En la sesión vespertina, según el acuerdo de la Junta de Portavoces, no fue posible presentar cuestiones previas ni tampoco un debate, siendo votados cada uno de los candidatos por orden de mérito.

El primero en ser elegido fue Francisco Morales Saravia, quien reemplazará a Ernesto Blume Fortini, en el caso de la nueva autoridad logró 98 votos a favor, 21 en contra y seis abstenciones.

Posteriormente, por 97 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones se eligió a Luis Gutiérrez Ticse, quien remplazará a Eloy Espinosa-Saldaña.

Seguidamente, fue electo Helder Domínguez, gracias al apoyo de 98 votos a favor, 19 en contra y ocho abstenciones, el nuevo magistrado reemplazará a Marianella Ledesma.

Asimismo, se eligió a Luz Pacheco Zerga que reemplazará a Manuel Miranda Canales, ello gracias a los 92 votos a favor, 26 en contra y siete abstenciones.

Además, fue electo Manuel Monteagudo Valdez por un total de 102 votos a favor, 14 en contra y ocho abstenciones. En este caso, reemplazará al fallecido magistrado Carlos Ramos Núñez.

Por último, se eligió a César Ochoa Cardich en reemplazo de José Luis Sardón, la votación que alcanzó fue 90 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones.

De otro lado, la congresista no agrupada Susel Paredes presentó cuatro reconsideraciones por las votaciones de los candidatos Francisco Morales, Luis Gutiérez, Helder Domínguez y Luz Pacheco, la cuales fueron rechazadas al no alcanzar los votos necesarios.

En desacuerdo

La congresista de la bancada de Perú Libre, Silvana Robles, criticó la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y señaló que se ha formado una entidad anuente, con respaldo de bancadas sin principios ni valores.

La legisladora del Partido Morado, Flor Pablo, consideró lamentable que los nuevos magistrados del TC, recientemente elegidos sin debate en el pleno del Congreso, representen intereses particulares. La parlamentaria argumentó que esto generaría un grave retroceso en cuanto a derechos sociales. 

La congresista de Juntos por el Perú (JPP), Sigrid Bazán, se refirió a la reciente elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y criticó a las bancadas de izquierda que decidieron votar, sin debate previo, por elegir a los tribunos. Bazán consideró irónico que quienes buscan una nueva Constitución se hayan inclinado hacia el fujimorismo.

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La referida denuncia constitucional fue formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, el pasado 20 de mayo de 2021. 

La denuncia comprende también a las exministras de Cultura: Patricia Balbuena Palacios, Ulla Holmquist Pachas y Sonia Guillén Oneeglio, por los hechos relacionados con la contratación de Richard Cisneros en dicho portafolio entre el 2018 y 2020.

La sustentación estuvo a cargo del fiscal adjunto supremo, Ramiro González Rodríguez, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. 

Según informó el Ministerio Público, a través de una nota informativa, la audiencia fue reservada a solicitud de los investigados.

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El proyecto de ley N° 777-2021-CR tiene como objetivo promover el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en el servicio educativo por parte de las universidades privadas con licencia denegada. Esto permitiría a dichas instituciones tener un nuevo plazo para acomodarse a lo requerido por la entidad reguladora.

Sin embargo, Sunedu ya habría otorgado un plazo extenso para el cumplimiento de las CBC y que, incluso, dio como resultado a 92 casas de estudio y dos escuelas de posgrado como licenciadas mientras que a 49 se les denegó. Ahora, esta entidad ya se encuentra en el proceso de licenciar los programas de las escuelas profesionales.

Según el artículo 3 de la propuesta legislativa, piden establecer un plazo no mayor a 730 días calendario; es decir, un máximo de dos años para que las universidades privadas con licenciamiento denegado se acoplen a estas condiciones exigidas.

Finalmente, el planteamiento termina con que la Sunedu será el encargado del proceso del licenciamiento. Así también, se sumará las comisiones técnicas, equipo especializado y demás fijados por el procedimiento. La Comisión de Educación viene siendo cuestionada por algunas decisiones tomadas que afectan a la Ley Universitaria 30220.

Fuente: La República

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Así también, se exoneró la segunda votación con 98 de votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones. Con ello, se modificará la Ley 30220 de manera excepcional para que los jóvenes accedan al grado y también se les exonere de otros requisitos como el conocimiento de otro idioma extranjero o lengua nativa.

Previamente, el presidente de la Comisión de Educación, Ricardo Medina Minaya, pidió a los parlamentarios que reflexionen sobre la situación económica de los estudiantes afectados por la pandemia.

Estamos pidiendo dos años porque la economía no se resuelve en días. Por ello, debemos reflexionar. Una cosa es Lima y otra las regiones

Ricardo Medina

En días previos, el Ministerio de Educación (Minedu) no se mostró a favor de dicha disposición, ya que atenta contra el desarrollo científico y formación profesional de los estudiantes. Por este motivo, emitió información sobre la importancia de realizar un trabajo de investigación.

Fuente: La República

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En la región Piura, participan 108 candidatos al Congreso, que pertenecen a las listas de 17 partidos políticos. De ellos, hay 56 hombres y 52 mujeres.

Los partidos que llevan menos mujeres son Democracia Directa, Frente Amplio, Partido Nacionalista, Partido Popular Cristiano y Victoria Nacional, con solo 2 candidatas cada uno.

Solo hay listas completas, con 8 postulantes, en los partidos Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Somos Perú. Los partidos con menos postulantes son Democracia Directa (3), Partido Nacionalista, Partido Popular Cristiano y Victoria Nacional (5 candidatos cada uno).

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En tanto, las listas de candidatos de dos partidos políticos quedaron fuera de carrera electoral: Perú Libre y Perú Patria Segura, debido a que fueron excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Un congresista se debe a todos los peruanos, en particular a la región por la que es elegido. Sus funciones son las de legislación, representación y fiscalización y control político.

A través de su conocimiento y un debate alturado, consigue acuerdos con sus colegas para proponer, revisar y aprobar iniciativas que beneficien a la población. Además, fiscaliza de forma adecuada a las instituciones del Estado para asegurar que cumplan con sus funciones con transparencia y eficacia.

Es importante indicar que un congresista no puede ejecutar ni ofrecer obras, como la construcción de puentes, reparación de pista, entre otros proyectos. Es el Poder Ejecutivo el que tiene esa competencia.

Los congresistas, además, no deben aprovechar su cargo para ayudar a alguna persona a conseguir un puesto de trabajo, ni interferir en procesos judiciales. Tampoco deben recibir ni dar obsequios a cambio de realizar gestiones en el Congreso.

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Al término del mensaje, Vizcarra encaró al Poder Legislativo, que encabeza la oposición fujimorista y que el último jueves terminó de aprobar seis leyes de la reforma política propuesta por el Ejecutivo, pero modificándolas sustancialmente.

El mandatario planteó como salida a la “crisis institucional” un referéndum de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 28 de julio de 2020, y recortar el mandato del Congreso y el propio.

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 70% de peruanos está de acuerdo con el cierre del Congreso y un 84 % desaprueba su desempeño.

Desde julio del 2018, la ciudadanía ve con mayor desconfianza los sistemas político y judicial, tras las revelaciones de corrupción de una red denominada ‘Cuellos Blancos del Puerto’ , integrada por jueces, fiscales, miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y empresarios, algunos de ellos vinculados a políticos de Fuerza Popular.

En junio pasado, Vizcarra solicitó al Congreso una cuestión de confianza como una forma de presionar el debate de proyectos de ley para contrarrestar la corrupción en la política, ya que dos de esas iniciativas implicaban reformas constitucionales, y si no se aprobaban antes del 26 de junio, no serían aplicables en las elecciones de 2021.

Sin embargo, el fujimorismo bloqueó una ley que planteaba que la Corte Suprema decidiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Además, rechazó que en las elecciones del 2021 se aplicaran criterios de paridad y alternancia en las listas de candidatos al Congreso. 

“El problema no es solo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento”, reclamó Martín Vizcarra en el hemiciclo. 

“Nos preocupa que el Congreso haga caso omiso al clamor ciudadano. No hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de ‘presidente, cierre el Congreso'”, expresó, mientras algunos congresistas protestaban.

“Las reglas que tenemos hoy están quebradas e infiltradas de corrupción. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado. Es inadmisible que alguien, solo por ser congresista, no pueda ser juzgado”, cuestionó el mandatario.

“El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, con esta acción (adelantó de elecciones) se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir”, agregó Vizcarra, en medio de interrupciones.

Al término del mensaje, el presidente se retiró del hemiciclo y convocó a los gobernadores regionales a una reunión privada en Palacio de Gobierno, donde buscaría lograr un respaldo a sus anuncios, dada la falta de partido político y de bancada parlamentaria oficialista.

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Además, tras la lectura de la norma, no se evidencia un patente atropello a las principales funciones congresales (representar, legislar y fiscalizar). Por otro lado, la norma permite que las alianzas electorales al Congreso que se disuelvan no les afectarán las disposiciones de la resolución legislativa, lo cual resulta razonable.

La finalidad principal de la norma es evitar una alteración de la inicial composición parlamentaria decidida por votación popular en las elecciones generales. La pregunta que debemos formularnos es si la resolución legislativa que modifica el Reglamento del Congreso cumplirá con su objetivo principal. La respuesta es que lo conseguirá parcialmente, pues, en la práctica, el parlamentario en condición de tránsfuga, podría pertenecer informalmente a una u otra bancada apoyando un proyecto de ley con la condición que apoyen los suyos en el futuro, produciéndose una suerte de transfugismo múltiple, pues su derecho a voto se conserva en el pleno y podrá dirigirlo sin disciplina de partido a la bancada parlamentaria que mejor le parezca, o con la que mejor se entienda en cada caso concreto.

Finalmente, como mencionamos líneas arriba, lo peor sería mantener los problemas actuales sin hacer algo al respecto, es decir, evitar una fragmentación de bancadas y recomposición de fuerzas políticas al  interior del Congreso, como si se hubiese producido una elección a la mitad del mandato parlamentario.

carlos.hakansson@elpiurano.pe

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