El comunero Marcelo Inga señaló que la Primera Sala Penal Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura emitirá la sentencia al proceso judicial que sostienen con una de las empresas ligadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

Nos dijeron que la resolución saldría en el mes de diciembre. Sospechamos que lo hagan entre el 28 y 29 de este mes, justo cuando estamos cerca a fiestas y pase desapercibido.

Marcelo Inga

El señor Inga contó que desde el 2011, los comuneros de Catacaos vienen siendo amedrentados a través de denuncias para que empresas como Agrícola San José, Santa Regina, entre otras; se apoderen de 10 mil hectáreas de la comunidad.

Los comuneros esperan que la resolución de la sala sea favorable para ellos, caso contrario continuarán con su lucha.

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El uso de esta herramienta procesal implica que los cinco jueces civiles de la capital provincial de Piura, reemplacen el modelo escrito (en papel) por la oralidad como principal mecanismo de resolución de las controversias.

Para este fin, los magistrados de esta especialidad aplicarán una moderna gestión del proceso, donde escucharán directamente a las partes en igualdad de condiciones y pondrán en práctica los principios de inmediación, concentración, celeridad procesal y economía procesal.

Esta medida fue dispuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 368-2021-CE-PJ, que ordena que a partir del 17 de diciembre del 2021, se implemente en la Corte Superior de Justicia de Piura el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, constituido por los siguientes órganos jurisdiccionales: 1° Juzgado Civil de Piura, 2° Juzgado Civil de Piura, 3° Juzgado Civil de Piura, 4° Juzgado Civil de Piura y 5° Juzgado Civil de Piura.

Previamente, se realizaron actividades de capacitación para los magistrados, personal judicial, abogados, estudiantes de derecho y público en general, con el objetivo de que conozcan el funcionamiento de esta herramienta procesal. Las mismas actividades continuarán realizándose en las próximas semanas.

El Equipo técnico distrital de Implementación de la Oralidad Civil de Piura está conformado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Tulio Eduardo Villacorta Calderón; el juez superior Juan Luis Alegría Hidalgo, la jueza especializada Gloria Tatiana Panta Ordinola, el gerente de Administración distrital, Samuel Bernal Cabanillas y la administradora del Módulo Civil de Piura, Rosa Dalila Carmen Sarango (secretaria técnica).

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Los manifestantes llegaron hasta la puerta principal de la Corte Superior de Justicia de Piura para que una sola voz, los jueces a cargo de los juicios escuchen sus reclamos y hagan justicia en beneficio de los comuneros.

Santos Maza señaló que junto a 10 comuneros fueron denunciados por presunta usurpación de terrenos que asegura les pertenecen. El comunero manifestó que teme ser desalojado de sus tierras por lo que adelantó que luchará hasta el final.

Son más 23 juicios que tenemos y a los que venimos enfrentando. Nuestra lucha continúa y esperamos que el Poder Judicial actúe de manera transparente y su veredicto sea favorable a nosotros

Santos Maza

Por su parte, el comunero Luis Inga Sandoval, indicó que son varios cataquenses los afectados pues, si el Poder Judicial falla a favor de la Asociación Civil San Juan Bautista, serían más de 200 familias las desalojadas de las tierras comunales. 

Las familias que pueden ser desalojadas se dedican a la ganadería y apicultura que durante los últimos años vienen siendo perseguidos por estas empresas del Sodalicio para poder quitarles sus tierras. Eso es una injusticia que no vamos a permitir

Luis Inga

Dato: Este jueves 11 de noviembre continuará el juicio para determinar si los comuneros denunciados son desalojados de sus tierras. 

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Estos son solo algunos de los delitos que pesan en el historial judicial de varios candidatos en la región Piura que postulan en las Elecciones 2021, a realizarse el próximo 11 de abril.

Así lo ha dado a conocer elpiurano.pe a través del especial Piura Decide, en el que se da cuenta de todos los antecedentes y procesos judiciales de los candidatos al Congreso, además de otros datos relevantes.

Se trata, por un lado, de los antecedentes declarados por los mismos candidatos en las secciones VI y VII de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Dichos antecedentes, que en algunos casos incluyen sentencias, pueden ser consultados en este informe.

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Por otro lado, hay más de 150 procesos judiciales consignados en la Corte Superior de Justicia de Piura que forman parte del historial de un total de 19 candidatos al Congreso.

Esta base de datos, que puede ser consultada en este informe, se elaboró a partir de una solicitud de acceso a la información pública realizada por la Red de Medios Digitales del Perú, a la que pertenece elpiurano.pe.

Entre esos múltiples procesos judiciales, se registra 10 en materia de violencia familiar, correspondientes a 6 candidatos de diferentes partidos políticos, cuyos casos pueden ser revisados en este informe.

Es importante indicar que, en cuanto a los procesos judiciales, no se ha tenido en cuenta los procesos en contra consignados con “Archivo definitivo” ni a los candidatos ya excluidos de la carrera electoral.

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En la región Piura, 6 candidatos al Congreso registran procesos judiciales en materia de violencia familiar en la Corte Superior de Justicia de Piura. Ellos participarán en las Elecciones 2021 a realizarse el próximo 11 de abril.

Se trata de José Feria Madrid (Avanza País), Alexander Gallardo Sandoval (Fuerza Popular), Rosa del Pino Arroyo (Partido Morado), Magdalena Trelles Ramírez (Partido Popular Cristiano), Jorge Lovón Cueva (Unión Por el Perú) y Marvin Bancayán Fiestas (Victoria Nacional).

José Feria registra 2 procesos en el Primer Juzgado de Familia de Piura, ambos del año 2006. Las denuncias interpuestas, sin embargo, fueron archivadas, debido a que los demandantes desistieron de continuar con el proceso.

En tanto, Marvin Bancayán es el que más procesos en esta materia registra. En su hoja de vida ante el JNE, declaró una sentencia por lesiones leves, entre otros casos en los que se recurrió la conciliación o se aplicó el denominado “criterio de oportunidad”, con lo cual se extinguió la acción penal, y los casos pasaron al archivo.

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elpiurano.pe elaboró una base de datos de todos los candidatos al Congreso en Piura con procesos judiciales, y muestra en esta lista a los candidatos con procesos por violencia familiar, como parte de la serie de informes periodísticos en el marco de las Elecciones 2021.

Según información consignada por la Corte Superior de Justicia de Piura, los procesos judiciales contra Alexander Gallardo y Rosa del Pino ya cuentan sentencia. En el primer caso, el candidato no declaró esta información en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Gallardo fue denunciado por su expareja el 13 de noviembre de 2017 en la comisaría de Veintiséis de Octubre. La denunciante lo acusó de violencia psicológica luego de que, según su testimonio, le respondiera un reclamo “de manera grosera, vociferando palabras soeces, denigrando su honor como mujer, todo ello en presencia de sus hijos”.

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Aunque la agraviada luego desistió de la denuncia, el 26 de diciembre de 2017 el Tercer Juzgado de Familia de Piura resolvió dictar sentencia a su favor, ordenando medidas de protección, entre ellas, prohibir a Alexander Gallardo dirigirse a su expareja de manera violenta, bajo la condición de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad, si es que reincidía.

Asimismo, la jueza Patricia Torres, titular del mencionado juzgado, ordenó a Alexander Gallardo llevar tratamiento psicológico “a fin de evitar nuevos episodios de violencia”. Tras la sentencia, el hoy candidato de Fuerza Popular presentó una apelación, pero la jueza la declaró inadmisible.

ESTADO DE EBRIEDAD

En febrero pasado, Rosa del Pino Arroyo fue denunciada por su expareja en la Comisaría de Familia por llegar a recoger a los dos menores hijos de ambos en estado de ebriedad. El demandante alegó que ella ejercía violencia psicológica contra los niños, ya que el hecho ya había pasado antes.

Del Pino había llegado acompañada de su pareja, Percy Marthin Arrieta Carrasco, quien también fue denunciado. Arrieta es asesor principal de Angélica Palomino, actual congresista del Partido Morado por la región Piura.

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El 23 de febrero de 2021, la jueza Adaia More, titular del Segundo Juzgado de Familia, consideró que el caso no estaba contemplado en la ley que previene la violencia familiar, y resolvió derivarlo a una fiscalía especializada para que sea atendido bajo un proceso de tenencia o régimen de visitas. No obstante, exhortó a Rosa del Pino a no realizar visitas a sus hijos en estado de ebriedad.

OTROS CASOS

En el caso de la candidata Magdalena Trelles (PPC), esta fue denunciada en enero de 2020 por su hermana por agredirla en su vivienda. Al respecto, el Cuarto Juzgado de Familia dictó medidas de protección a favor de la víctima y ordenó terapia psicológica para Magdalena Trelles.

En el caso del candidato Jorge Lovón (UPP), este fue denunciado en mayo de 2019 por acoso por una suboficial de la Policía Nacional. Al respecto, el Juzgado Civil de Chulucanas dictó medidas de protección a favor de la denunciante, pero, luego de que Lovón apelara la decisión, en febrero de 2021 la Segunda Sala Civil de Piura anuló la decisión y ordenó programar una nueva audiencia.

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En la región Piura, un total de 17 candidatos al Congreso registran procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de Piura. Entre todos, suman 153 procesos por diversos delitos o materias.

Luego de una consulta a través de la Red de Medios Digitales del Perú, se halló que los candidatos con más procesos judiciales pendientes son José Feria Madrid (47), de Avanza País; César Reyes Peña (29), de Alianza Para el Progreso; y Wilmar Elera García (16) y Bernardo Pazo Nunura (10), de Somos Perú.

Solo estos cuatro candidatos suman 102 procesos judiciales, lo que equivale al 67 % del total de procesos de todos los candidatos. Esto solo en lo que corresponde a la jurisdicción de la Corte de Piura, ya que no se ha considerado los procesos en curso en la Corte Superior de Justicia de Sullana u otras cortes del país.

Hay que indicar que Feria, Reyes y Elera encabezan las listas de sus partidos políticos, mientras que Pazo Nunura lleva el Nº 3. Esto significa que tienen más posibilidades de ocupar un lugar en el próximo Congreso (2021-2026) en tanto sus partidos obtengan más votos y pasen la valla.

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elpiurano.pe elaboró una base de datos de los 17 candidatos al Congreso por la región Piura con procesos judiciales, y lo muestra a continuación, como parte de la serie de informes periodísticos en el marco de las Elecciones 2021. Es importante señalar que no se ha considerado procesos en estado “Archivo definitivo” ni los candidatos excluidos del proceso electoral.

VARIEDAD DE DELITOS

En el caso de José Feria, tiene procesos por violencia familiar, alimentos, omisión a la asistencia familiar, fraude procesal, falsificación de documentos, desalojo, difamación, entre otros. Además, tiene tres sentencias: una en materia familiar/alimentaria, actualmente en ejecución; una cumplida en materia contractual, que lo obliga a pagar una suma de dinero; y una en materia penal por daño simple, por la que cumplió una pena suspendida de privación de su libertad.

En el caso de César Reyes, ex rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), tiene procesos por peculado, colusión, lavado de activos, malversación de fondos, abuso de autoridad, entre otros delitos. Uno de los casos más conocidos es el de lavado de activos, por el que la Fiscalía le abrió una investigación preliminar en 2018 por un presunto desbalance patrimonial.

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En el caso de Wilmar Elera, tiene procesos por colusión agravada, falsa declaración en procesos administrativos, falsedad ideológica, entre otros. Además, registra dos sentencias: una en materia laboral, en la que se dispuso el pago de beneficios sociales; y otra contractual (civil), en la que se dispuso la ejecución de garantías en el caso de una hipoteca.

En cuanto a Bernardo Pazo, ex alcalde de Sechura, registra procesos por colusión agravada, usurpación de funciones, incumplimiento de deberes funcionales, entre otros. Además, tiene una sentencia en materia contractual, por una demanda interpuesta por la Municipalidad de Sechura.

Somos Perú es uno de los dos partidos en Piura con cuatro candidatos con procesos judiciales. El otro es el Partido Popular Cristiano. Le siguen Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, cada uno con 3 candidatos con procesos. En tanto, el Partido Morado, Renacimiento Unido Nacional, Unión Por el Perú y Victoria Nacional tienen, cada uno, 2 candidatos con procesos judiciales.

elpiurano.pe, como parte de la serie de informes periodísticos en el marco de las Elecciones 2021, muestra también otros aspectos sobre los candidatos al Congreso en Piura, como su experiencia, sus ingresos y patrimonio, entre otros. Los informes del especial Piura Decide pueden ser consultados aquí.

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En la audiencia de juicio oral realizada este martes, la Fiscalía presentó tres testigos, entre ellos el ex regidor Manuel Quinde Ludeña y el perito contable Juan Carlos Coro.

Según la acusación fiscal, en el año 2015 la Municipalidad de Veintiséis de Octubre favoreció de forma irregular a la empresa Sigma Equipment del Perú S.A.C. en la compra de maquinaria (7 compactadoras y 2 volquetes) destinada a la limpieza pública, por un valor referencial de S/ 4’098,816.

Además de Práxedes Llacsahuanga, están involucrados Uvaldo Pizarro Paico, Iván Yahuana Huamán y Luis López Temoche, miembros del comité especial de selección que habría dirigido la adquisición del pull de maquinaria en colusión con Carlos Jesús Potestá Valencia, gerente general de Sigma Equipment.

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Todo inició cuando la municipalidad exoneró del proceso de licitación la adquisición de la maquinaria, al declararse desabastecida en marzo del 2015, con lo cual se favoreció a Sigma Equipment. Inmediatamente, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) observó el hecho y declaró inviable el otorgamiento de la buena pro.

A los diez días, con resolución de alcaldía N° 154-2015, la municipalidad conformó un comité especial integrado por el asesor externo y ex candidato al Congreso por APP, Uvaldo Pizarro; el entonces subgerente de Logística, Ivan Yahuana; y el ingeniero mecánico eléctrico Luis López Temoche.

Pese a que la gerencia municipal presentó una propuesta diferente para la designación del comité especial, esta no fue tomada en cuenta por el ex alcalde Práxedes Llacsahuanga.

Durante el proceso de licitación pública, dicho comité no habría realizado un eficiente estudio de mercado ni considerado la cotización presentada por otra empresa, Interamericana S.A., con la que pudo haber ahorrado unos S/ 400 mil a la Municipalidad de Veintiséis de Octubre.

“Al parecer, la consigna era que resulte ganador la empresa Sigma Equipment del Perú, que también había resultado ganadora en el proceso de exoneración, que fue dejado sin efecto”, precisa la acusación fiscal a la que tuvo acceso elpiurano.pe.

Para la Fiscalía Anticorrupción, las bases de la licitación pública carecían de sustento técnico y estaban dirigidas hacia el postor finalmente favorecido.

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En el requerimiento acusatorio presentado por el fiscal Wilson Aliaga, también se solicita para los cinco imputados la inhabilitación de la función pública por 5 años, conforme al artículo 36 del Código Penal.

El proceso continuará el próximo lunes 2 de setiembre a las 9 a.m. en el Séptimo Juzgado de Investigación Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo del magistrado Ronald Soto Cortez. Los cinco imputados deberán asistir a todas las audiencias en lo que queda del proceso.

Práxedes Llacsahuanga postuló sin éxito en las elecciones del 2018 por el partido Acción Popular a la alcaldía provincial de Ayabaca, donde ya gobernó en el período 1999 – 2000. En ese tiempo fue vacado por una contratación indebida. Sin embargo, fue reelegido para el periodo 2003-2006.

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Según la sentencia dictada por el Sétimo Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, la ex autoridad regional no participó en todas las etapas del proceso de contratación de la obra, inaugurada en el año 2013.

Por este caso, la fiscal provincial anticorrupción Jennifer Fernández solicitaba para Atkins diez años de pena privativa de la libertad, luego de una investigación en base a un informe de Contraloría que detectó irregularidades en la licitación y ejecución de la obra, con una sobrevaloración de S/ 4’193.153.

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Junto con Atkins también se eximió de responsabilidad penal a los ex funcionarios Julio Chicoma Huamán (ex revisor del expediente) y Margarita Rosales Alvarado (ex gerenta de Infraestructura). Para los tres el caso se archiva definitivamente.

Sin embargo, el juez Ronald Soto condenó por este mismo caso a Edwin Troya Acha (ex director de Estudios y Proyectos) y Jorsy Hipólito Delgado (ex miembro del comité de licitación) a 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el mismo plazo.

En tanto, Rachid Yessef Altuna (ex revisor del expediente) y Martín Velayos Arredondo (ex representante del consorcio constructor) fueron condenados a 4 años de prisión por el mismo delito, e inhabilitación por el mismo plazo.

Las cuatro personas condenadas deberán pagar en forma solidaria el mismo monto de la sobrevaloración (S/ 4’193.153) por concepto de reparación civil a favor del Estado. Para ellos, dado que no asistieron a la audiencia, se dictó órdenes de ubicación y captura para su internamiento en el penal de Piura (ex Río Seco).

Entre abril del 2018 y marzo del 2019, Javier Atkins se desempeñó como viceministro de Pesca y Acuicultura (Produce). Previo a la lectura de sentencia, se defendió alegando que la investigación se basa en un informe de la Contraloría que sancionó a funcionarios por fallas netamente administrativas.

“A mí la Contraloría me eximió de toda responsabilidad porque confirmaron que no había intervenido para nada en este proceso de adjudicación (de la obra del puente San Miguel). Con ese mismo informe, la Fiscalía inicia una investigación y me imputa responsabilidad penal”, se defendió el ex presidente regional.

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