Ambas autoridades quedaron detenidas preliminarmente en la comisaría de Ayabaca por un plazo de 10 días. Se le imputa encabezar una presunta organización criminal denominada ‘El Clan Marchena’, que habría venido operando desde el año 2013, constituyendo empresas fachada con allegados y familiares para adjudicarse la buena pro de procesos de compra de semillas, servicios y obras, defraudando al Estado por varios millones de soles.

La investigación comprende las gestiones de la Municipalidad Provincial de Ayabaca (2011-2020) y de la Municipalidad Distrital de Lagunas (2020). Según la Fiscalía, los procesos de contratación no contaban con las garantías mínimas, ya que se ejecutaban en épocas del año que no correspondía a las siembras, los postores no tenían experiencia y los precios estaban sobrevalorados.

Un total de 19 fiscales, acompañados por miembros de la Policía Nacional, también detuvieron, con orden judicial, a los funcionarios Danni Teresa Rivera Calle, Christian Merino Samame, Nolberto Vilela Ramírez, así como los contratistas José Darío Palacios Aguilar, Ángel Miguel Sandoval Ojeda, Guillermo Valle Tocto, Carlos Alberto Flores Paz, Nélida Niño Rivera y Marina Zegarra García.

A todos ellos se les imputa integrar la presunta organización criminal ‘El Clan Marchena’ y llevar a cabo actos de colusión agravada en más de 15 procesos de contratación.

Las detenciones se realizaron en simultáneo en Ayabaca, Paimas, Sullana, Piura. El Juzgado Anticorrupción de Sullana también dispuso el allanamiento de al menos 19 viviendas. En una de ellas, propiedad de Baldomero Marchena, se halló 75 mil soles en efectivo.

32 AÑOS EN EL PODER

Humberto Marchena Villegas, de 68 años, ha sido alcalde de Ayabaca durante tres periodos consecutivos (2007-2018) y ahora es alcalde de Lagunas (2019-2022). Antes, ya había sido alcalde de Lagunas durante cinco periodos consecutivos (1990–2006). Es decir, ha sido alcalde durante los últimos 32 años.

En tanto, su hijo Baldomero Marchena Tacure, de 45 años, es actual alcalde de Ayabaca (2019-2022) y antes fue consejero regional por esa provincia en el periodo 2011-2014.

Los Marchena enfrentan otras investigaciones fiscales por corrupción, entre ellos favorecimientos ilegales a familiares.

Ubicada a 2.700 m.s.n.m., Ayabaca tiene más de 141 mil habitantes, pero carece de vías de acceso, carreteras, y servicio de agua potable y saneamiento. Además, en tres de sus distritos, Lagunas, Sapillica y Pacaipampa, los índices de anemia y desnutrición crónica infantil superan el 50 %, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

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La obra se ejecuta en el marco del Plan de Reconstrucción con Cambios y su finalidad es mejorar la transitabilidad de miles de pobladores del distrito de Huarmaca.

Según el informe N° 1711-2019, la ejecución del proyecto “Recuperación y mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal entre los tramos Chamana – Portugal” fue supervisada por una comisión de auditores que identificó tres situaciones adversas.

La comisión concluyó que el contratista realizó la valorización de actividades que no fueron ejecutadas, como es el caso de la partida de eliminación de excedentes con el uso de volquete y cargador frontal, toda vez que dicha eliminación se efectuó en las laderas del camino, incluso en algunos sectores se ha transportado el material con tractores a una distancia menor a los 100 metros.

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En segundo lugar, se constató que no hubo controles necesarios para el pronto reinicio de los trabajos luego de que éstos fueron suspendidos por un factor climático. Esta actividad se ejecutó sin la asistencia permanente del personal clave y maquinaria ofertada, lo cual genera el incumplimiento de condiciones contractuales.

Un tercer hecho relevante es que se detectó que la Municipalidad de Huarmaca no viene cumpliendo con las disposiciones emitidas por la directiva de Infobras de la Contraloría, que buscan dotar de transparencia de información sobre el avance de las obras públicas.

Los resultados de este informe han sido notificados al titular de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, con la finalidad de que adopte las medidas correctivas que contribuyan a asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra.

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En el mismo distrito de Huarmaca, los auditores de la Contraloría supervisaron la rehabilitación del camino vecinal entre los tramos Tazajeras, Jacapampa y Cañas, cuya obra tiene un valor de más de S/ 11 millones. En esta obra se advirtió que se valorizó el monto total de la supervisión, pese a que existen trabajos pendientes de ejecutar.

Según el informe N° 1714-2019, también notificado a la entidad, se detectó deficiencias en la obra que atentan contra la seguridad de los usuarios de la vía, como desniveles por mala ejecución de badenes y alcantarillas.

Tampoco se ha previsto una señalización adecuada que advierta a los transportistas sobre la ubicación de las alcantarillas ni el ancho efectivo del camino, por lo que los expone a accidentes de tránsito.

Otra falencia verificada en parte de la vía es la existencia de una depresión, la cual genera que el agua se acumule, y por consiguiente no cumple con el drenaje considerado en este proyecto.

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A través del informe de auditoría N° 008-2017, la Contraloría General de la República advirtió responsabilidad administrativa y penal en siete funcionarios que integraron los comités de licitación en los años 2013 y 2016.

Dos de ellos son nombres conocidos: Bianca Nonajulca Ávila y José Mercedes Mendoza Siancas (fotografía principal). En setiembre del 2016, ambos fueron designados por el ex alcalde Marchena, a través de la resolución N° 369, para ser miembros de dos comités.

El primero estuvo presidido por Josías José Aguilar Salvador y fue para la adjudicación 052: Contratación de servicio de consultoría para la Elaboración de Toma de Inventario de Proyectos de Inversión Pública al 31/12/2013.

En este proceso de selección, el ganador de la buena pro fue el Consorcio WR, integrado por los empresarios José Fernán Linares Cribilleros, Fernando Mauricio Tarqui Torres y Fernando Martín Bravo Sánchez.

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El segundo comité estuvo presidido por Leonidas Michelson Valverde Samaniego y fue para la adjudicación 056: Adquisición de materiales de construcción, pinturas, material sanitario y televisores LED para la elaboración del perfil técnico para el mejoramiento de la infraestructura del Hotel Samanga de Ayabaca.

En este proceso, el ganador fue Corporación D&J Servicios Generales SAC, pese a que no cumplía con lo establecido en las bases y, además, presentó documentación falsa, como facturas y constancias de adquisiciones de bienes y servicios. Por esta infracción, la empresa fue sancionada por el OSCE con 40 meses de inhabilitación (hasta junio del 2021) para contratar con el Estado.

Al respecto, el informe de auditoría señala: “Se observó irregularidades en la evaluación y calificación de las propuestas técnicas de dos procesos de selección […] Los integrantes de los comités especiales evaluaron y calificaron a los postores con puntajes que no les correspondían, otorgándoles la buena pro pese a que incumplieron con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases; con lo cual, contravinieron la normativa de las contrataciones”.

En otra obra investigada, el mejoramiento de la institución educativa “Divino Maestro”, ubicado en el centro poblado de Pingola, en la comunidad campesina de Arreypite de Ayabaca, otros tres miembros de un comité de licitación, también cometieron irregularidades. Se trata de Cristhian Merino Samamé, Luis Alberto Basauri Vallejo y Eliceo Guerrero Labán.

Según la Contraloría, estos miembros del comité favorecieron, con el otorgamiento de la buena pro, al Consorcio Ayabaca Pingola, pese a que este “no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos señalados en las bases, en relación al plantel profesional propuesto”.

“El comité no cumplió con acreditar la capacidad técnica y profesional requerida en las bases. Estas exigían al profesional sugerido como gerente de obra una experiencia mínima de sesenta meses efectivos en obras en general objeto de la convocatoria, siendo que dicho postor solo acreditó veintiséis meses”, señala el informe de auditoría.

JOYAS AYABAQUINAS

Bianca Nonajulca Ávila y José Mendoza Siancas han integrado otros comités de licitación en Ayabaca para contratación de obras y servicios. En diciembre del 2017, ambos fueron sancionados por la Contraloría con 4 y 5 años de inhabilitación, respectivamente, para el ejercicio de la función pública, debido a que cometieron infracciones muy graves.

Pese a las sanciones, en enero del 2018 el ex alcalde Humberto Marchena ratificó a Bianca Nonajulca en el cargo de gerenta de Desarrollo Económico y Social. Además, en febrero del mismo año, el burgomaestre designó a José Mendoza como inspector de una obra, en adición a sus funciones de subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

Junto con Leonidas Valverde, Humberto Marchena y otros seis imputados, desde el año 2015 Bianca Nonajulca y José Mendoza son procesados por la justicia por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. La Fiscalía Anticorrupción de Sullana solicita para ellos 12 años de prisión por el favorecimiento a un familiar del ex alcalde.

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Desde octubre del 2017, Bianca Nonajulca está inscrita en el movimiento político Fuerza Regional, por el cual ganó postuló y ganó el ex alcalde Marchena. En tanto, el hermano de José Mercedes Mendoza, José Luis Mendoza Siancas, también está inhabilitado por la Contraloría General de la República, hasta noviembre del 2021.

Hay que indicar que Humberto Marchena Villegas, actual alcalde distrital de Lagunas, es padre de Baldomero Marchena Tacure, hoy alcalde provincial de Ayabaca. En esta gestión, con poco más de ocho meses, también se vienen denunciando irregularidades de similar o mayor gravedad que en los años anteriores. Tal parece que en Ayabaca no solo el sillón municipal se hereda, sino también las malas mañas.

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En la audiencia de juicio oral realizada este martes, la Fiscalía presentó tres testigos, entre ellos el ex regidor Manuel Quinde Ludeña y el perito contable Juan Carlos Coro.

Según la acusación fiscal, en el año 2015 la Municipalidad de Veintiséis de Octubre favoreció de forma irregular a la empresa Sigma Equipment del Perú S.A.C. en la compra de maquinaria (7 compactadoras y 2 volquetes) destinada a la limpieza pública, por un valor referencial de S/ 4’098,816.

Además de Práxedes Llacsahuanga, están involucrados Uvaldo Pizarro Paico, Iván Yahuana Huamán y Luis López Temoche, miembros del comité especial de selección que habría dirigido la adquisición del pull de maquinaria en colusión con Carlos Jesús Potestá Valencia, gerente general de Sigma Equipment.

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Todo inició cuando la municipalidad exoneró del proceso de licitación la adquisición de la maquinaria, al declararse desabastecida en marzo del 2015, con lo cual se favoreció a Sigma Equipment. Inmediatamente, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) observó el hecho y declaró inviable el otorgamiento de la buena pro.

A los diez días, con resolución de alcaldía N° 154-2015, la municipalidad conformó un comité especial integrado por el asesor externo y ex candidato al Congreso por APP, Uvaldo Pizarro; el entonces subgerente de Logística, Ivan Yahuana; y el ingeniero mecánico eléctrico Luis López Temoche.

Pese a que la gerencia municipal presentó una propuesta diferente para la designación del comité especial, esta no fue tomada en cuenta por el ex alcalde Práxedes Llacsahuanga.

Durante el proceso de licitación pública, dicho comité no habría realizado un eficiente estudio de mercado ni considerado la cotización presentada por otra empresa, Interamericana S.A., con la que pudo haber ahorrado unos S/ 400 mil a la Municipalidad de Veintiséis de Octubre.

“Al parecer, la consigna era que resulte ganador la empresa Sigma Equipment del Perú, que también había resultado ganadora en el proceso de exoneración, que fue dejado sin efecto”, precisa la acusación fiscal a la que tuvo acceso elpiurano.pe.

Para la Fiscalía Anticorrupción, las bases de la licitación pública carecían de sustento técnico y estaban dirigidas hacia el postor finalmente favorecido.

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En el requerimiento acusatorio presentado por el fiscal Wilson Aliaga, también se solicita para los cinco imputados la inhabilitación de la función pública por 5 años, conforme al artículo 36 del Código Penal.

El proceso continuará el próximo lunes 2 de setiembre a las 9 a.m. en el Séptimo Juzgado de Investigación Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo del magistrado Ronald Soto Cortez. Los cinco imputados deberán asistir a todas las audiencias en lo que queda del proceso.

Práxedes Llacsahuanga postuló sin éxito en las elecciones del 2018 por el partido Acción Popular a la alcaldía provincial de Ayabaca, donde ya gobernó en el período 1999 – 2000. En ese tiempo fue vacado por una contratación indebida. Sin embargo, fue reelegido para el periodo 2003-2006.

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El Primer Juzgado Unipersonal Penal de Sullana lo condenó este lunes por el caso del Hospital de Sullana, que durante los años 2013 y 2014 contrató a la empresa 4M, perteneciente a su sobrino político Víctor Zapata Figallo, para el servicio de vigilancia. Según la investigación fiscal, el contrato se hizo sin haber pasado por un proceso de selección, como lo dispone la ley.

La sentencia es histórica, ya que Javier Atkins se convierte en el primer ex presidente regional de Piura condenado por corrupción.

Con él, también fue condenado Gerásimo Monasterio Álvarez Ato, ex director del hospital, a tres años de prisión suspendida por el delito de colusión simple. Si bien ambos no irán a prisión, deberán cumplir reglas de conducta.

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En tanto, los imputados Mariano Yáñez Cesti (ex director), Henry Alvarado Castillo (ex administrador) y Víctor Manuel Zapata Figallo fueron condenados a 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, previsto en el artículo 384 del Código Penal.

Los sentenciados también fueron inhabilitados de la función pública por el plazo de sus respectivas condenas, y deberán pagar S/ 20 mil de forma solidaria, por concepto de reparación civil a favor del Estado.

La lectura de sentencia estuvo a cargo del juez Omar Reyes Jiménez. Los abogados de los imputados anunciaron que apelarán la sentencia, por lo que esta espera ser confirmada en la Sala Penal de Apelaciones.

Víctor Zapata es sobrino de la esposa de Javier Atkins, Sandra Figallo de Atkins. Durante el 2011 y 2012, su empresa 4M ganó la buena pro para encargarse de la seguridad y vigilancia del hospital de Sullana. En los años siguientes, 2013 y 2014, la empresa continuó prestando servicios sin haber participado de un proceso de selección, tal como se observa en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

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Según la sentencia dictada por el Sétimo Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, la ex autoridad regional no participó en todas las etapas del proceso de contratación de la obra, inaugurada en el año 2013.

Por este caso, la fiscal provincial anticorrupción Jennifer Fernández solicitaba para Atkins diez años de pena privativa de la libertad, luego de una investigación en base a un informe de Contraloría que detectó irregularidades en la licitación y ejecución de la obra, con una sobrevaloración de S/ 4’193.153.

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Junto con Atkins también se eximió de responsabilidad penal a los ex funcionarios Julio Chicoma Huamán (ex revisor del expediente) y Margarita Rosales Alvarado (ex gerenta de Infraestructura). Para los tres el caso se archiva definitivamente.

Sin embargo, el juez Ronald Soto condenó por este mismo caso a Edwin Troya Acha (ex director de Estudios y Proyectos) y Jorsy Hipólito Delgado (ex miembro del comité de licitación) a 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el mismo plazo.

En tanto, Rachid Yessef Altuna (ex revisor del expediente) y Martín Velayos Arredondo (ex representante del consorcio constructor) fueron condenados a 4 años de prisión por el mismo delito, e inhabilitación por el mismo plazo.

Las cuatro personas condenadas deberán pagar en forma solidaria el mismo monto de la sobrevaloración (S/ 4’193.153) por concepto de reparación civil a favor del Estado. Para ellos, dado que no asistieron a la audiencia, se dictó órdenes de ubicación y captura para su internamiento en el penal de Piura (ex Río Seco).

Entre abril del 2018 y marzo del 2019, Javier Atkins se desempeñó como viceministro de Pesca y Acuicultura (Produce). Previo a la lectura de sentencia, se defendió alegando que la investigación se basa en un informe de la Contraloría que sancionó a funcionarios por fallas netamente administrativas.

“A mí la Contraloría me eximió de toda responsabilidad porque confirmaron que no había intervenido para nada en este proceso de adjudicación (de la obra del puente San Miguel). Con ese mismo informe, la Fiscalía inicia una investigación y me imputa responsabilidad penal”, se defendió el ex presidente regional.

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En el evento se tomó juramento a la presidenta de la Junta de Fiscales de Sullana, Gladys Péndola, como presidenta de la comisión. Esta, a su vez, asumió temporalmente el cargo de secretaria técnica, dado que este aún se encuentra vacante.

Esa situación ameritó cuestionamientos tanto hacia el gobernador Servando García como al Consejo Regional, debido a que a ellos corresponde la propuesta y designación de un secretario técnico anticorrupción, que no lo hay desde el inicio de la actual gestión.

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Susana Silva, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), quien asistió al evento, lamentó que el trabajo de lucha contra la corrupción haya sido relegado en la región Piura.

“El secretario técnico tiene que ser designado a propuesta del Consejo Regional, y eso no se ha efectuado. Piura tiene que retomar el liderazgo que ha tenido en los últimos años, la región ha sido ejemplo de cómo se ha articulado, y eso debe retomarse”, consideró Silva Hasembank, también secretaria técnica de la Comisión Nacional Anticorrupción.

En tanto, Gladys Péndola se mostró preocupada por el retraso en el trabajo de la Comisión Regional Anticorrupción. “Hemos tenido dificultades, pero en la reunión de hoy hemos acordado exhortar al gobernador y al Consejo Regional para que, en un plazo de 30 días, designe a un secretario técnico, porque él es quien ejecuta los acuerdos”, dijo.

Hace dos semanas, el gobernador García encargó temporalmente la secretaría técnica al abogado José Martínez Gómez, actualmente jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, pese a que el Consejo Regional le retiró la confianza por tener familiares en la gestión.

Para el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Jorge Alva, si no se designa secretario técnico en el más breve plazo, el gobernador y el Consejo Regional incurrirían en el delito de omisión de funciones. “Podemos sesionar y asumir compromisos, pero sin secretario no tendremos un ejecutor, y las sesiones se van a quedar en el papel”, sostuvo.

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El último secretario técnico anticorrupción fue el abogado Jaime Távara Alvarado, quien estuvo en el cargo hasta octubre del 2018, cuando los consejeros oficialistas le retiraron la confianza en medio de un escándalo por desvío de fondos en el sector Educación.

En opinión de Távara, la reciente instalación de la Comisión Regional Anticorrupción ha sido “solo un acto protocolar y para la foto”, ya que ni él ni la última presidenta del grupo de trabajo, Carolina Delgado, fueron invitados para realizar una transferencia del cargo e informar los avances y los temas que quedaron pendientes.

“En estos ocho meses no ha habido coordinación con nadie para hacer una entrega formal del cargo, no hemos podido informar lo que hicimos y lo que queda pendiente. Nadie nos convocó para la sesión de hoy”, protestó Jaime Távara.

La Comisión Regional Anticorrupción fue creada por Ley 29976 e implementada en Piura con la ordenanza regional N° 263-2013. Lo integran el gobernador regional, el consejero delegado, los ocho alcaldes provinciales, los presidentes de las juntas de fiscales de Piura y Sullana, los presidentes de las cortes de justicia de Piura y Sullana, el secretario técnico, el presidente del CONREDE, un representante del Consejo de Coordinación Regional, un representante de la Cámara de Comercio y Producción de Piura y el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura (este en calidad de observador).

Entre sus funciones están: proponer políticas de corto, mediano y largo plazo para la lucha contra la corrupción, aprobar el Plan Regional de Lucha Contra la Corrupción 2019-2022, fomentar y propiciar una cultura de valores, coordinar con las entidades regionales sobre temas anticorrupción y fomentar la participación ciudadana.

En la sesión realizada este viernes, se aprobó por unanimidad incorporar como miembros a los representantes de la oficina de la Contraloría en Piura y las procuradurías públicas anticorrupción de Piura y Sullana.

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Según informó el diario El Comercio, el recurso está comprendido en el proceso de habeas corpus presentado en diciembre del 2016 y que estaba dirigido contra el magistrado Carlos Lindo Yajamanco, titular del Juzgado Unipersonal de Investigación Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana.

La sentencia, dictada en noviembre del 2016, condenaba a Jaime Bardales a 13 años y 8 meses de prisión, al hallarlo responsable de los delitos de colusión agravada y falsedad ideológica, por el caso del estadio Campeones del 36.

En abril del 2018, esa sentencia fue reformada a 7 años por la Sala Penal de Lima Centro. Más tarde, la demanda de habeas corpus fue declarada fundada en parte por el juez Luis Vásquez Dioses, hoy suspendido por la OCMA. Por esta decisión viene siendo investigado por el Ministerio Público.

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La Sala Penal de Apelaciones de Sullana logró revocar el fallo del juez Vásquez y declaró infundado el habeas corpus. Frente a ello, la abogada y esposa de Jaime Bardales, Juana Ramírez , interpuso un recurso de agravio constitucional a fin de que el TC revise y anule la sentencia.

Sin embargo, el TC ha considerado que este recurso “no está referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional”, por lo cual ha desestimado el requerimiento de la defensa del ex alcalde. Con ello, la estrategia legal de Bardales será apelar a la Corte Suprema de Justicia.

Jaime Bardales Ruiz fue hallado responsable de delitos de corrupción en relación con la obra de construcción de la tribuna oriente del estadio municipal Campeones del 36, en el año 2009. Esto provocó un desfalco superior a los S/8 millones en perjuicio del Estado.

Hoy el ex alcalde está incluido en la lista de “Los Más Buscados” del Ministerio del Interior. Por información sobre su paradero se ofrece S/ 50,000.

Con él fue sentenciado a 11 años de prisión el ex administrador municipal Leonel Humberto Puruguay Bueno, también prófugo de la justicia. A él también alcanza la improcedencia del recurso de agravio constitucional que presentó la abogada Juana Ramírez Aponte.

La resolución del TC está firmada por los magistrados Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza-Saldaña.

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