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La Defensoría del Pueblo propone sancionar la especulación de precios

By on marzo 20, 2017
Foto: elpiurano.pe

El defensor Walter Gutiérrez criticó duramente que algunos comerciantes se aprovechen de la necesidad de la población en medio de un desastre natural y presentó una propuesta al Congreso para sancionar con hasta 6 años de cárcel a quienes incurran en esta conducta.

Escribe: Carlos Chunga

Pese a que no hay desabastecimiento de productos alimenticios, algunos ciudadanos —e incluso el gobierno central— vienen denunciando un alza inusual en los precios de los mercados, así como un acaparamiento desmedido. Por ello la Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley que sanciona penalmente esta conducta, conocida también como especulación de precios.

“Resulta condenable que en momentos difíciles como los que atravesamos, se aprovechen de la necesidad de los afectados”, dijo el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez sobre el desastre natural que afronta el país y que ha generado psicosociales debido a informaciones falsas que circulan en las redes sociales. La iniciativa legislativa pide al Poder Ejecutivo que apruebe una relación oficial de bienes y servicios de primera necesidad.

Gutiérrez sostuvo que “existen empresas que elevan injustificadamente los precios de bienes como el agua o servicios como la atención en salud o el transporte”. La sanción que propone la Defensoría pide dictar penas privativas de libertad no menores de cuatro años ni mayores de seis a quienes incurran en dicha conducta.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

La especulación de precios consiste en comprar bienes con miras a su posterior venta, siendo el motivo la expectativa de un cambio en el precio por un factor externo y no por la ganancia derivada de su uso o de alguna transformación o mejora efectuada.

En Ecuador, por ejemplo, el gobierno aprobó a fines del año pasado una ley para evitar la especulación sobre el valor de la tierra. La norma dicta gravar con un impuesto de 75 % a las ganancias extraordinarias emanadas a partir de la segunda venta de un bien inmueble, un impuesto que se calculará considerando una base exenta de 24 salarios básicos unificados (SBU).

El gobierno de Rafael Correa firmó además un decreto ejecutivo que señala la necesidad de establecer una política de precios para el sector agroalimentario con el fin de garantizar a la población un acceso justo a los alimentos indispensables para poder tener una vida sana, tanto física como mental.

carlos.chunga@elpiurano.pe