El Ministerio Público lo investiga por el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Camargo y Correa en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap).

“Confirmar la resolución que resolvió prorrogar la investigación por el término de 21 meses, que vencerá el 8 de octubre de 2023, en la investigación preparatoria que se le sigue a Pablo Ferradas y a otros por el delito de colusión agravada y otros”, se lee en el documento.

Cabe precisar que la Fiscalía solicitó la extensión del plazo de investigación por 36 meses. Según la carpeta fiscal, Hilbck es investigado por este caso en su calidad de expresidente del Consejo Directivo del Peihap.

La investigación fiscal incluye las ampliaciones de plazo y laudos arbitrales en los que habría participado la ex autoridad regional. No obstante, existen otras tres investigaciones por el caso Lava Jato donde están incluidos otros exgobernadores de Piura como son Javier Atkins y César Trelles Lara.

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El objetivo del proyecto es irrigar 50 mil hectáreas de cultivo del valle del Alto Piura (31 mil del valle tradicional y 19 mil de tierras nuevas), a través del trasvase de las aguas del río Huancabamba (335 millones de metros cúbicos) al río Piura. Además, se busca generar energía renovable a través de la instalación de centrales hidroeléctricas.

El primero de los cuatro componentes consiste en la perforación de un túnel trasandino de 12,73 km ─de los cuales solo se ha avanzado 2,24 km─ en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, y la construcción de una presa tronera sur. Estos trabajos debieron estar listos en el 2013.

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EL ORIGEN

La empresa brasileña Camargo Correa (actualmente incluida en el caso Lava Jato) fue la primera en contratar con el Peihap para ejecutar la primera etapa del proyecto, que no tenía expediente técnico. El avance fue poco significativo, ya que se enfocaron en tareas previas, como construcción de caminos de acceso, campamentos y líneas de transmisión.

Con banda musical de fondo, la firma del contrato se hizo en el 2010, durante el gobierno del ex presidente Alan García, el premierato de Javier Velásquez Quesquén y la gestión del ex presidente regional César Trelles Lara. Previamente, vía decreto de urgencia N° 033-2009, se había dispuesto “asegurar el financiamiento” de la obra, con S/ 75 millones.

Gerente del #Peihap, Reynaldo Alméstar, explica:

Primera licitación: Camargo Correa (2010-2013). Se le pagó más de S/ 259 millones en total.

Segunda licitación: Obrainsa-Astaldi (2015-2018). Se le pagó más de S/ 154 millones en total.

Avance físico de la obra: 22 % pic.twitter.com/TCzQGRx8ik

— Carlos Chunga (@enriquechunga) May 3, 2019

Pese a que el Gobierno Regional Piura aprobó hasta nueve adicionales por más de S/ 76 millones a favor de la firma brasileña, en diciembre del 2013 Camargo Correa paralizó los trabajos aduciendo la no aprobación de otros adicionales, y demandó al Estado.

En total a la constructora se le desembolsaron S/ 259’711.193,63, por concepto de pagos por adelanto, valorizaciones, adicionales, laudos arbitrales e intereses legales.

Pasaron dos años para que se reanude la obra, esta vez con el consorcio Obrainsa-Astaldi, de capitales peruanos e italianos. Frente a una población expectante que abarrotó el Teatro de Chulucanas, en diciembre del 2015 el entonces presidente regional, Reynaldo Hilbck, suscribió el contrato con los representantes de las empresas privadas.

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Los meses siguientes no estuvieron exentos de problemas, sobre todo por desavenencias con comunidades aledañas al Peihap, que reclamaban proyectos de impacto social; y por la investigación fiscal iniciada a Obrainsa como parte del ‘Club de la Construcción’.

Esto último generó pérdida de liquidez a la firma, que, al verse desfinanciada, se declaró en imposibilidad de continuar con la obra y terminó abandonándola en agosto del 2018, en medio de varias solicitudes de adicionales y ampliaciones de plazo con el Peihap.

Más de S/ 3 millones en menos de tres años se terminaron aprobando a favor del consorcio por concepto de adicionales, y en total se le canceló S/ 154’014.902,68. Además, todavía hay pendientes de resolver trece procesos arbitrales planteados por Obrainsa-Astaldi, por S/ 25 millones, al Gobierno Regional Piura.

https://t.co/WBHBIcE5pR

— Carlos Chunga (@enriquechunga) May 7, 2019

DEUDA Y LIMPIEZA

Luego de que el consorcio Obrainsa-Astaldi retirara a su personal y desmontara máquinas y campamentos del proyecto, se hizo público que mantenía deudas por S/ 11’166.558,90 y US$ 4’827.384,40 con un grupo de proveedores piuranos y limeños que habían brindado servicios de transporte y alimentación.

En tanto, el proyecto quedaba abandonado, para lo cual se hacía (y aún se hace) necesaria una limpieza del túnel, previa liquidación de la obra. La solución que, durante una reunión sostenida en noviembre del 2018, el consorcio propuso fue vender los equipos dejados en el lugar y, con lo recaudado, pagar las deudas con los pequeños y medianos empresarios.

Pero Obrainsa-Astaldi no entregó a tiempo los documentos solicitados por el Peihap para liquidar la obra, con lo cual incumplió el acuerdo con sus proveedores y retrasó el proceso.

A ello se sumó la frustrada licitación, en abril del 2019, para contratar a una empresa que se encargue de la limpieza del túnel, pues se tuvo que anular por un conflicto de intereses entre la ganadora de la buena pro y uno de los miembros del directorio del Peihap.

Es decir, hoy todo depende de que, en un plazo de treinta días, se convoque a una empresa para retirar el agua pluvial almacenada, limpiar la superficie, implementar la iluminación, oxigenar la zona, dar mantenimiento a las subestaciones eléctricas, entre otras tareas.

Tras ello, se puede proceder con la constatación física del túnel y los equipos allí dejados, venderlos, pagar la deuda con los proveedores, liquidar la obra y convocar a una tercera licitación internacional, en la que participarían embajadas, para garantizar transparencia.

LAS DENUNCIAS

El Proyecto Alto Piura ha ameritado diversos procesos administrativos, investigaciones y denuncias penales que incluyen tres gestiones regionales.

Una de las más conocidas está en el despacho de la Sexta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, e involucra al ex presidente regional Javier Atkins (2011-2014), en cuya gestión se habría favorecido a Camargo Correa con ampliaciones de plazo que no eran técnicamente procedentes, según las normas de contratación del Estado.

En la denuncia se incluye a Reynaldo Hilbck como ex presidente del Consejo Directivo del Peihap, en el 2013, a otros catorce ex funcionarios y tres representantes de la empresa brasileña. Los delitos imputados son colusión agravada y negociación incompatible.

Dada la relación de Camargo Correa con el caso Lava Jato, y que el Proyecto Alto Piura inició sin expediente técnico, también se responsabilizó en su momento al ex presidente regional César Trelles Lara (2003-2010) de ciertas irregularidades en el contrato.

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Ello ameritó un proceso investigativo del Consejo Regional que terminó recomendando al Ministerio Público denunciar penalmente a Hilbck, Núñez y otros funcionarios por los presuntos delitos de colusión, omisión de actos funcionales, negociación incompatible y fraude en la administración de personas jurídicas.

Por otro lado, los proveedores impagos presentaron, en noviembre del 2018, una denuncia penal en la Fiscalía de Huancabamba contra el consorcio Obrainsa-Astaldi, acusando los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir, dada la deuda que aún mantiene.

Tras una auditoría de cumplimiento, en diciembre del 2018 la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 77’578.425 en la obra de construcción de la presa tronera y perforación del túnel trasandino. La responsabilidad, según la entidad, alcanza a veinte ex funcionarios.

Como si fuera poco, mientras se frustraba el avance de los trabajos, en agosto del 2018 el Peihap asumió una nueva responsabilidad, por encargo del Gobierno Regional Piura: licitar la elaboración del expediente técnico para el plan maestro de manejo integral del río Piura y drenaje pluvial de la ciudad.

Este plan, luego del fenómeno del Niño Costero 2017, ha adquirido bastante relevancia para la población piurana en general, por lo que podría desplazar al Peihap como el más importante proyecto de la región, si la esperanza y expectativa puestas en el Alto Piura se terminan diluyendo en el caudal del río.

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Así lo informó el gobernador regional Reynaldo Hilbck, quien detalló que los expedientes de los hospitales de Ayabaca y Los Algarrobos serían los primeros en recibir los recursos para la ejecución de obras. “Los hospitales de Ayabaca y Los Algarrobos van adelantes (…) hasta la tercera semana de julio se espera la transferencia de los fondos e inicio de obras”, puntualizó.

Metas en el sector Producción

Respecto a las metas que se han cumplido a lo largo de su gestión, Hilbck resaltó las del sector pesca y producción. Mencionó que se cumplió con el ordenamiento de la bahía de Sechura, aunque falta la trazabilidad de los espacios donde se cultiva la concha de abanico; y resaltó el avance de la formalización pesquera artesanal a través del Siforpa.

Para el gobernador aún queda pendiente otorgar los permisos de pesca individual para la pesca de altura (pota y perico), tal como lo están exigiendo los pescadores. Hilbck también destacó los proyectos en la sierra piurana, como las iniciativas para el trasplante de embriones es inseminación artificial para el ganado lechero, los proyectos de inversión en panela y en las fábricas de leche y el cultivo de alevinos y truchas en lagunas y ríos del Alto Piura.

“Me ha faltado tiempo para hacer muchas más cosas, como para impulsar el cultivo de algodón y la exportación de alimentos piuranos, sin embargo, son tareas pendientes para las próximas autoridades”, dijo Hilbck.

Gobernador espera que el dinero para los cuatro hospitales estratégicos de la región llegue en julio para iniciar con las obras que durarían dos años aproximadamente.

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El ministro afirmó que hasta el momento se han implementado 470 viviendas en las zonas mencionadas. “Lo importante es que progresivamente se vaya recuperando la confianza en las autoridades, pues tenemos programado para el 2018 que todas las viviendas se encuentren construidas y en el 2019 trabajar la reubicación. Tenemos hasta diciembre para acelerar los trabajos e identificar las zonas de riesgo en la región”, dijo Edmer Trujillo a la población que se congregó en el lugar.

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El puente Venados une Sullana y Ecuador, comprende dos carriles de 350 metros y debe ser terminado a finales de 2018. (Foto: Andina)

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) anunció que 6 mil 656 millones de soles serán invertidos para la rehabilitación y reconstrucción en Piura. En el sector Transportes se concentra la mayor inversión. Del monto total se han comprometido 1,987 millones de soles para obras definitivas de carreteras, caminos y puentes.

Serán mejorados más de 2 mil kilómetros de caminos, 539 kilómetros de carreteras y se implementarán 33 puentes. “El plan busca restituir el bienestar que perdieron los piuranos damnificados […] reactivar la economía regional. El grueso de la inversión será para recuperar las vías de comunicación”, expresó De la Flor.

En este sentido, el ministro de Transportes, Bruno Giuffra estuvo desde temprano en el distrito de Lancones en Sullana, donde se está construyendo el nuevo puente Venados que está demandando una inversión de 50 millones de soles. La obra definitiva consiste en dos carriles de 350 metros y hasta el momento tiene un 13% de avance, se ha programado terminarla a finales del 2018.

Luego del sector transportes, educación tiene el mayor presupuesto con 897 millones de soles, dinero que se destinará para reconstruir 457 locales escolares. Sobre las viviendas para los damnificados que continúan pasando los días en carpas, De la Flor resaltó que recién en octubre están llegando a Piura las primeras viviendas pre-fabricadas.

Sin embargo, el Plan también incluye reconstruir 13 mil 237 viviendas con más de 654 millones de soles. “No vamos a volver a levantar casas de adobe, serán de ladrillo y cemento en zonas seguras. Hacia octubre, el Ministerio de Vivienda distribuirá la unidades de vivienda temporal”, dijo la autoridad.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski también hizo un anuncio importante: el proyecto de drenaje pluvial para Piura y Sullana. Por muchos años, estas obras esperaron por falta de presupuesto. Ahora, según las promesas de las autoridades, estos proyectos sí están incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción. “Tenemos que correr (con las obras) para estar listo, creo que estamos progresando, falta mucho, pero lo vamos a lograr”, expresó el presidente.

Sobre los anuncios, el gobernador regional Reynaldo Hilbck destacó la importancia que se le está dando a las obras de prevención en la cuenca alta del río Piura, pues desde ahí es donde se puede prevenir nuevos desbordes e inundaciones. “El manejo del río Piura desde los páramos hasta la salida del mar es algo muy importante”, resaltó la autoridad regional.

Cabe indicar que es el Gobierno Regional quien en este momento tiene a cargo la ejecución de las actividades de rehabilitación como la descolmatación de drenes, la construcción de defensas ribereñas y mejoramientos de pistas.

La ARCC ha destinado dinero para rehabilitar y reconstruir. De la Flor destacó que la rehabilitación comprende actividades urgentes que deben atenderse de inmediato. No se trata de obras definitivas. Pero la reconstrucción sí las comprende, según lo manifestado por la ARCC en 3 a 4 años culminará este proceso.

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El presidente Kuczynski encabezó en Piura la presentación del plan de reconstrucción. (Foto: Andina)

Las autoridades de la región Piura tienen un plazo de 10 días hábiles para evaluar y proponer modificaciones y agregados al plan de reconstrucción que propone el gobierno central. Este documento fue presentado hoy en la Universidad de Piura por el presidente Pedro Pablo Kuczysnki y el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor.

El plan integral involucra una inversión de S/ 23.338 millones en obras de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada por el fenómeno de El Niño Costero. De ese monto, S/ 6.656 corresponden a Piura, que, según De la Flor, “fue el epicentro de la destrucción y será el epicentro del renacimiento”.

La propuesta del gobierno incluye también un portafolio de obras de prevención orientadas a proteger a las poblaciones de las zonas más vulnerables del país. “El 75 % del presupuesto asignado se orientará a obras de reconstrucción en la infraestructura, el 23 % se destinará a obras de prevención y el 2 % restante a mejorar las capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras del plan”, agregó De la Flor.

Tanto el gobernador regional, Reynaldo Hilbck, como los alcaldes provinciales y distritales y sus funcionarios deberán tomar nota de los detalles del plan y emitir un formulario con sus observaciones y comentarios sobre las acciones que consideren deban ser incorporadas. Esa información será revisada, evaluada y aprobada por el Consejo de Ministros, cuyo presidente, Fernando Zavala, asistirá al Congreso a sustentarlo. Luego de ello, el plan estará listo para ejecutarse.

“Sé que hay mucha impaciencia sobre dónde está el tractor, el asfalto, los tubos, las casas. Hay que preparar bien las cosas para no volver a recaer, lo que queremos es correr, pero seguro”, dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

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Escribe: Carlos Chunga

El ministro de Vivienda descartó financiar a las familias que ocupen zonas vulnerables por las lluvias. ¿Comparte esta posición?

Creo que hay que empadronar a esas familias, darles oportunidad de una mejor ubicación, que tengan oportunidad de una propiedad privada y bono de reconstrucción. No es un premio, sino una realidad. La alternativa es desalojar pero darles alternativas. Es la forma más inteligente y con menos conflicto social.

Sin embargo, hay familias que se niegan a ser reubicadas.

Hay personas que no quieren ser evacuadas y quieren permanecer en el lugar que están. Los mayores damnificados que se han reportado están en Piura y Paita, 3.400 familias en total. Ahora las condiciones van empeorando, son más difíciles, hay más lluvias, y estas personas cada vez tienen peores condiciones [para vivir], tienen hijos pequeños y ancianos. Hay que tener campamentos cerca para atenderlos, tenemos que pensar en darles un lugar donde ellos puedan migrar.

Usted habló de dos terrenos de 100 hectáreas cada uno, destinados a la reubicación. ¿Cómo va ese trámite?

Son terrenos con fines agrícolas, y como esto es algo que tenemos que incorporarlo al plan de expansión urbana, tenemos que migrar esto a la SBN (Superintendencia de Bienes Nacionales) para que lo asigne de nuevo al gobierno para uso urbano. Ese trámite burocrático es el que me está faltando para hacer realidad y volar con este tema. Pero ya estamos trabajando.

¿Se puede saber dónde están esos terrenos?

No puedo decir. Si digo, lo invaden, llega la gente. Es mejor dejarlo ahí. Solamente tengan la seguridad de que estamos trabajando y haciendo todos los trámites para poder conseguir que esto sea apropiado y sea la mejor solución para muchas familias.

En general, ¿cómo evalúa la respuesta de la población?

En estas circunstancias, todos estamos muy molestos, todos tenemos bronca, todos estamos realmente cansados de la lluvia todos los días, de perder cosas a diario. Las autoridades somos el blanco de todo el mundo. Es totalmente entendible. Yo asumo la cólera que tienen, pero estoy haciendo mi trabajo, que creo es lo más importante. Estoy contento con mi trabajo.

¿Alguna acción en particular o pendiente que quite el sueño?

Mi trabajo ahora, más que ver el desalojo de las lagunas, que lo estamos haciendo con bombas, es que no se salga el río. Si el río se desborda —lo hemos visto en Lima y Trujillo—, sería una desgracia mayor, nada comparada con la que estamos pasando ahora. Ahí no tienes dónde evacuar el agua, no tienes adónde ir, pierdes campos de cultivo, casas, parque, canal, animales, todo. Lo que estoy tratando es que nuestros ríos no se desborden y generen una mayor cantidad de damnificados, como fue en el 98, como fue en el 83.

Es comprensible, entonces, la desesperación de la gente en la calle, en las redes sociales…

Lo entiendo y además me solidarizo con esa desesperación, y créanme que estoy tratando de usar el mayor número de recursos que tengo como Gobierno Regional para que tengan el menor impacto posible del que ya han tenido.

¿Considera que hay gente que no aporta?

Hay mucha gente que está en su casa con una computadora, mandando mensajes y diciendo “no hacen nada”, y ellos están sentados, con su computadora y no hacen nada. Realmente ahorita es cuando necesitamos solidaridad de todos los piuranos para poder participar en ayudar a la gente que está damnificada. Creo que eso ayudaría más ahora —unión y acción de esa gente— que criticar, porque nada ganamos criticando, más bien tenemos que actuar para salvar a las personas que están en apuros.

*Puede ver la entrevista completa aquí

carlos.chunga@elpiurano.pe

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Temprano por la mañana, Bisso Pun convocó de urgencia a una reunión extraordinaria del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), al que asistieron, entre otros, el gobernador regional, Reynaldo Hilbck, el alcalde provincial, Oscar Miranda, y el jefe del Poder Judicial, Juan Chekley.

Allí dio mayores detalles sobre los implicados en el crimen de la profesora Hedy Crisanto, ocurrido el domingo en el grifo Vigma, los cuales fueron identificados como Cristhian Emanuel Palomino Otero (22), Starling Portocarrero Santur (21) y Óscar Leo Cunya Ipanaqué (19), quedando un delincuente por capturar.

Según la Policía, estos delincuentes -pertenecientes a la Nueva Generación de Nueva Esperanza- se habrían confundido de víctima, pues buscaban a una persona que había retirado una fuerte suma de dinero. Con la ayuda de las cámaras de seguridad y una rápida reacción policial, los tres implicados -que no tenían requisitoria- fueron detenidos.

Barrio Seguro

Después de dicha reunión, el jefe policial de Piura atendió a elpiurano.pe en su despacho y ratificó haber pedido apoyo a las autoridades regionales para reforzar la logística policial. “Nosotros tenemos 10 patrulleros y 17 motos, he hablado con el gobernador Hilbck y estamos coordinando el presupuesto. Tenemos que sumar esfuerzos todos”.

(vea la entrevista completa aquí)

Bisso también señaló que ya todos los comisarios de la región ha recibido instrucciones para activar el programa “Barrio Seguro”, que el Ministerio del Interior ha diseñado para un trabajo conjunto entre Policía y ciudadanía. “Hemos tenido ya resultados en 26 de Octubre y El Indio y vamos a ejecutar un programa piloto en Los Algarrobos. Necesitamos la colaboración de todos, tanto de la población como de las autoridades para tener una Piura más segura”.

El general resaltó la importancia que tienen las juntas vecinales en brindar información de lo que sucede en sus barrios. “Garantizamos el anonimato”.

En cuanto al asesinato de Luis Salazar, el oficial indicó que las investigaciones están bastante avanzadas. Por lo pronto, dijo que ya se han implementado acciones en la urbanización Santa María del Pinar, muy golpeada por la delincuencia. “Estamos implementando más personal, inteligencia, ya se han activado los grupos especiales para combatir la delincuencia común y el crimen organizado”.

Censo de motos

El general Bisso invocó a las autoridades políticas de la región implementar medidas especiales que contribuyan a luchar contra la delincuencia. “He hablado esta mañana con ellos sobre la necesidad de que los motociclistas lleven un chaleco identificatorio y el número de la placa grande en él y también en el casco. Esto a veces molesta a los ciudadanos pero tienen que entender que es por seguridad”.

También planteó la necesidad de levantar un censo de mototaxistas y motociclistas para tenerlos registrados y empadronados, y que circulen solo los que tengan la respectiva identificación en chalecos y cascos.

Bisso cree que de ese modo, y con otras acciones policiales -operativos masivos, inteligencia-, se puede reducir el índice de criminalidad. “La gente debe entender que si bien hay normas que pueden molestar, debe rimar el interés general sobre el particular”.

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