Junto con Atkins también se eximió de responsabilidad penal a los ex funcionarios Julio Chicoma Huamán (ex revisor del expediente) y Margarita Rosales Alvarado (ex gerenta de Infraestructura). Para los tres el caso se archiva definitivamente.

Sin embargo, el juez Ronald Soto condenó por este mismo caso a Edwin Troya Acha (ex director de Estudios y Proyectos) y Jorsy Hipólito Delgado (ex miembro del comité de licitación) a 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el mismo plazo.

En tanto, Rachid Yessef Altuna (ex revisor del expediente) y Martín Velayos Arredondo (ex representante del consorcio constructor) fueron condenados a 4 años de prisión por el mismo delito, e inhabilitación por el mismo plazo.

Las cuatro personas condenadas deberán pagar en forma solidaria el mismo monto de la sobrevaloración (S/ 4’193.153) por concepto de reparación civil a favor del Estado. Para ellos, dado que no asistieron a la audiencia, se dictó órdenes de ubicación y captura para su internamiento en el penal de Piura (ex Río Seco).

Entre abril del 2018 y marzo del 2019, Javier Atkins se desempeñó como viceministro de Pesca y Acuicultura (Produce). Previo a la lectura de sentencia, se defendió alegando que la investigación se basa en un informe de la Contraloría que sancionó a funcionarios por fallas netamente administrativas.

“A mí la Contraloría me eximió de toda responsabilidad porque confirmaron que no había intervenido para nada en este proceso de adjudicación (de la obra del puente San Miguel). Con ese mismo informe, la Fiscalía inicia una investigación y me imputa responsabilidad penal”, se defendió el ex presidente regional.

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El objetivo del proyecto es irrigar 50 mil hectáreas de cultivo del valle del Alto Piura (31 mil del valle tradicional y 19 mil de tierras nuevas), a través del trasvase de las aguas del río Huancabamba (335 millones de metros cúbicos) al río Piura. Además, se busca generar energía renovable a través de la instalación de centrales hidroeléctricas.

El primero de los cuatro componentes consiste en la perforación de un túnel trasandino de 12,73 km ─de los cuales solo se ha avanzado 2,24 km─ en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, y la construcción de una presa tronera sur. Estos trabajos debieron estar listos en el 2013.

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EL ORIGEN

La empresa brasileña Camargo Correa (actualmente incluida en el caso Lava Jato) fue la primera en contratar con el Peihap para ejecutar la primera etapa del proyecto, que no tenía expediente técnico. El avance fue poco significativo, ya que se enfocaron en tareas previas, como construcción de caminos de acceso, campamentos y líneas de transmisión.

Con banda musical de fondo, la firma del contrato se hizo en el 2010, durante el gobierno del ex presidente Alan García, el premierato de Javier Velásquez Quesquén y la gestión del ex presidente regional César Trelles Lara. Previamente, vía decreto de urgencia N° 033-2009, se había dispuesto “asegurar el financiamiento” de la obra, con S/ 75 millones.

Gerente del #Peihap, Reynaldo Alméstar, explica:

Primera licitación: Camargo Correa (2010-2013). Se le pagó más de S/ 259 millones en total.

Segunda licitación: Obrainsa-Astaldi (2015-2018). Se le pagó más de S/ 154 millones en total.

Avance físico de la obra: 22 % pic.twitter.com/TCzQGRx8ik

— Carlos Chunga (@enriquechunga) May 3, 2019

Pese a que el Gobierno Regional Piura aprobó hasta nueve adicionales por más de S/ 76 millones a favor de la firma brasileña, en diciembre del 2013 Camargo Correa paralizó los trabajos aduciendo la no aprobación de otros adicionales, y demandó al Estado.

En total a la constructora se le desembolsaron S/ 259’711.193,63, por concepto de pagos por adelanto, valorizaciones, adicionales, laudos arbitrales e intereses legales.

Pasaron dos años para que se reanude la obra, esta vez con el consorcio Obrainsa-Astaldi, de capitales peruanos e italianos. Frente a una población expectante que abarrotó el Teatro de Chulucanas, en diciembre del 2015 el entonces presidente regional, Reynaldo Hilbck, suscribió el contrato con los representantes de las empresas privadas.

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Los meses siguientes no estuvieron exentos de problemas, sobre todo por desavenencias con comunidades aledañas al Peihap, que reclamaban proyectos de impacto social; y por la investigación fiscal iniciada a Obrainsa como parte del ‘Club de la Construcción’.

Esto último generó pérdida de liquidez a la firma, que, al verse desfinanciada, se declaró en imposibilidad de continuar con la obra y terminó abandonándola en agosto del 2018, en medio de varias solicitudes de adicionales y ampliaciones de plazo con el Peihap.

Más de S/ 3 millones en menos de tres años se terminaron aprobando a favor del consorcio por concepto de adicionales, y en total se le canceló S/ 154’014.902,68. Además, todavía hay pendientes de resolver trece procesos arbitrales planteados por Obrainsa-Astaldi, por S/ 25 millones, al Gobierno Regional Piura.

https://t.co/WBHBIcE5pR

— Carlos Chunga (@enriquechunga) May 7, 2019

DEUDA Y LIMPIEZA

Luego de que el consorcio Obrainsa-Astaldi retirara a su personal y desmontara máquinas y campamentos del proyecto, se hizo público que mantenía deudas por S/ 11’166.558,90 y US$ 4’827.384,40 con un grupo de proveedores piuranos y limeños que habían brindado servicios de transporte y alimentación.

En tanto, el proyecto quedaba abandonado, para lo cual se hacía (y aún se hace) necesaria una limpieza del túnel, previa liquidación de la obra. La solución que, durante una reunión sostenida en noviembre del 2018, el consorcio propuso fue vender los equipos dejados en el lugar y, con lo recaudado, pagar las deudas con los pequeños y medianos empresarios.

Pero Obrainsa-Astaldi no entregó a tiempo los documentos solicitados por el Peihap para liquidar la obra, con lo cual incumplió el acuerdo con sus proveedores y retrasó el proceso.

A ello se sumó la frustrada licitación, en abril del 2019, para contratar a una empresa que se encargue de la limpieza del túnel, pues se tuvo que anular por un conflicto de intereses entre la ganadora de la buena pro y uno de los miembros del directorio del Peihap.

Es decir, hoy todo depende de que, en un plazo de treinta días, se convoque a una empresa para retirar el agua pluvial almacenada, limpiar la superficie, implementar la iluminación, oxigenar la zona, dar mantenimiento a las subestaciones eléctricas, entre otras tareas.

Tras ello, se puede proceder con la constatación física del túnel y los equipos allí dejados, venderlos, pagar la deuda con los proveedores, liquidar la obra y convocar a una tercera licitación internacional, en la que participarían embajadas, para garantizar transparencia.

LAS DENUNCIAS

El Proyecto Alto Piura ha ameritado diversos procesos administrativos, investigaciones y denuncias penales que incluyen tres gestiones regionales.

Una de las más conocidas está en el despacho de la Sexta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, e involucra al ex presidente regional Javier Atkins (2011-2014), en cuya gestión se habría favorecido a Camargo Correa con ampliaciones de plazo que no eran técnicamente procedentes, según las normas de contratación del Estado.

En la denuncia se incluye a Reynaldo Hilbck como ex presidente del Consejo Directivo del Peihap, en el 2013, a otros catorce ex funcionarios y tres representantes de la empresa brasileña. Los delitos imputados son colusión agravada y negociación incompatible.

Dada la relación de Camargo Correa con el caso Lava Jato, y que el Proyecto Alto Piura inició sin expediente técnico, también se responsabilizó en su momento al ex presidente regional César Trelles Lara (2003-2010) de ciertas irregularidades en el contrato.

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Ello ameritó un proceso investigativo del Consejo Regional que terminó recomendando al Ministerio Público denunciar penalmente a Hilbck, Núñez y otros funcionarios por los presuntos delitos de colusión, omisión de actos funcionales, negociación incompatible y fraude en la administración de personas jurídicas.

Por otro lado, los proveedores impagos presentaron, en noviembre del 2018, una denuncia penal en la Fiscalía de Huancabamba contra el consorcio Obrainsa-Astaldi, acusando los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir, dada la deuda que aún mantiene.

Tras una auditoría de cumplimiento, en diciembre del 2018 la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 77’578.425 en la obra de construcción de la presa tronera y perforación del túnel trasandino. La responsabilidad, según la entidad, alcanza a veinte ex funcionarios.

Como si fuera poco, mientras se frustraba el avance de los trabajos, en agosto del 2018 el Peihap asumió una nueva responsabilidad, por encargo del Gobierno Regional Piura: licitar la elaboración del expediente técnico para el plan maestro de manejo integral del río Piura y drenaje pluvial de la ciudad.

Este plan, luego del fenómeno del Niño Costero 2017, ha adquirido bastante relevancia para la población piurana en general, por lo que podría desplazar al Peihap como el más importante proyecto de la región, si la esperanza y expectativa puestas en el Alto Piura se terminan diluyendo en el caudal del río.

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